Pablo Casado defiende como propia la medida 'estrella' de Vox sobre la censura parental —autobautizada por el partido ultraderechista como pin parental— que requiere que los padres autoricen expresamente que sus hijos participen en charlas que puedan incluir educación sexual, actividades contra el acoso escolar o la homofobia y talleres de prevención de la violencia de género, entre otros contenidos como por ejemplo el reciclaje, la seguridad vial o el futuro laboral.

Sin embargo, la postura defendida por la dirección del PP no es compartida por gran parte de dirigentes y presidentes autonómicos de su partido. Fuentes autorizadas en el partido explicaban esta misma semana a Público que la propuesta de Casado y la de Vox son "distintas en forma y fondo" y lamentaban que el partido de Santiago Abascal haya conseguido imponer su agenda: "Nosotros nos referimos al ámbito extraescolar y ellos a las charlas sobre diversidad sexual. Ellos parece que tienen un problema con las parejas homosexuales y la violencia de género, nosotros no. Deberíamos de saber explicarlo mejor, de forma sosegada".

Casado sitúa el debate en las actividades del ámbito extracurricular —que sí deben contar con un permiso expreso de los padres— mientras que los talleres que quiere censurar Vox se imparten en horario lectivo y deben ser aprobados en los consejos escolares, conformados por la dirección del centro, representantes políticos, profesores del claustro, administración, padres y alumnado.

Murcia, Madrid y Andalucía, regiones donde se necesita a Vox

La polémica sobre la censura parental resurgió el pasado martes, después de que los ultraderechistas lo incluyeran en su listado de exigencias para apoyar los presupuestos de la Región de Murcia El presidente murciano, Fernando López Miras, asume la posición de la dirección y defiende la propuesta, pero admite que no le consta ninguna denuncia sobre adoctrinamiento en los centros educativos de la región y defiende como "incuestionable" la neutralidad ideológica de los maestros de la comunidad.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "innecesario" el pin censor de Vox a pesar de que los ultraderechistas se lo exigen para aprobar los presupuestos regionales: "Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha señalado. Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid—controlada por el PP—, Enrique Ossorio se facilitaron una serie de datos que desmontan la propuesta de Vox: de los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo ha habido una queja oficial por escrito por una actividad en el municipio de Pedrezuela. 

En el caso de Andalucía, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, aseguró que el compromiso del actual Gobierno será cumplir con "todas las consecuencias" de los acuerdos que firma y trató de enfriar el debate que ha abierto la iniciativa de Vox en el seno del Gobierno –"es perfectamente asumible lo firmado con Vox"–, señaló. Asimismo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo considera "absolutamente razonable".

Feijóo y Mañueco no lo aplicarán en sus autonomías

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha señalado que él no va a "participar en la politización y adoctrinamiento de la educación". Feijóo es el único dirigente del PP que gobierna en solitario gracias a la mayoría absoluta cosechada en la pasada legislatura. "En Galicia tenemos un sistema educativo muy claro, muy concreto y lo vamos a seguir aplicando", señaló en rueda de prensa, recordando que las reglas que rigen el mismo datan de 1997 y han sido respetadas por los distintos gobiernos, lo que ha tenido como resultado unas "ratios de calidad por encima de la media de España, de la Unión Europea y de la OCDE".

Por lo que respecta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechaza la censura parental ya que, a su juicio, no hay que entrar "en la libertad de explicación, de cátedra, de los profesores". En una entrevista en Cadena Ser, Mañueco ha asegurado que que en la escuela castellanoleonesa "no hay adoctrinamiento" y defiende el derecho de los padres a acudir a la inspección educativa en caso de detectar "alguna situación que vulnere la ley".