El pasado mes de julio, la fiscalía de Madrid realizó una denuncia en los juzgados de Colmenar Viejo por un presunto delito de prevaricación urbanística que implicaba a 13 personas. Lo destacado de esta denuncia es que la firmó el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, en lugar de César Estirado, que era el fiscal encargado del caso y se negó a hacerlo. Según informaciones publicadas por la Cadena Ser el motivo fue que Estirado incluía entre los investigados a Francisco Javier Gómez Gálligo, director general del registro y del notariado.

Entre las personas denunciadas se encuentra el alcalde y presidente del Partido Popular en Hoyo de Manzanares, Ramón Regueiras, seis concejales del Gobierno Local y otras siete personas, entre ellas a la edil de Ciudadanos Elena Talavera y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija. La investigación versa sobre el intento de segregar una parcela para unir la A6 con un nuevo desarrollo urbanístico que proyectaba construir la universidad.  Más concretamente, la construcción de 118 viviendas libres alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija.

La denuncia fue admitida a trámite, aunque el gobierno de Cristina Cifuentes tumbó el intento de segregación por no reunir los “técnicos y legales”, y se formula por un acuerdo de segregación de unos terrenos, promovido por la Universidad Antonio Nebrija. Este jueves se prevee que declare en calidad de investigado el alcalde de este municipio madrileño. 

El borrador de la querella que vetó Javier Polo decía que la registradora, propiedad de Colmenar Viejo, se negó a inscribir la segregación de la parcela por incumplir el planeamiento municipal pero Gómez Gálligo revocó la decisión con un argumento falso.  A partir de la denuncia de la fiscalía, el juez de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo abrió diligencias. El procedimiento se inició tras una denuncia en 2016 que realizó un concejal de Unidos por Hoyo, Francisco Javier de Orduña y Puebla.

Francisco Javier Gómez Gálligo fue elegido por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2014 para dirigir Registros y Notariado. Sustituyó a Joaquín Rodríguez, y se le encargó la tarea de pacificar el gremio ante la guerra desatada por las reformas que se habían puesto en marcha. Principalmente, la relacionada con el registro civil electrónico que paralizó el ministro de Justicia, Rafael Catalá.