@e_bayona

ZARAGOZA.- La magistrada del Juzgado número 1 de Monzón (Huesca) ha llamado a declarar como investigados —antiguo imputado— a dos funcionarios del ayuntamiento de esa ciudad y a otros dos del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) en las diligencias que ha abierto para aclarar si algún cargo del municipio o de la comunidad autónoma pudo delinquir al autorizar la instalación y el funcionamiento, respectivamente, de una incineradora de biomasa con capacidad para quemar 51 toneladas de madera por hora a 600 metros del casco urbano, en el que viven 17.000 personas.

La juez, que investiga la presunta comisión de un delito ambiental y otro urbanístico, ha abierto las diligencias tras admitir a trámite una querella de Ecologistas en Acción, uno de los principales impulsores de la plataforma de oposición al proyecto. Esta organización decidió llevar el asunto a los tribunales tras conocer un informe oficial que cuestionaba los trámites seguidos por el Inaga para autorizar la planta y al sospechar que el ayuntamiento podría haber cometido alguna irregularidad al modificar la catalogación de los terrenos en los que la empresa promotora prevé instalarla.

De hecho, la juez ha solicitado al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca que le envíe “todos los informes técnicos” por los que dio, en julio de 2014, el visto bueno a esa “planta de Biomasa y generación de energía en suelo no urbanizable”.

Un informe sin firma para una inversión de 140 millones

Por su parte, el Servicio de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, dependiente de la misma Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a la que está adscrito el Inaga, constató que los responsables de este último habían autorizado la planta a partir de unos estudios previos que no habían tenido en cuenta la emisión de partículas a la atmósfera que iba a provocar la incineradora.

Eso, en una localidad cuyo aire, según el CSIC, tiene una calidad similar a la de Madrid. Cambio Climático destacó también que el informe ambiental “no viene firmado, y por tanto no consta la cualificación profesional ni académica, ni experiencia de sus autores”, además de carecer del visado de cualquier colegio profesional. Y que sus autores tampoco habían calculado la producción de ozono troposférico, ni la de benzopirenos -un hidrocarburo de efectos cancerígenos que genera la combustión de la madera- ni la de otros productos tóxicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

El demoledor dictamen de Cambio Climático llama la atención sobre la “corta distancia” del casco urbano a la que está proyectada la planta, pronostica que por su ubicación “no sería infrecuente que el viento facilite el transporte de los contaminantes emitidos por la instalación hacia el centro de Monzón” y recuerda el “importante número de focos contaminantes” que ya soporta la ciudad como consecuencia de su actividad industrial, y cuya existencia el estudio ni siquiera había tenido en cuenta.

El líder local del porcino con un gigante chino de la energía

La planta, diseñada para albergar una potencia de 170 megawatios, fue autorizada el pasado 6 de agosto, al mes de tomar posesión el nuevo Gobierno de Aragón PSOE-Cha, que tomó la decisión sobre un expediente tramitado en la época PP-Par —fue incoado en julio de 2012—, coalición que también gobernaba el consistorio cuando acordó el cambio de uso del suelo.

La promueve Solmasol I, una firma de los hermanos Samper, líderes en el sector porcino aragonés y que a primeros de año se adjudicaron autorizaciones para evacuar a la red 108 megawatios de electricidad producida mediante biomasa y 400 de energía eólica. En este proyecto, en el que algunas fuentes ven una salida para la caótica situación del sector de las renovables en la comunidad y para el que han anunciado una inversión de 140 millones con la que crearán 80 empleos directos, están asociados con el gigante chino GEDI (Guandong Electric Power Design), una de las principales firmas mundiales del sector.

La querella sostiene que el Gobierno de Aragón no exigió a la promotora en ninguna fase de los trámites que señalara alternativas a esa ubicación, entre otras supuestas irregularidades, mientras indica que el ayuntamiento pudo incumplir el Plan General de Ordenación Urbana al tramitar su declaración de interés público y al autorizarla en las parcelas que había propuesto la empresa, pese a tratarse de una “industria pesada” y de disponer de espacio en un polígono.