La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido citada a declarar por la querella interpuesta por el fondo buitre Vauras Investments. La empresa denunció al Ayuntamiento después de que le multase por no ofrecer alquiler social a las familias vulnerables del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-Sec. La jueza instructora no había visto indicios de delito y archivó la causa, pero tras el recurso de la empresa, la Audiencia Provincial ordenó reabrirla. La Fiscalía también se había pronunciado en contra.

En un nuevo paso adelante del caso, tanto la alcaldesa como los concejales Lucía Martín y Marc Serra, así como una funcionaria del consistorio, tendrán que declarar los próximos 10 y 13 de marzo. "Estoy muy tranquila. No tengo ninguna duda de que esto acabará archivado, una vez más, porque todos los procedimientos que se hacen son supervisados por los servicios jurídicos", ha afirmado Colau en una comparecencia ante los medios.

La alcaldesa se ha mostrado contundente ante lo que ha tildado de "mal uso de la justicia" por parte del lobby inmobiliario, que ya ha llevado a Colau a los tribunales en otras ocasiones. Una decena de casos han sido archivados. "Es un patrón, no son hechos aislados, y debería investigarse, porque lleva a abusos para intentar defender los privilegios de unos pocos por delante de los derechos de la mayoría", ha señalado la alcaldesa. Los cargos municipales hablan de lawfare, o lo que es lo mismo, la instrumentalización de la justicia con fines políticos o ideológicos.

Sanciones por valor de 417.000 euros

En cuanto a este caso concreto, Vauras compró en 2019 el conocido como Bloc Llavors, un edificio en el Poble-Sec. Ahí vivían varias familias, algunas de ellas con situación de vulnerabilidad acreditada, lo que les daba derecho a un alquiler social en base a la ley catalana 24/2015, vigente en ese momento. Incumpliéndola, Vauras no se lo ofreció y las desahució. "Hace algo que hacen también otros fondos, y por eso no son bienvenidos a Barcelona. Una mala praxis sistémica, que es comprar bloques enteros para especular", ha señalado Colau.

El Ayuntamiento le multó con sanciones por valor de 417.000 que tuvo que retirar posteriormente por orden judicial. La ley con la que se amparaban fue anulada por el Tribunal Constitucional, aunque después el Parlament la recuperó con una nueva norma. "Aplicando siempre la ley vigente, exigimos que cumplieran con la normativa", ha aclarado Colau.

La obligación a los grandes tenedores de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables en Catalunya ha estado vigente intermitentemente, fuertemente contestada por el sector inmobiliario, al igual que otras regulaciones como la ley que limitaba el precio de los alquileres, tumbada por el TC.

Los miembros del gobierno municipal se han reconocido "sorprendidos" por el hecho de que les citen a declarar por una causa que tanto la jueza de instrucción como la Fiscalía habían pedido archivar. Fue la Audiencia Provincial quien ordenó sacarla adelante, en una situación "inaudita" en la que se mezcla la "mala fe" y "el abuso del poder judicial", según Serra. "Hay un interés político de desgaste" en la cita de la alcaldesa a dos meses de las municipales, ha añadido.

Vauras se caracteriza por "prácticas especulativas muy agresivas" y el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones para evitarlas, más allá del Bloc Llavors. En otro edificio en el Poble-Sec que había comprado el fondo, detectaron irregularidades porque no se había ofrecido al consistorio el derecho de compra preferente. Una vez detectado lo adquirió y ahora es parte del parque municipal.

En cuanto a los procesos sancionadores, Martín ha destacado que en 2022 el Ayuntamiento tramitó unos 40, y en ninguno ha habido querella. La Generalitat también gestiona varios. "Son procesos que debemos poner en marcha a menudo", ha lamentado Martín.