El millonario negocio armamentístico con Arabia Saudí está bajo lupa. Con los elocuentes datos sobre las ventas realizadas por empresas españolas desde que el régimen absolutista inició los ataques contra Yemen en 2015, Unidas Podemos ha abierto contactos con los ministerios de Exteriores y Defensa para tratar de poner freno a unas operaciones que, según denuncian los organismos de derechos humanos, vulneran distintos tratados internacionales.

La coalición de izquierdas reclama que España cancele la venta de armamento a Arabia Saudí, tal como en los últimos meses han hecho los gobiernos de EEUU e Italia. En febrero pasado, el diputado gallego Antón Gómez-Reino anunció precisamente que Unidas Podemos defendería una proposición no de ley dirigida a seguir los pasos de EEUU, Italia, Alemania o Dinamarca respecto al cese del negocio armamentístico con Arabia y Emiratos Árabes Unidos por su implicación en la guerra de Yemen.

En tal sentido, Unidas Podemos llamaba a cumplir con la Posición Común Europea sobre Ventas de Armas, que impide precisamente el comercio con países inmersos en violaciones a los derechos humanos. Según datos de Naciones Unidas, la guerra en Yemen iniciada en marzo de 2015 ha provocado más de 200.000 muertos por causas directas e indirectas. Se estima que la mitad de las víctimas tenía menos de cinco años. 

Fuentes parlamentarias señalaron a Público que Unidas Podemos mantiene a día de hoy contactos con los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa para tratar de asegurar que la iniciativa contra la venta de armas –aún sin registrar en el Congreso– tenga éxito. 

Hasta ahora, el Ejecutivo se ha mostrado reticente a adoptar medidas encaminadas a poner fin a ese negocio. Según datos presentados recientemente por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, España es el tercer proveedor europeo de armas al régimen saudí. Las ventas se incrementaron especialmente en 2015, al calor de la guerra en Yemen. 

"Estrictos controles"

Los denominados "barcos de la muerte" saudíes, encargados de transportar el armamento adquirido por ese país en el exterior, juegan un papel clave en este asunto. Uno de esos buques, el Bahri Jeddah, tenía previsto atracar a las 8.00 de la mañana de este viernes en el puerto de Sagunto. De acuerdo a los datos recogidos por Público, se trata del barco número 33 que llega a España desde que empezaron los ataques en territorio yemení. 

Este jueves, ERC aprovechó la presencia de la ministra Arancha González Laya en la comisión de Exteriores del Congreso para preguntarle sobre el comercio de armas con Arabia Saudí y, en concreto, sobre el buque que tenía previsto llegar este viernes. "¿Está previsto que el barco saudí cargue material de defensa u otro material en Sagunto? ¿Cuál es su destino, uso y usuario final? ¿Van a impedir el tránsito de este barco y la eventual carga de armamento", preguntó la diputada catalana Marta Rosique. 

En el turno de respuestas, González Laya argumentó que "todas las exportaciones de material de defensa están sometidas a estrictos controles". "Por lo tanto, creo que esa es una buena garantía de que podamos aunar la importancia que tiene la industria de materiales de defensa para nuestro país  para los puestos de empleo con nuestro compromiso de respeto y de promoción de los derechos humanos y de la paz y la seguridad en el mundo", alegó. "Eso no se exime que no se prohíba el comercio con Arabia Saudí", le respondió a continuación la diputada de ERC. 

La información oficial sobre estos aspectos suele estar marcada por un profundo hermetismo. El pasado lunes, Amnistía Internacional se dirigió al Gobierno para reclamar información concreta sobre el atraque de un nuevo "barco de la muerte" en Sagunto. Además, el organismo de derechos humanos pidió al Ejecutivo que impida que el Bahri Jeddah –proveniente de EEUU– cargue armas en el puerto valenciano.

Fuentes de AI indicaron a Público que, al igual que ha ocurrido en casos anteriores, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta. Por su parte, la delegación de AI en Valencia se dirigió por escrito al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tampoco obtuvo respuesta.