MADRID.- El Tribunal Constitucional ha iniciado la tramitación del incidente de ejecución de sentencia planteado por el Gobierno por una supuesta desobediencia del Parlamento de Catalunya al crear la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

La Abogacía del Estado considera que la creación de esta Comisión es contraria a la sentencia del TC que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlament 1/XI sobre el inicio del proceso político en Catalunya.

El TC apercibiría a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia

El tribunal de garantías se ha dirigido este miércoles a la Fiscalía y al Parlament para que en el plazo de diez días presenten alegaciones sobre si consideran que debe acordarse el incidente de ejecución de dicha sentencia, la 259/2015, que alega la Abogacía del Estado.

La fórmula del incidente de ejecución se incluyó en la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC, trámite para el cual les concede 10 días de alegaciones.

De acordarse, el TC advertiría a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia.

El Gobierno pidió en enero al TC que anule la creación por el Parlament de la citada comisión, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que anuló la declaración independentista.

En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la citada comisión es "un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento".

Por eso pedía al TC que "requiera a la señora presidenta del Parlamento de Catalunya y a los miembros de la citada comisión" de que deben abstenerse de esa iniciativa e "impedir" cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional.

Además, el TC debería apercibirles "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", pedía el Gobierno.

La reforma prevé que en este incidente el TC señale expresamente quién está obligado a cumplir sus resoluciones y, en este sentido, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, será protagonista.

La ley señala, además, que todas estas previsiones se pondrán en marcha "sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan".

"En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído" pedirá explicaciones a la persona afectada y, en función de las mismas, adoptará las medidas previstas.

De este modo, la advertencia del tribunal de garantías a los implicados de que podrían estar cometiendo un delito de desobediencia está expresamente prevista en la reforma.