No anda sobrado de cuadros de mando el PP aragonés para cubrir la porción de poder que se ganó el 28 de mayo, y eso se está traduciendo en un carrusel de episodios en el que asombrosas elecciones de altos cargos e insólitas decisiones de interinidad se entremezclan con los estrepitosos gastos e impagos de algunas alcaldesas y concejalas.

Estos últimos habrían alcanzado, sin duda, la calificación de bochornosos desde las filas conservadoras de haber tenido otros protagonistas y habérseles aplicado el listón de exigencia ética que su jefe orgánico, Jorge Azcón, exhibía en la oposición.

Sin embargo, ninguno de esos episodios ha sido objeto de debate público entre los conservadores, algo que no obsta para que, de manera similar a lo que ocurrió con el polémico viaje de placer del presidente del Gobierno de Aragón a Puerto Rico a finales de enero, el carrusel de episodios esté generando preocupación en las filas conservadoras.

Estos son algunos de los más destacados de los últimos meses, que se añaden a otros anteriores como el nombramiento de altos cargos de tendencia profranquista y filofascista como los directores generales de Justicia y de Caza o, también, los de las hamburguesas y los churros de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y los caramelos y el vino de algunas de sus concejalas.

Un cura rebotado de 30 años en Sanidad

Vicente Jesús López-Brea acumula a sus 30 años escasos una variada carrera laboral que incluye haberse encargado de una treintena de parroquias en el Pirineo tras su ordenación como sacerdote en 2020, haber trabajado como celador eventual en centros sanitarios aragoneses alrededor de medio año de manera intermitente y, desde mediados de enero, ocupar la plaza de director de gestión y servicios generales del sector sanitario de Calatayud.

Ese empleo, al que llega por designación directa de la Consejería de Sanidad que dirige José Luis Bancalero y sin haber tenido ninguna experiencia previa de gestión en el ámbito sanitario, incluye las competencias sobre un hospital y una red de centros de salud de los que depende la atención de más de 55.000 personas.

La figura de López-Brea será objeto de debate judicial dentro de unos meses, en el juicio a un periodista al que ha denunciado por publicar que había estado bajo la protección del obispado de Jaca, donde fue ordenado tras haber pasado antes por otros dos seminarios, y revelar detalles de su actividad sexual en una etapa previa a esa ordenación.

Un exárbitro como 'jefe de personal' de la administración

Antonio Villacampa, exárbitro que gozó de cierta relevancia a mediados de los años 90 por un clamoroso error en un Mallorca-Almería que meses después acabaría privando a los primeros del ascenso directo a primera división, y que más tarde sería delegado del Huesca antes de dedicarse a la política, es desde hace unos días el director general de Función Pública.

Antes de llegar a ese cargo, había sido concejal del PP en Huesca, senador por esa provincia y, también, director general de Planificación en la Consejería de Sanidad entre mediados de 2011 y de 2015, en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi.

De esa etapa le viene una relación tensa con el actual consejero, que entonces estaba a sus órdenes, y que, según fuentes del departamento, se mantenía cuando volvieron a coincidir a finales del pasado verano, pero ahora con los papeles de jefe y subordinado cambiados, ya que Bancalero es el consejero y el exárbitro llegó como director general de Protección de los Consumidores.

Villacampa ha aprovechado una de las primeras dimisiones que se registran en el Gobierno de Azcón, la del responsable de Función Pública, Carlos Belda, para trasladarse a la Consejería de Hacienda que dirige Roberto Bermúdez de Castro, también oscense de origen aunque es diputado por Zaragoza.

El destino, en el que va a tener que afrontar asuntos como la estabilización de los interinos tras la sentencia del TJUE, resulta llamativo para un médico de formación y de oficio, que ha ido alternando en su trayectoria laboral la sanidad y el deporte.

Un espía retirado para las relaciones con la UE

El fichaje de Miguel Galante Serrano, coronel en la reserva que hasta hace unos años había ocupado el tercer puesto en el escalafón del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), como responsable de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas ya llamó la atención en su día por, como ocurre con Villacampa, la escasa sintonía entre las ocupaciones que había venido desempeñando, entre las que se incluyen las operaciones especiales y el análisis de información, y las que iba a asumir a partir de ahora, centradas en la enrevesada burocracia comunitaria.

Galante, de 69 años, tiene desde primeros de septiembre del año pasado su puesto de trabajo en las dependencias de la Reper, la Representación Permanente del Gobierno de España ante la UE.

La alcaldesa que compró un Moët Chandon de destino desconocido

No hay duda de que Elena Lacalle, alcaldesa de Cuarte de Huerva por el PP en coalición con Vox y con Tú Aragón, ha tomado consciencia de algunas decisiones desacertadas, como haberse dotado de una tarjeta con un límite de 1.100 euros diarios para "gastos protocolarios o de representación, así como a pequeños gastos que pudieran surgir en material no inventariable".

