Que sean los ministerios quienes controlen, desde Madrid, la gestión de Catalunya. Esa es una de las múltiples opciones que el Gobierno de Mariano Rajoy está sopesando sobre cómo aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El plazo dado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que revoque la presunta declaración unilateral de independencia termina este jueves a las 10.00 horas. De no hacerlo, previsiblemente, habrá un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de seguir adelante con la ejecución de dicho artículo. El Ejecutivo deberá concretar con qué fin asume el control de la Comunidad y llevar sus medidas para llevarlo a cabo al Senado, donde deberán ser aprobadas por mayoría absoluta. 

Se da por hecho que el objetivo último es el de convocar elecciones autonómicas anticipadas en Catalunya. Pero el Gobierno aún no tiene claro cómo asumiría las competencias del Govern mientras se está en funciones durante el plazo -aún indeterminado- que transcurra entre la disolución del Parlament y la celebración de los comicios. 

Entre las opciones que baraja está la de que sean los ministerios quienes controlen, por áreas, cada consejería de la Generalitat. En el caso de Hacienda, por ejemplo, las cuentas catalanas ya están intervenidas, aunque según fuentes de dicho departamento, llegado el 155 se podría reforzar aun más el control sobre las mismas. 

De hecho, el sector económico es uno de los que más preocupa al Ejecutivo central, junto al de Interior, con el que priorizarían el control de los Mossos d'Esquadra. Fuentes del Ejecutivo así lo señalan, aunque evitan detallar si el resto de áreas -como la de Educación, que también preocupa a los antiindependentistas- también serán controladas desde los ministerios correspondientes. 

Es decir, el Gobierno de Mariano Rajoy aún no tiene claro -o no lo dice- cuántas competencias asumirá en caso de seguir adelante con el 155. Sí se descarta que vaya a ser una sola persona la que ejerza de especie de presidente o presidenta -se ha barajado el nombre de Soraya Sáenz de Santamaría- en funciones y coordine todas las áreas. ¿El motivo? No quieren que haya una sensación de suspensión de autonomía por completo y sí de que se recuperaría. "No se suspendería el autogobierno, sino todo lo contrario", defienden siempre los conservadores.

También se conoce la alta probabilidad de que, en caso de quedarse con las consejerías -una o varias-, el control se hará desde Madrid y no desde Catalunya. "Telemáticamente se pueden hacer muchas cosas hoy en día", señaló un alto cargo del Ejecutivo. "Hoy en día, con Internet, no hace falta ni salir de casa", apostilló otro. 

Paralizar el 155 con elecciones

No obstante, aún existe una posibilidad de paralizar el avance del 155. Tanto el Gobierno del PP, como PSOE y Ciudadanos han insistido en las últimas semanas en que "la mejor salida" para Puigdemont es la de convocar él mismo las elecciones anticipadas. Y es que dicha decisión paralizaría automáticamente la aplicación de dicho artículo de la Constitución.

"No tendría ningún sentido intervenir un gobierno que está en funciones y que no tiene ninguna capacidad para legislar porque el Parlament estaría disuelto", explican las fuentes consultadas. Además, en caso de que sea el propio Puigdemont quien permanezca como presidente en funciones, el Gobierno central está convencido de que no cabría ningún tipo de ilegalidad en los comicios. Tampoco que se puedan plantear unas elecciones "constituyentes" que avalen los resultados del referéndum del 1 de octubre ya que, al no disponer Catalunya de una ley electoral propia, sería la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) -una normativa estatal- la que rige. Por ello, tanto los censos electorales, como el control de los colegios -para que abran y coloquen urnas- y de las "garantías democráticas" estaría garantizado.

Además, "el Gobierno -dice el Ejecutivo- está preparado para hacer frente a una posible resistencia pacífica". En Cs, además, creen que "nadie se puede oponer a que haya urnas en Catalunya. Sería paradójico", defienden los naranjas, que tampoco prevén el escenario de que Puigemont recurra al Tribunal Constitucional alegando que el 155 no se puede aplicar para convocar elecciones. 

Los de Albert Rivera también descartan la posibilidad de que, en caso de elecciones, las formaciones independentistas eludan presentarse. "Y si es así, mejor, tendremos mayoría absoluta", bromean. Además, coinciden con el PP en la creencia de que ERC, al contrario que el PDeCAT, sí querría aprovechar su subida en las encuestas en unos futuros comicios. Y el PP ya desautorizó las palabras de su líder en Catalunya, Xavier Albiol, que apostaba por ilegalizar cualquier programa electoral que incluyera el independentismo como medida. 

En cuanto a los plazos, el Gobierno tampoco tiene decidido cuánto tiempo transcurrirá hasta que se celebren las elecciones autonómicas. En un principio se apuntaba en los mentideros que podrían transcurrir entre tres y seis meses, pero eso es algo que Rajoy quiere pactar y negociar con PSOE y Ciudadanos. De hecho, tiene previsto hablar tanto con Pedro Sánchez como con Rivera a lo largo del día de hoy.  

Sea como sea, para desvelar cualquiera de esos escenarios habrá que esperar, como mínimo, hasta mañana. A día de hoy se desconoce incluso si el Consejo de Ministros extraordinario que deberá aprobar la petición al Senado para seguir adelante con el 155 será el jueves o el sábado. El viernes, Rajoy estará en Bruselas.