Cristina Cifuentes ha decidido dar un golpe sobre la mesa este jueves, y ha disparado contra la gestión de su antecesora al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

La presidenta madrileña ha llevado a la Fiscalía General del Estado las irregularidades en el faraónico -y fallido- proyecto de la Ciudad de la Justicia, según avanza El Mundo. La oposición en la asamblea de Madrid cifra en más de 130 millones de euros el quebranto a las arcas públicas causado por este megaproyecto.

Sin embargo, se da la circunstancia de que estas irregularidades eran de sobra conocidas, y Cifuentes ha esperado hasta este momento para dar parte a Fiscalía.

Lo ha hecho en su momento de mayor debilidad, cuando varios dirigentes del PP dan por hecho que en pocos días se verá forzada a dejar la Presidencia de la Comunidad, y cuando todas las miradas siguen fijas en el escándalo de su máster, que eclipsa cualquier información relacionada con su partido. La imagen de regeneradora del PP que Cifuentes se ha esforzado por construir nunca se había visto más deteriorada. 

De hecho, el mosaico de irregularidades en torno a este proyecto faraónico, que perseguía reunir todas las sedes judiciales madrileñas en el polígono de Valdebebas, fue denunciado hace casi un mes por la oposición en la Asamblea. PSOE, Podemos y Ciudadanos recopilaron  las irregularidades en torno a este proyecto y las entregaron en la Fiscalía, pero el Ejecutivo regional ha esperado hasta hoy para actuar. 

Además, la Ciudad de la Justicia ha sido objeto de investigación por parte de la Comisión de Estudio del Endeudamiento del parlamento autonómico desde 2015, hace dos años y medio. Ya en la constitución de este espacio, el portavoz de los conservadores en la Asamblea, Enrique Ossorio, lo tildó de "causa general al PP".

Desde entonces, la oposición ha criticado el boicot del Partido Popular a esta comisión, así como la lentitud del Gobierno regional a la hora de aportar la documentación que se les solicitaba desde este espacio.​ Por si fuera poco, el PP abandonó hace meses la Comisión de Investigación de la Corrupción Política que funciona en el mismo parlamento, escudándose en razonamientos similares.

Según han trasladado desde el Gobierno de Cifuentes a distintos medios, el paso que han dado este jueves responde a un dictamen de la Abogacía General sobre el proyecto, que fue encargado por la Comunidad de Madrid. En el texto se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad en el marco de este proyecto. 

La oposición: "Lo sabíamos. ¿Por qué no se ha hecho nada?"

Por su parte, PSOE, Podemos y Ciudadanos han salio en tromba a afirmar que el documento entregado por el Ejecutivo de Cifuentes a la Fiscalía no aporta nuevos datos, y han criticado la inacción de su Gobierno hasta hoy.

"Ya lo sabíamos, ¿por qué no se ha hecho nada?", cuestionaba la diputada del PSOE y portavoz en la Comisión sobre el Endeudamiento, Mercedes Gallizo. 

En la línea, Eduardo Guitérrez, parlamentario de Podemos, acusaba al Ejecutivo de Cifuentes de haber encubierto hasta hoy los "delitos e irregularidades" cometidos en el marco de este ruinoso proyecto. La pregunta obligatoria, según Gutiérrez: "¿Por qué el encubrimiento" de "delitos e irregularidades acaba ahora?". "¿Por qué en estos momentos?", zanjaba. ​