El Gobierno de coalición presidido pro Pedro Sánchez otorga entidad propia a la lucha por la vivienda digna en el organigrama. Por ello, recuperó el Ministerio de Vivienda, junto a Agenda Urbana, que hoy dirige Isabel Rodríguez. La ley de Vivienda, aprobada en las postrimerías de la pasada legislatura tras intensas negociaciones, se vendió como uno de los principales logros de la coalición progresista. 

Pero para su aplicación se requiere de las comunidades autónomas. La mayoría de ellas están gobernadas, especialmente tras el pasado 28 de mayo, por el PP. La derecha hizo bandera con el rechazo a una norma que debería permitir ciertos límites a los precios del alquiler. En ciudades como Sevilla, los populares y Vox ya han mostrado sus intenciones de boicotear la ley, como informó este medio. 

El reto principal de la ministra es aterrizar la ley. La tarea no es sencilla. Rodríguez, durante su toma de posesión, se comprometió a desarrollar esta ley "desde la leal cooperación con el resto de las administraciones públicas". 

Los trabajos ya se han iniciado. Según confirman fuentes del Ministerio, esta misma semana se producirán los primeros encuentros entre la ministra y las comunidades autónomas. La intención es contactar con todos los territorios, según estas mismas fuentes. Empezarán con Euskadi este mismo jueves, con una reunión con el consejero del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola López.

También está prevista la celebración de una Conferencia Sectorial de Vivienda en el mes de enero. Este mismo miércoles comenzarán las reuniones técnicas preparatorias para dicha convocatoria. 

En las previsiones del Ministerio también está aprobar el nuevo índice para fijar los precios de viviendas en alquiler en zonas declaradas tensionadas. Se hará, según las fuentes consultadas, durante el mes de enero.

Es una medida clave que además está incluida en el pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar. "Se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres", señala el texto. 

Por el momento, solo Catalunya ha mostrado su interés en aplicar la ley estatal, pero ya ha habido choques entre ambas administraciones precisamente por la ausencia de un índice de precios de referencia. Esta aprobación anunciada por el Ministerio debería desbloquear la aplicación completa en Catalunya de la ley. 

"Salvo la declaración de zona tensionada, todas las medidas son de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Las que no la quieran declarar, en el ámbito de sus competencias, tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos de por qué no se controlan los precios y se evitan movimientos especulativos o no se aplican beneficios fiscales o no puedan tener recursos disponibles para políticas integrales de vivienda en esas zonas", destacó el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, sobre este asunto, en una entrevista realizada en este medio el pasado mes de mayo. 

"Durante mucho tiempo hemos mantenido esa voluntad de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que dejarlo ya a un lado y caminar juntos de la mano con independencia de los colores políticos para convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar", destacó el propio Sánchez a comienzos de esta semana. 

Aumento del parque público de vivienda

Otro de los grandes objetivos del Gobierno de Sánchez es aumentar el parque de vivienda público. El Ministerio de Vivienda asegura que durante la legislatura quiere cerrar varias operaciones con el Ministerio de Defensa para usar sus terrenos y convertirlos en suelo edificable para viviendas públicas. 

Sánchez ha prometido habilitar 184.000 viviendas públicas de alquiler asequible durante los próximos años. Según el Ministerio, ya hay 70.000 de estas viviendas en marcha que se enmarcan en cinco programas diferentes. Algunos de ellos con promociones estancadas desde hace años, como la Operación Campamento en Madrid, que ahora parece avanzar de nuevo y supondría unas 10.700 nuevas viviendas públicas.