La reanudación del curso político en Catalunya coincide con los cien días desde que Pere Aragonès fue escogido presidente número 132 de la Generalitat. Tiempo suficiente para examinar los primeros pasos que ha dado el nuevo Govern, que de manera prioritaria se ha dedicado a gestionar las diferentes olas de la pandemia y a preparar el escenario de diálogo que se abrió a raíz de la entrada de Pedro Sánchez en la Moncloa.

En cambio, en el ámbito legislativo, sólo ha impulsado una sola ley, la que aspira a retener el talento científico e implicar al sector privado en su promoción, mientras por el camino se encontró con el indulto a los dirigentes del Procés, la causa que el Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha contra decenas de cargos soberanistas y un agosto marcado por la avalancha de incendios y la primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

De este encuentro salió el compromiso del Gobierno de transferir algunas de las 56 competencias pendientes, como son las becas o las que tienen que ver con la Formación Profesional, el Salvamento Marítimo o la legislación laboral. Y también, a pesar de que no estaba previsto, la promesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de invertir 1.700 millones de euros para ampliar la tercera pista del aeropuerto del Prat, una operación que, a la espera de lo que dictamine la Unión Europea, ha suscitado el rechazo de los ayuntamientos afectados y numerosos grupos ecologistas. Todo esto ha ocurrido en estos cien días de legislatura, donde los temas más sustantivos siguen sobre la mesa.

Exámenes inminentes

Será ahora, tras el paréntesis vacacional, cuando estas carpetas empezarán a moverse. En primer lugar, la reanudación de la mesa constituida con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una cita que, según como sea, puede debilitar las relaciones entre ERC, que, a pesar de su escepticismo, celebra la predisposición del PSOE a hablar, y los sectores partidarios de la unilateralidad, entre los que está CUP, que en el acuerdo de legislatura con los republicanos estableció un margen de dos años para que la mesa dé resultados antes de que no se emprenda un nuevo "envite democrático". También desde las filas de JxCat la desconfianza es máxima, como han expresado estos días la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que tildó la mesa de "simulacro", o el expresidente de la Generalitat Quim Torra, para quien la mesa no debería celebrarse.

A propósito de esta cuestión, el politólogo Jaume López indica que "el nuevo curso demostrará si el independentismo es capaz de armonizar las dos perspectivas que han caracterizado sus disputas" y también añade "si los dirigentes que hasta ahora estaban en prisión tienen un papel decisivo en orden a congeniar-las o necesitan nuevos liderazgos que renueven el movimiento".

Junto a la mesa de negociación, la otra gran prioridad del Ejecutivo será abordar el tramo final de la emergencia sanitaria e iniciar un plan de recuperación económica que garantice la mejora del bienestar social. Dos objetivos que no se vislumbran nada fáciles, y más cuando la pandemia continúa saturando la sanidad pública mientras que los Fondos de Reconstrucción (Next Generation) que la Unión Europea ha movilizado para combatir la recesión parece que, lejos de satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, podrían beneficiar a las compañías del Ibex-35. Así lo han denunciado las patronales PIMEC, CECOT y el propio Govern, que de la mano del Gobierno valenciano, ha exigido al Ejecutivo del PSOE y Podemos gestionar las partidas para que las pymes, las principales damnificadas por la pandemia, se conviertan los grandes activos en la transformación del país.

También en torno a la situación económica, Pere Aragonés ha advertido que el Pacto Nacional para la Industria 2022-2025, a través del cual la Generalitat aspira construir un sistema productivo más resiliente y circular, puede quedar debilitado si el Estado no facilita en Catalunya el control de los fondos que le corresponden. Con todo, Aragonés considera que la pinza con los socialistas valencianos y la predisposición del líder del PSC, Salvador Illa, de garantizar la gobernabilidad, deberían facilitar que la Generalitat termine administrando los fondos más importantes.

En este sentido, Jaume López cree que el clima de diálogo con Madrid puede influir para que esto suceda y, aunque la mesa esté pensada para abordar la amnistía y la autodeterminación, abre la posibilidad de tratar aspectos claves que fueron anulados por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto de 2010. "Nos podemos encontrar sorpresas y que la mesa incluya temas institucionales como el reconocimiento de la identidad nacional catalana, la situación del catalán, un nuevo marco de financiación y otros elementos que pueden suponer un avance para el encaje federal entre Catalunya y España"

Pendientes de los presupuestos

Con todo, el nuevo curso político vendrá marcado por la capacidad del Govern de encauzar con el Estado una solución al conflicto, tener recursos suficientes para combatir la crisis causada por la pandemia y, al mismo tiempo, asegurarse unos presupuestos bastante ambiciosos en términos sociales y nacionales. Pero para que esto ocurra, Aragonés tendrá que hacer auténticos equilibrios, lo que incluye contentar al PSC, que en boca de su líder, Salvador Illa, se ha mostrado dispuesto a aprobarlos a cambio de que los republicanos los faciliten en Madrid, pero también sus socios de gobierno, que en contrapartida, pueden presionar a ERC para que adopte una estrategia conjunta en el Congreso.

Tampoco se prevé fácil el entendimiento con la CUP, para la que los presupuestos tienen que recoger la demanda de un cambio de modelo de orden público, la creación de una banca pública y el desarrollo de la Renta Básica Universal. Pero no sólo eso: así como republicanos, socialistas y postconvergentes aprueban la ampliación del aeropuerto, los anticapitalistas consideran que el proyecto es "va en dirección contraria al modelo de país que defendemos". Así se manifiesta Carles Riera, portavoz de la formación, para quien "si no hay un cambio de rumbo del Govern en esta y otras materias, le retiraremos la confianza".

Riera añade entre otras controversias la negativa del consejero de Salud, Josep Maria Argimon, de internalizar la plantilla del transporte sanitario y de los servicios de emergencias 061 y 112, además de la intención del Govern de llevar adelante el proyecto Barcelona Word, la candidatura de Catalunya a acoger los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 o la decisión de rescatar con 19 millones el Circuito de Catalunya. Una serie de decisiones que, desde la CUP hasta En Comú Podem, consideran "incompatible" con el giro progresista que Pere Aragonès anunció para la presente legislatura.

En este sentido, la vuelta al curso político se presenta lleno de interrogantes, y sólo las semanas revelarán si se van resolviendo. En particular el diálogo con el Estado y la recuperación económica, que si no cubren las expectativas de la mayoría, pueden hacer embarrancar la legislatura o condenarla a una inestabilidad permanente.