El uso final de las cinco corbetas que Navantia enviará a Arabia Saudí es, a día de hoy, impredecible. En Amnistía Internacional (AI) temen que sean empleadas para mantener el bloqueo a Yemen, donde suman ya miles de muertes en medio de una catástrofe provocada por las bombas y la hambruna. En el Gobierno, mientras, se aferran a un supuesto mecanismo de verificación que, de acuerdo a su contenido, consistiría en determinar si las corbetas o cualquier otro tipo de material militar, una vez vendido y enviado al régimen, se usan de forma "correcta".

Más allá de los fuertes cuestionamientos hacia la venta de armamento a Arabia Saudí –España es el cuarto proveedor mundial de ese régimen–, en el astillero gaditano de San Fernando los trabajos no se detienen. A finales de marzo pasado botaron la tercera corbeta y se prevé otra acción de este tipo en julio próximo. En San Fernando volverán a sonar entonces los himnos de España y Arabia Saudí, dos países que, pese a la grave situación que enfrenta Yemen, mantienen una excelente relación en el ámbito de los negocios armamentísticos. 

En ese contexto, la decisión final sobre la exportación de estos cinco buques de guerra está en manos del Gobierno. La Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), encargada por ley de analizar las solicitudes de operaciones de este tipo con terceros países, deberá estudiar si finalmente autoriza la venta de las corbetas. Varios organismos de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que no lo haga, alegando que podrían utilizarse para la violación de derechos humanos en territorio yemení. 

Desde hace exactamente un año, la normativa española contempla para este tipo de operaciones un "certificado de último destino de control ex post", que incluye una "cláusula de verificación en destino del producto exportado en las operaciones en las que así se decida por la JIMDDU". Ese certificado "será emitido por la autoridad competente del país donde va destinada la mercancía", en este caso Arabia Saudí.

El "Certificado de Último Destino" señala concretamente que el Gobierno del país que compra el armamento "se compromete a colaborar con las autoridades de control de exportación del Reino de España de forma conjunta, con el fin de establecer mecanismos de verificación y seguimiento que permitan un control de la mercancía exportada".

En esa línea, la colaboración del régimen de Arabia Saudí debería incluir, "si fuera necesario", el acceso a las instalaciones "donde se encuentra la mercancía" así como la identificación del usuario final", además facilitar "toda la información y documentación requeridas por el equipo de verificación". 

Ese mecanismo "ex post" entró en vigor a finales de abril de 2020. Desde entonces no hay constancia de que haya sido aplicado en el caso de las exportaciones de material de defensa a Arabia Saudí, tal como solicitó AI en junio pasado. 

A lo largo de estos 12 meses, seis "barcos de la muerte" saudíes, encargados de trasladar a Arabia el armamento comprado por el régimen, hicieron escala en puertos españoles. Pese a las peticiones de información formuladas en cada uno de esos casos por AI, el Gobierno optó por mantener silencio sobre las cargas realizadas. Tampoco accedió a ofrecer esa información al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien formuló preguntas escritas en el Congreso sobre las actividades de esos buques. 

En una reunión celebrada en Tokio en agosto de 2018, los países firmantes del Tratado de Comercio de Armas –entre los que se encuentra España– valoraron precisamente la efectividad de ese sistema de control "in situ". Según informó la Secretaría de Estado de Comercio en un informe sobre las exportaciones de Defensa producidas ese año, durante los debates mantenidos en ese encuentro se destacó que "los sistemas de verificación ex post ofrecen una buena ocasión para detectar (aunque no para prevenir) casos de desvío".

"Papel mojado"

Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas, señala que ese sistema de verificación supuso "un primer paso positivo" que situó a España a la altura de otros países como EEUU o Suiza, aunque también cree que "existe margen de mejora para garantizar el uso de las armas de un modo que respete el derecho internacional humanitario y los derechos humanos". "Por ahora, no es más que papel mojado y tendremos que esperar a ver cómo y cuándo se aplica y qué impacto tiene este mecanismo", afirmó.

Entre otros aspectos, Estévez considera que el protocolo de verificación "no puede depender de la voluntad del país de destino". "Lógicamente, si están desviando armamento no te van a decir que vengas a verlo", resumió. Del mismo modo, sostiene que el Certificado de Uso Final debe incluir "una cláusula adicional de uso, con garantías legalmente vinculantes, según la cual las armas exportadas no se emplearán contra la población civil". "La cuestión es que no todo vale y el Gobierno debe buscar garantías de que las armas españolas no se usan para atrocidades", sostiene.

Bloqueo naval

Estos asuntos vuelven a estar sobre la mesa ante la exportación de las corbetas de Navantia, cuya entrega está prevista para 2022 y 2023. "Navantia puede alegar que cómo use las corbetas Arabia Saudí no es cosa suya, pero no es así y por eso hace unos meses AI le remitió una carta sobre esta cuestión", señala Estévez.

El portavoz de esta organización de derechos humanos subrayó que "desde 2015, la coalición saudí y emiratí aplica un bloqueo naval y aéreo a Yemen que agrava la situación humanitaria y ha provocado la mayor catástrofe mundial". "Por ello, si las corbetas se usan para imponer el bloqueo naval que ha provocado la mayor catástrofe humanitaria del mundo en Yemen o se emplean para atacar de forma indiscriminada o deliberada a la población civil, se trataría de prácticas que violan las leyes de la guerra, los Convenios de Ginebra de 1949 que regulan el comportamiento de las partes en los conflictos armados", afirmó.

Con esos datos a la vista, Estévez  advirtió que "los directivos de Navantia y los funcionarios de la JIMDDU, eventualmente, podrían exponerse a acciones judiciales por complicidad en la comisión de prácticas que prohíben las leyes de la guerra como son matar de hambre a civiles o en ataques ilegítimos arbitrarios e indiscriminados".