Los acuerdos en Andalucía entre PP, Ciudadanos –que conforman el Gobierno– y Vox –que apoya desde el Parlamento– hasta ahora han funcionado como un reloj: han permitido aprobar dos presupuestos –el del 19 y el del 20– en menos de un año y han marcado el paso de la política andaluza desde que se produjo el desalojo del PSOE de la Junta.

Sin embargo, esta semana se han producido tensiones entre los socios, las primeras de cierta entidad –aunque algunos desencuentros sectoriales ya se habían producido– desde que Ciudadanos, que dirige el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, decidió, por orden del hoy malogrado Albert Rivera, levantar el veto a la ultraderecha, sentarse a la misma mesa con ellos y el PP y firmar los pactos que hiciera falta para darle estabilidad al Gobierno andaluz.

La sangre no llegó al río, pero sí quedó claro que algo se mueve en Ciudadanos, inmerso en un congreso que se les está haciendo eterno tras la debacle electoral de las pasadas generales. Marín quiere llevar de nuevo a su partido al centro político de la mano de Inés Arrimadas, el lugar en el que él se mueve como pez en el agua y el lugar desde el que Ciudadanos cosechó sus mejores resultados electorales.

El consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), se reunió el lunes por la tarde con el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien horas antes de ese encuentro había asegurado que contaba con el apoyo del Gobierno a la idea de su partido de establecer en los colegios una censura parental, que ellos llaman pin parental, y que el Gobierno de España considera fuera de la Constitución y de las leyes educativas.

Los tres partidos, Vox, PP y Ciudadanos, tienen firmado en Andalucía lo siguiente: "Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución".

Esta mañana, Hernández, en Canal Sur, después de la reunión, arremetió contra Imbroda –"yo creo que no se ha leído el acuerdo"– y contra Ciudadanos –"se quieren poner de perfil en todos los temas, y tienen que asumir un compromiso"–. Vox, dijo Hernández, no renunciará a lo acordado: "Lo firmado hay que cumplirlo. Eso no admite discusión".

Si los dirigentes andaluces de Cs lo que pretenden es "hacer ruido para llegar bien posicionados a su congreso nacional sin que te acusen de ser amigo de Vox, el problema es otro", abundó el portavoz del partido de ultraderecha. "Confiamos en que al final impere la cordura y que esto salga adelante. Es un acuerdo no susceptible a interpretación, porque se dice con toda claridad", remachó.

Discrepancias

El asunto, después de estas declaraciones de Hernández, llegó caliente al Consejo de Gobierno, cuyo portavoz, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), ejerció una vez más de parapeto del presidente Juanma Moreno (PP), a quien trata de proteger de cualquier polémica que pueda –aunque sea mínimamente– erosionar su figura. Moreno guarda silencio, de momento, sobre este tema.

Bendodo, azote del socialismo andaluz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, hizo tres cosas. Por un lado, amarró el apoyo de Vox al presidente Juanma Moreno –el Gobierno va a cumplir con "todas las consecuencias" los acuerdos que firma–; por otro, trató de enfriar el debate que ha abierto la iniciativa de Vox en el seno del Gobierno –"es perfectamente asumible lo firmado con Vox"–; y, por último, tachó el debate que han impulsado sus socios, la ultraderecha, de "cortina de humo" del PSOE para desviar la atención de otros asuntos, según recoge Europa Press.

Sin embargo, las declaraciones de Bendodo no mataron el asunto. Horas después, el vicepresidente Marín, desde Madrid, replicó a Hernández: "Si Vox quiere anteponer una posición ideológica al interés general de los andaluces, que lo explique", recogió Europa Press. El vicepresidente afirmó, al igual que lo hiciera el consejero Imbroda, que la normativa en Andalucía y en el resto de comunidades "ya establece criterios a la hora de que los padres puedan decidir sobre las actividades extraescolares de sus hijos". Luego, manifestó: "Con Vox hemos hablado de presupuestos y de mejoras en la Inspección educativa".