Se acaba el año, pero no se acaban los problemas ni cambian los deberes. Más bien, se convierten en una suerte de propósitos. Esta máxima puede aplicarse casi cualquiera, también al presidente del Gobierno. 2023 ha sido el año de la reelección de Pedro Sánchez, pero también el año en que ha adquirido un compromiso con el independentismo, la amnistía, que tendrá que tratar de amortizar durante el 2024. También tendrá que enfrentarse a la reforma de la financiación autonómica, a las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)o a la derogación de la ley mordaza.

Las carpetas están llenas y algunas de ellas van a abrirse nada más terminar los turrones. Es el caso, sin ir más lejos, de la financiación autonómica. El actual modelo no convence a nadie y varios aliados de Sánchez le fiaron su apoyo a condición de que se comprometiese a paliar los desajustes en materia de financiación con sus comunidades autónomas. Es el caso de los acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bloque Nacionalista Galego (BNG) o con Compromís, a través de la coalición Sumar.

En la reunión que mantuvo Sánchez con Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, el pasado viernes 21 de diciembre, adquirió un nuevo compromiso en este campo. El presidente español no solo subrayó y reforzó el acuerdo al que llegó con ERC consistente en que el Estado asumirá el 20% de la deuda catalana contraída con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino que puso fecha al primer gran paso que se dará en ese sentido. En enero, según anunció Sánchez, se organizará una reunión multilateral con todos los presidentes autonómicos para abordar la cuestión. 

Uno de los puntos clave del asunto es que Sánchez, en sus acuerdos de investidura, se comprometió a extender a todas las autonomías la quita de la deuda, siempre y cuando lo soliciten. Con algunas de ellas, como ERC, se hará por la vía del FLA. Con otras que, como Galicia, apenas tienen deuda con el FLA (la tienen con la Banca Privada), se adoptarán medidas compensatorias para equiparar su situación al resto, a resultas, precisamente, del acuerdo de investidura PSOE-BNG.

Sin embargo, el melón de la financiación autonómica es mucho más grande. Más allá de los parches, los expertos hablan de la necesidad de un cambio estructural del modelo que precisa, por encima de todo, de voluntad política. Y eso quiere decir que los dos grandes bloques tendrán que hablar y acordar. Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, dio una clave en una entrevista que concedió a Público.

"Primero tienen que ponerse de acuerdo las comunidades del PP entre ellas y las comunidades del PSOE entre ellas", deslizó. Sin ese paso previo será difícil avanzar. Un acuerdo total PP-PSOE no llegará con las comunidades peleadas entre sí. "El eje que va a decidir si hay modelo de financiación autonómica es Galicia-Madrid-Andalucía", remató Espadas.

De momento, no parece haber signos de acercamiento con los populares sobre este asunto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no aceptó la propuesta de Sánchez de crear una comisión de trabajo sobre financiación autonómica tras la reunión que mantuvieron en el Congreso el 22 de diciembre. 

¿Amnistía es igual a armonía?

La reunión prenavideña de Sánchez con Aragonès es la prueba de que otro de los grandes propósitos del presidente es lograr una cierta estabilidad —si no armonía— con el independentismo. Seguro que serán unos socios incómodos, especialmente, Junts per Catalunya, pero Sánchez ya se ha fijado el objetivo de atraerlos, de nuevo, a la política estatal. La pregunta es: ¿las cesiones (como la amnistía o el traspaso de Rodalies) en el marco de las negociaciones de investidura aseguran, también, una cierta predisposición a facilitar la legislatura?

Es una preguntad difícil de responder, aunque sí parece que hay una cierta predisposición. La vuelta de la mesa de diálogo con ERC ya se ha fijado para el primer trimestre de 2024 y las reuniones entre PSOE y Junts en Ginebra (Suiza) continuarán, a priori, al mismo ritmo. 

La ley de amnistía, por su parte, termina el año en plena tramitación parlamentaria. El 3 de enero, de hecho, termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y, como se espera que el Partido Popular (PP) presente una, se prevé un Pleno extraordinario la semana del 8 de enero para debatirla. Muchos deberes para los primeros días del año.

