La Mesa del Congreso ha rechazado este martes, gracias a la suma de los votos de PSOE, PP y Vox, dos peticiones para abrir una investigación parlamentaria que incluyera indagar en las finanzas de Juan Carlos I. Con este ya son tres los portazos que el órgano de gobierno de la Cámara le ha dado a una eventual investigación sobre el rey emérito y su posible vinculación a una cuenta offshore en Suiza que en la actualidad investigan varios tribunales.

La decisión de la Mesa está avalada por el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, que elaboraron un informe, conocido este lunes, en el que argumentan el rechazo en base a varios criterios, entre los que destaca la "inviolabilidad con efectos jurídicos permanentes" de la que gozaría el monarca respecto a los hechos que pretenden ser objeto de investigación.

A pesar de que los informes de los letrados no son vinculantes, ya antes de conocer el criterio de los servicios jurídicos del Congreso se preveía que estos tres partidos votaran en contra de las dos peticiones para crear una comisión parlamentaria.

La inviolabilidad de la que supuestamente goza Juan Carlos I ha servido como argumento jurídico fundamental para rechazar una investigación en el Congreso en las tres ocasiones. Sin embargo, en este último intento había un elemento diferencial: la asunción por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la investigación de las finanzas del rey emérito, con el objetivo de "delimitar o descartar" si se han producido hechos susceptibles de tener relevancia penal después de la abdicación del monarca en su hijo, en junio de 2014.

Los grupos recogieron en sus peticiones el criterio del Supremo y defendieron que la inviolabilidad no era de aplicación si la investigación parlamentaria se limitaba al periodo posterior a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, los letrados del Congreso rebajaron la decisión del tribunal a una "decisión preprocesal" que "tiene un simple carácter interno de ordenación del trabajo, pero no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo o la forma del asunto, ni del Ministerio Fiscal ni, menos aún, de ningún órgano jurisdiccional".

Sobre la inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, los servicios jurídicos entienden que esas prerrogativas son "absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes".

Los grupos que impulsaron las peticiones para investigar al monarca han lamentado la decisión de los letrados y han avanzado que seguirán "insistiendo" en su objetivo de esclarecer los hechos sobre supuestas irregularidades que rodean a Juan Carlos I, y que ya son objeto de investigación en los tribunales suizos.

Bildu propone retirar los retratos del emérito del Congreso

"La inviolabilidad con efectos jurídicos permanentes es una aberración jurídica que supone una impunidad de por vida", ha asegurado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Los vascos van a pedir, siguiendo el precedente del Parlamento de Navarra, que se retiren los retratos de Juan Carlos I de las estancias del Palacio de las Cortes y los edificios que conforman la Cámara Baja.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido que "lo que está pasando con el emérito es una vergüenza para la izquierda española. No existe el derecho a robar". El diputado catalán ha avanzado que seguirán "intentándolo" con el asunto de la investigación parlamentaria "porque creo que, además, al PSOE cada vez le cuesta más frenar esta investigación".

Para Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, el informe de los letrados y el criterio de la Mesa "entra en flagrante contradicción con la postura de la Fiscalía (del Supremo). Se manda una señal desde el Parlamento muy peligrosa y no aceptable desde un país democrático, porque se entiende la inviolabilidad como si fuera intocable. Imagínense en otros casos, de violencia, de asesinato… es el extremo del ridículo, pro siguiendo la interpretación de la inviolabilidad, tampoco se podría llevar a los tribunales", ha explicado.

Esteban ha defendido que "si esta es la interpretación jurídica, habrá que cambiar la Constitución". A su juicio, "lo que se crea con este ocultismo innecesario es un mayor rechazo hacia la figura institucional de la monarquía".