Ha llegado el momento de la verdad. Este jueves se acaba el plazo que el Gobierno de Mariano Rajoy dio al presidente catalán Carles Puigdemont para aclarar si proclamó la independencia durante el Pleno del Parlament del pasado día 10 de octubre. El Ejecutivo ya ha deslizado que no dudará en suspender selectivamente las competencias de la comunidad autónoma si Carles Puigdemont no contesta claramente que no declaró la independencia.

La Generalitat, por su parte, insiste en la llamada al diálogo que Puigdemont formuló el pasado lunes ante el requerimiento del Gobierno, pero el Ejecutivo ha sido taxativo: quiere un sí o un no. "No era tan difícil decir sí o no”, espetaba Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa tras la respuesta del president Puigdemont del lunes.

No obstante, la aplicación del artículo 155 de la Constitución no se puede hacer de manera inmediata. A pesar de que Puigdemont no conteste un rotundo 'no', los trámites necesarios en el Senado para la activación del 155 podrían llevar varios días al Ejecutivo. Rajoy debería enviar al Senado un plan de las competencias de la Generalitat que quiere intervenir. El presidente del Senado tendría que convocar entonces a la Mesa de la Cámara y enviar la propuesta gubernamental a una comisión, que puede ser la de Comunidades Autónomas o una conjunta con representantes de las distintas áreas a intervenir. Este organismo pediría la opinión de Carles Puigdemont sobre las medidas propuestas por el Gobierno. Su dictamen, que puede modificar el plan del Ejecutivo, sería luego votado por el pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

La pregunta a estas alturas del partido es: ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué pasos se han ido dando hasta llegar a las puertas de la suspensión de competencias de Catalunya? Este es un breve resumen de lo sucedido en estos casi 50 días. 

6 y 7 de septiembre. El Parlamet aprueba el referéndum y se dota de una Carta magna provisional

Los días 6 y 7 de septiembre el Parlament de Catalunya aprobó, por una parte, la Ley del Referéndum del 1 de octubre que "prevalece jerárquicamente", según su artículo 3, sobre el Estatut y la Constitución; y, por otra, la conocida como Ley de transitoriedad jurídica, la norma que preveía la ruptura de Catalunya con España tras el 1 de octubre si los votos independentistas superaban a los del 'no' y que dota a Catalunya de un marco jurídico hasta la proclamación de una Constitución propia. 

Las dos sesiones en el Parlament fueron cuanto menos rocambolescas y terminaron con los diputados de C's, PSC y PP fuera del Pleno antes de que se produjera la votación de la ley del referéndum y de transitoriedad, como señal de protesta en contra de ambas normas. 

7 y 12 de septiembre. El TC suspende las leyes del referéndum y Transitoridad

Sólo un día después de la firma por parte Carles Puigdemont de la Ley del referéndum, y el mismo día de la aprobación de la Ley de Transitoriedad, el Pleno del Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la Ley del Referéndum y los decretos firmados que permitían la consulta de autodeterminación del 1 de octubre. Durante ese mismo Pleno también se suspendió la designación de miembros de la sindicatura electoral y se decidió notificar la suspensión a todo el Govern, a los altos cargos de la Generalitat y a los 947 alcaldes de Cataluña advirtiéndoles de que su deber era impedir la organización del 1-O.

El 12 de septiembre, además, el Tribunal Constitucional suspendió de manera cautelar la Ley de Transitoriedad catalana que establecía un régimen transitorio -una de Carta Magna provisional de una eventual República de Catalunya- en caso de prosperar el referéndum de independencia que la cámara autónoma había convocado para el 1 de octubre y que también ha sido suspendido por el TC.

13 septiembre. Fiscalía cita como investigados a alcaldes independentistas y se procede al cierre de la web. 

La Fiscalía General del Estado cursó el miércoles 13 de septiembre una orden a todas las fiscalías provinciales de Catalunya para que abran diligencias de investigación sobre los Ayuntamientos que mostraron su apoyo a la preparación y celebración del referéndum previsto para el próximo 1 de octubre. En caso de que los regidores citados se hubiesen negado a comparecer, el fiscal general dio órdenes para que se acordara su detención. 

El mismo día 13 la web oficial creada por el Gobierno catalán para informar de la consulta independentista, Referendum.cat, dejó de funcionar poco después de las 19.00. El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenó su cierre a petición de la Guardia Civil. 

15 de septiembre. El Gobierno interviene los pagos de servicios y nóminas de la Generalitat

El Gobierno anunció el viernes 15 de septiembre que asumirá todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat de Catalunya. La decisión del Consejo de Ministros entró en vigor el día 16 tras ser publicado el acuerdo en el BOE. 