La autorización, que ella misma se había concedido mediante un decreto, la revocó coincidiendo con el estrépito que desató en el pueblo, de algo más de 13.000 habitantes, un informe de la Intervención, hecho público por el PSOE, que recogía gastos como un "ágape de fiestas" de 585 euros, un aperitivo de 104 con el concepto "visualización partido selección", cafés por más de 2.300 euros en cinco meses o "fruta para almorzar" y leche por 1.596.

El listado de gastos contenía otro especialmente llamativo como son tres botellas de champán francés Möet Chandon a 35,90 euros cada una (107) que, tras ser interpelada en el pleno por la portavoz socialista, Merche Pérez, aseguró que fueron un regalo para la Guardia Civil.

La cosa no habría pasado de ahí si el instituto armado hubiera tenido cuartel en el pueblo, cosa que no ocurre. ¿Para quién se compraron las botellas? La Guardia Civil de Zaragoza no da razón de su paradero. Y la cartilla del cuerpo prohíbe expresamente en su artículo 7 aceptar "alguna retribución" como "agradecimiento" por su labor.

La alcaldesa que lleva años sin pagar su vado

"Me gustaría saber si la señora alcaldesa cumple con las ordenanzas municipales en este asunto", preguntó el portavoz de IU en Utebo (Zaragoza, 19.000 vecinos), Rubén Estévez, en el último pleno. Y resultó que no, que María Jesús Sariñena (PP) lleva años eludiendo el pago de la tasa le correspondería por el vado que, de hecho, evita que cualquier vecino aparque en el pedazo de la vía pública que coincide con la salida del garaje de su casa en esa localidad.

"Con efectos retroactivos, cuatro años, se darán las instrucciones oportunas para pagar las tasas pertinentes", señaló la alcaldesa, que antes había explicado que "no tengo pintado el badén, si bien es cierto que cuando usted lo comentó me lo dejé encima de la mesa y está sin tramitar. Culpa mía".

¿Cuántos años lleva así? No está claro. Fuentes municipales apuntan a un plazo bastante más amplio que esos cuatro años que dice estar dispuesta a pagar. El periodo coincide con el máximo para el que las administraciones pueden reclamar la liquidación de deudas.

Sariñena es, como Lacalle, una de las figuras emergentes del panorama local del PP, en ambos casos por haber llegado a alcaldías emblemáticas de otros partidos, con 32 años del Par con Jesús Pérez en Cuarte y con el PSOE durante 44 en Utebo con Carlos del Río, Pascual Abós, Miguel Dalmau y Gema Gutiérrez.

Interinidad al frente de los medios de comunicación públicos

El enésimo indicio de la escasez de personal de los conservadores, que se suma a otros como la recuperación de antiguos dirigentes y cargos que se habían alejado e incluso retirado de la política, se encuentra en la dirección de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), que se encuentra vacante después de que la Delegación del Gobierno en Aragón comunicara a su flamante directora general, Raquel Fuertes, que no podía acogerse a una excedencia forzosa para ocupar ese puesto.

La renuncia de Fuertes, que se ha reincorporado a su puesto laboral (no funcionarial) en la Delegación, obliga a activar el artículo 12 de la Ley de Creación, Organización y Control Parlamentario de la CARTV, que establece que "en los casos de cese o renuncia se procederá inmediatamente a la designación del nuevo Director general siguiendo el procedimiento establecido en la presente Ley".

Sin embargo, el Gobierno de Aragón PP-Vox, o más concretamente su cadena de transmisión en el consejo de administración de la entidad, ha optado por mantener el puesto vacante, y ocupado de manera interina por otra ejecutiva de la casa, también de designación digital, que compagina esa plaza con la suya.

Y todo a la espera de que se resuelva un pleito sobre esa excedencia que, salvo sorpresa o decisión política, va a prolongarse varios años por incluir un interés jurisprudencial susceptible de llegar al Supremo.

Este radica en determinar si, tal y como sostiene la Abogacía del Estado, las empresas con mayoría de capital público, lo que se ha dado en llamar empresas públicas, son en realidad meras compañías mercantiles puesto que se rigen por el derecho mercantil o, como mantiene el ejecutivo de Azcón, se trata de organismos públicos pese a sus obvias diferencias de, entre otras, gestión, supervisión y formación de la plantilla.

Al no tratarse de organismos públicos, sus directivos no tienen la consideración de cargos por designación (serían ejecutivos o directivos) y, por lo tanto, no cabe ninguna excedencia forzosa para ocuparlos, concluye la Abogacía del Estado en el argumento básico por el que Fuertes, que no ha solicitado una excedencia voluntaria ni tampoco se ha acogido a la suspensión de contrato que se le ofrecía, ha dejado la jefatura de la CARTV vacante.

¿Y cuál es la diferencia entre un formato y otro? La excedencia forzosa conlleva la reserva del mismo puesto que se ocupa, mientras que la voluntaria entraña un riesgo de traslado a la vuelta, algo que, en este caso, abarca un amplio radio geográfico por tratarse de una administración de ámbito estatal. Con la suspensión de contrato deja de correr la antigüedad. Y en los tres casos asume los salarios y las cotizaciones sociales la empresa o el organismo de destino.