El Congreso retoma su actividad ordinaria esta semana tras el paréntesis estival inaugurando un periodo de sesiones "decisivo", como así lo han definido tanto los grupos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, como la mayoría de formaciones del arco parlamentario. Todas ellas conscientes de los retos aún pendientes en el último tramo de la legislatura mientras las campanas electorales suenan cada vez con más fuerza.

Al margen de las cuentas pendientes de resolver y de los objetivos fijados en un contexto de crisis energética, la Cámara Baja echa andar de nuevo con la vista puesta en la tramitación de los Presupuestos para 2023, que de salir adelante supondrá el tercer proyecto presupuestario del Gobierno de coalición y, casi con toda seguridad, el último, ya que los comicios generales están previstos para finales de 2023.

PSOE y Unidas Podemos negocian desde hace semanas en el seno del Gobierno las cuentas públicas. Según trasladó el pasado viernes la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en la Ser, la idea es que, como en los otros dos años anteriores, el proyecto presupuestario reciba luz verde por el Consejo de Ministros a finales de septiembre o principios de octubre.

A partir de ahí la actividad en el Congreso se centrará en la tramitación de la ley, que goza siempre de preferencia respecto de los demás trabajos de las Cámaras. Por otro lado, el éxito de su andadura parlamentaria dependerá de las negociaciones con los grupos que, a su vez, servirán para examinar el estado de la mayoría de la investidura.

Y es que, a pesar de que esta mayoría no sólo se consolidó si no que aumentó con la aprobación de las actuales cuentas públicas a finales de 2021, en el anterior periodo de sesiones (febrero-junio), la geometría variable (apoyarse en los partidos progresistas y en los conservadores en función del tipo de iniciativa) cobró un mayor protagonismo toda vez que los apoyos de ERC menguaron en las leyes más icónicas por el estallido del caso Pegasus. 

La reforma de la 'ley mordaza' y la ley de vivienda, en el foco

No obstante, al margen de los Presupuestos, las formaciones que sostienen el Gobierno tienen en el radar otros asuntos a los que darles salida en los próximos meses antes de que termine el presente año. En este sentido, la nueva ley por el derecho a la vivienda y la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, vuelven a estar marcadas en rojo.

No solo por el retraso constante al que se han visto sometidas en el Congreso, sino por ser dos de las promesas estrella del Ejecutivo que marcarán la legislatura, además de la urgencia de la sociedad, las organizaciones y los partidos políticos progresistas a abordar estas dos importantes cuestiones.

La modificación de la polémica ley mordaza, aprobada con el único apoyo del PP en marzo de 2015 y duramente criticada por organizaciones sociales y organismos internacionales, sigue encallada en esta legislatura al prevalecer escollos importantes en la negociación por las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial. Estas discrepancias retrasaron la previsión de que el texto definitivo recibiera luz verde en la Comisión de Interior antes del mes de junio.

En cuanto a la ley de vivienda, Unidas Podemos, en reuniones constantes con la mayoría progresista dispuesta a apoyar la norma, ha trasladado a su socio de la coalición tres propuestas que "allanarían" el camino hacia su aprobación en las Cortes, pero que, sin embargo, el PSOE rechaza, según fuentes del grupo morado. Esta suerte de líneas rojas son la regulación del precio de alquiler en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y la inclusión de todas las viviendas de la SAREB en el parque público de vivienda de alquiler.

Avanzar en igualdad para las mujeres y el colectivo LGTBI

Una vez el Congreso ha dado definitivamente el visto bueno a la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, el debate sobre la abolición de la prostitución se abre paso en el Parlamento. Los socialistas se han puesto de plazo el mes de diciembre como fecha límite para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas", un debate enconado que tratará de encontrar una solución mediante la proposición de ley admitida a trámite en junio.

Asimismo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró al inicio del curso político que, dentro de esa "actividad parlamentaria intensa" que se prevé para los próximos meses, la prioridad de su departamento es sacar adelante otros de sus grandes propósitos legislativos, como son la ley del aborto y la ley trans y LGTBI.

También, los socialistas quieren aprobar antes de 2023 la ley para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial, admitida a trámite en marzo de 2022.

Otras normas previstas

Fuentes parlamentarias del grupo socialista apuntan su previsión de impulsar el proyecto de ley "por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud", una norma que suscita la división con Unidas Podemos por no cerrar la puerta a las privatizaciones en la sanidad pública.

De igual forma, el Gobierno pretende aprobar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que reemplaza la norma vigente redactada hace más de veinte años para rejuvenecer plantillas y "acabar con la precariedad", como señaló el ministro del ramo, Joan Subirats.

En cualquier caso, el devenir del contexto bélico y de crisis energética influirá en una actividad parlamentaria que, por lo pronto, tiene previsto abordar los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías eléctricas y entidades financieras, una medida que echará a andar en el Congreso previsiblemente este martes.