Pocas dudas quedan ya en el sector progresista del Consejo General del Poder General (CGPJ) de que el grueso de los vocales conservadores no tiene intención de facilitar la designación de dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), en funciones cuatro de sus miembros desde el pasado 12 de junio, según apuntan a este diario fuentes del CGPJ.

El pleno ordinario de este jueves y la reunión el día antes de la comisión negociadora del CGPJ para la designación de dos magistrados para el TC lo han dejado patente. Los negociadores de ambos sectores no llegan al acuerdo. Más bien lo contrario. Los conservadores pretenden cambiar las reglas del juego a mitad del partido y vetar al candidato oficial de los progresistas, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, cuando se estableció al principio de las negociaciones, el 8 de septiembre pasado, que no habría vetos. 

El CGPJ ha decidido este jueves que en el pleno del 22 de diciembre se realizará la primera votación respecto a los dos candidatos para ir al TC, pero sin confianza en que de esa votación salgan los dos magistrados que tiene que aportar el órgano de gobierno de los jueces al tribunal de garantías. 

La escasa certidumbre se basa en las nuevas exigencias del bloque conservador, con mayoría de 10 vocales en el Consejo --los progresistas son ocho--. Ahora este bloque de vocales nombrados a propuesta del PP quiere negociar los dos candidatos de forma conjunta y no, como se estableció al principio de las negociaciones, que cada bloque proponga a su candidato sin vetos posibles. 

De esta manera, los conservadores quieren tumbar a Bandrés como candidato para el Constitucional. La versión oficial de este bloque es que los progresistas "no aceptan el "cambio metodológico" que se les ha propuesto para elegir a los candidatos entre ambos grupos para evitar que se trate "meramente de un intercambio de un nombre por otro". Pero extraoficialmente apuntan a que Bandrés no les genera confianza porque tiene un perfil afín al Gobierno de Sánchez y a los "postulados independentistas". La comisión negociadora volverá a reunirse el próximo 30 de noviembre. 

Medio año de interinidad del TC

Dentro de tres semanas se cumplirán seis meses desde que el Tribunal Constitucional tiene a un tercio de sus magistrados en funciones. Tienen el mandato acabado el presidente, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez. Ambos fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y tienen que ser sustituidos por otros magistrados nombrados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha caducado el mandato del vicepresidente del TC, el progresista Juan Antonio Xiol, nombrado junto con el conservador Santiago Martínez-Vares, en 2013 por el CGPJ. 

Impedir la mayoría progresista en el TC

Fue el pasado 14 de julio cuando el Congreso aprobó la reforma propuesta por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), devolviendo al CGPJ la facultad para hacer los nombramientos para el tribunal de garantías estando en funciones. Esta última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende garantizar la renovación del Constitucional pese a que el CGPJ esté en funciones, impone un plazo máximo de tres meses para que el gobierno de los jueces designe a los dos magistrados del TC, pero el plazo ya ha sido ampliamente superado. El 12 de septiembre se cumplió. 

Desde entonces, ocho de los 10 vocales del sector conservador han ido pidiendo tiempo, calma, para llegar a un consenso con el sector progresista. Pero ese ritmo sosegado junto con nuevas excusas y exigencias se han convertido en estos meses en la mayor baza de los vocales conservadores: ganar tiempo para seguir obstaculizando la renovación del TC, que producirá inexorablemente una mayoría progresista en el tribunal de garantías constitucionales desde 2013. 

La mayoría de tres quintos necesaria para que los candidatos salgan elegidos en la votación del pleno del Consejo implica que cada uno de ellos necesita 11 votos, lo que anula las posibilidades del bloque progresista, que cuenta con ocho vocales en estos momentos. 

Presiones al TC

Tanto el PP como el sector conservador del CGPJ han urgido al Constitucional a dictar ya sentencia sobre los recursos de los 'populares' y de Vox sobre la reforma de marzo de 2021 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones y que le prohíbe hacer nombramientos en la cúpula judicial. 

Pero el Tribunal Constitucional no va a dictar sentencia, de momento, sobre esos recursos. Es una manera de "no interferir" en el proceso de negociación entre el PP y el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informan fuentes del TC.