20 y 21 de septiembre. Operación Annubis y movilizaciones en Catalunya

La Guardia Civil detuvo por orden judicial a catorce altos cargos del Govern, y se registraron los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat. Entre los detenidos estuvo Josep María Jové, el número dos de Oriol Junqueras. Asimismo, se incautaron 9.894.350 papeletas con 'sí' y 'no' y material para el referéndum. 

La reacción de la ciudadanía catalana soberanista no se hizo esperar. Miles de personas se concentraron ante las sedes registradas y varios coches de la Guardia Civil quedaron destrozados. 

22 y 27 de septiembre. Denuncia por sedición

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia por sedición el día 22 por las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Catalunya durante la operación policial contra el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. El delito es porque "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales", consideran. La denuncia de Fiscalía fue admitida a trámite por la magistrada Carmen Lamela el 27 de septiembre. 

Juristas y expertos consultados por Público consideraron que los hechos enjuiciados nunca podían ser considerados como "sedición" y dudaron mucho de si la Audiencia Nacional era el órgano competente para enjuiciar ese delito. 

29 de septiembre. El Govern presenta las urnas

El Govern muestra las urnas de plástico en las que se depositarán los votos del referéndum del 1-O y anuncia que están llamados a votar 5.343.358 millones de catalanes y que el 1-O estarían abiertos 2.315 colegios electorales. La Agencia de Protección de Datos advirtió de posibles multas de hasta 300.000 euros para aquellos ciudadanos que figuren como mesa en el referéndum. 

1 de octubre. Día del referéndum

Fue el día D. Las imágenes de policías y guardias civiles golpeando a ciudadanos que acudían a votar en el referéndum del 1-O dieron la vuelta al mundo. El Gobierno había dicho que la consulta no podía celebrarse y el mismo domingo 1 de octubre por la noche el Govern anunciaba que el 'sí' había vencido con el 90,09% de votos favorables, y el 7,87% en contra, en base a las 2.262.424 papeletas "no requisadas" que habían podido contabilizar. Eran datos aún provisionales. 

3 de octubre. Mensaje del rey Felipe VI

El rey Felipe VI, con gesto serio y palabras muy medidas, dio un mensaje excepcional en el que cargó contra los independentistas catalanes e hizo una defensa de la Constitución y de la "permanencia de España". "Estamos viviendo momentos muy graves , todos hemos sido testigos de los hechos que se han producido en Catalunya con la pretensión de que sea declarada ilegalmente la independencia", dijo el monarca, quien no hizo ni una sola referencia a las cargas policiales del 1-O o a un diálogo directo entre las dos partes.

5 de octubre. El Banco Sabadell cambia su sede social y La Caixa prepara su cambio

El Banco Sabadell aprobó formalmente el traslado de la sede a Alicante "por la incertidumbre" y por un principio de seguridad jurídica. Apenas unos días después CaixaBank también trasladaría su domicilio social a Catalunya. Más de 700 empresas han seguido ya los pasos dados por los grandes bancos catalanes. 

10 de octubre. Puigdemont recoge el mandato del 1-O y suspende la declaración de independencia 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró que recogía el mandato de independencia que se desprendía de los resultados de la consulta del 1-O en Catalunya, pero anunció la suspensión de la misma para "dialogar" con el Gobierno central. 

11 de octubre. Requerimiento de Rajoy a Puigdemont

El presidente del Gobierno activó la vía del artículo 155 de la Constitución al enviar un requerimiento al president de la Generalitat para que en el plazo de cinco días para que “confirme si ayer declaró o no la independencia”. Si la respuesta no era satisfactoria, el requerimiento contiene un segundo plazo que finaliza este jueves

16 de octubre. Puigdemont elude responder

Carles Puigdemont evita responder con claridad —al menos con la claridad que le exigía el Gobierno de Mariano Rajoy en su requerimiento— a la pregunta de si el pasado 10 de octubre declaró la independencia de Catalunya o no durante su intervención en el Parlament de Catalunya. Puigdemont adjuntó las referencias documentales de su intervención, así como de la ley del referéndum y los resultados del 1-O, entre otros enlaces, pero no concretó, tal como quería el Gobierno del PP, si declaró o no la independencia. De esta manera, el president agota los plazos que le otorga el requerimiento y tendrá que contestar este jueves. 

16 de octubre. Prisión para líderes de ANC y Òmnium

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. La magistrada les imputa un delito de sedición por dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. La misma juez rechazó la petición de la Fiscalía de mandar a la cárcel sin fianza al comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.