Aterrizar la ley de vivienda y derogar la ley mordaza

Hay dos leyes que se le han atragantado especialmente al Gobierno de coalición durante los últimos años. Dos asuntos que tanto PSOE como Unidas Podemos antes y ahora Sumar, ven prioritarios. El primero de ellos es la ley de vivienda. Los socialistas y el espacio de Yolanda Díaz hicieron bandera de la norma, aprobada poco antes de las elecciones municipales y autonómicas. Lo que esté pendiente es su aplicación y aquí entra de nuevo en juego el PP por su amplio poder territorial. 

De momento, el nuevo Gobierno de Sánchez cuenta con un Ministerio específico, liderado por Isabel Rodríguez. Desde el Ministerio de Vivienda se cuenta con la total determinación de aterrizar la ley y que comiencen a verse sus efectos. Para ello ya ha iniciado una ofensiva de reuniones, técnicas y políticas, con todas las comunidades autónomas, que tienen las competencias de algunas de las medidas principales. 

En enero debería aprobarse, según los planes del Ministerio, el índice de precios de referencia del alquiler en zonas tensionadas. Un asunto clave para la posible aplicación en los territorios que muestren su voluntad para ello. Solo Catalunya ha mostrado esa intención de forma clara frente a las resistencias del PP. El despliegue, por tanto, de la ley, es uno de los mayores retos que tiene que afrontar el Gobierno. 

Menos movimiento hay en cambio con un tema que no pudo aprobar la coalición durante los pasados años. Lo intentó, sí, pero la reforma de la ley mordaza decayó en el Congreso por falta de apoyos de socios como ERC o EH Bildu, que calificaron de insuficiente la propuesta pactada entre PSOE y Unidas Podemos. 

La intención, al menos sobre el papel, es volver a intentarlo. Así lo determina el pacto de Gobierno entre los socialistas y el espacio de Díaz. "Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ley mordaza y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados". 

Esta reforma, con el Gobierno en marcha apenas un mes, todavía no se ha puesto encima de la mesa en el debate público. Sí se ha tramitado parlamentariamente una proposición de ley presentada por Sumar que tiene unos asuntos relacionados, en este caso con el Código Penal. El Congreso admitió a trámite para su posterior debate una iniciativa que propone despenalizar algunos delitos de injurias en favor de la libertad de expresión.

Mientras tanto, la llamada 'ley mordaza' lleva ya ocho años en vigor, desde la presidencia de Mariano Rajoy, y ha provocado más de 1.114 millones de euros en multas desde entonces. Con una aritmética parlamentaria todavía en principio más desfavorable a la reforma, la incógnita de si el Gobierno podrá llevarla a cabo es una realidad. 

¿Desbloqueo del CGPJ? 

Todavía más enquistado aún se encuentra la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más de cinco años después, el bloque del PP impide emprender esta tarea constitucional. Las excusas de los populares han sido frecuentes y numerosas. El año 2023, eso sí, ha acabado con una pequeña puerta abierta al acuerdo. Sánchez y Feijóo se emplazaron a empezar las conversaciones con la supervisión de la Comisión Europea. Para los socialistas, el PP estaba en un callejón sin salida. 

Está por ver si las negociaciones llegan a buen puerto. PP y PSOE hacen diferentes lecturas de la posición de Bruselas. Génova quiere emprender de forma simultánea la renovación y el cambio de método de elección de los jueces. En Moncloa y Ferraz apremian a que primero sea la renovación y luego aceptan dialogar sobre los cambios en la ley. Consideran que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, defiende ese calendario por la urgencia en renovar el poder judicial.

Sánchez, en todo caso, ya ha advertido que busca alternativas para renovar el poder judicial sin la participación del PP. Su plan A es que Feijóo "cumpla con la Constitución". Pero si no, en Moncloa son conscientes de que no pueden dejar más tiempo con el mandato del CGPJ caducado.