El pasado jueves, la comunidad de Castilla-La Mancha aprobaba la ley europea más ambiciosa en cuanto a protección y apoyo institucional al colectivo de personas con discapacidad. A instancias de una veintena entidades especializadas, como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad) o la ONCE, la Consejería de Bienestar Social recogía el mandato de elevar a rango de ley autonómica la capacitación jurídica de las personas con discapacidad, como estipula la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad.

A pesar de que el acuerdo instaba a los países firmantes, entre los que se encuentra España, a considerar y otorgar los mismos derechos jurídicos que al resto a las personas con algún tipo de discapacidad, la realidad es que más de una década después los países siguen sin ser reconocer su personalidad jurídica.
Hasta el momento, la única figura contemplada en las leyes estatales y autonómicas es la declaración de la incapacitación jurídica de la persona con discapacidad y la asignación de un tutor que tome las decisiones de su vida.

“El cambio fundamental de esta ley reside en que la incapacitación jurídica será la última medida. Es una figura muy útil, que se va a seguir utilizando, pero nosotros pensamos que es el último recurso. Esta ley pretende que las personas con discapacidad no solo tengan garantizados sus derechos, sino que puedan ejercerlos. Y eso solo puede llevarse a cabo dando los apoyos necesarios y teniendo en cuenta sus preferencias, lo que quieren para su presente y su futuro o con quien quieran convivir”, explica a Público.es la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez. Gracias al sistema de apoyos que contempla la ley, cerca de 36.000 adultos con discapacidad de la región podrán elaborar un plan personal de futuro, similar al existente en el ámbito sanitario, con la supervisión de la Oficina Regional de Orientación y Apoyo; y la puesta en marcha de agentes mediadores entre la familia y la persona titular de sus derechos.

Con la aprobación por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, la comunidad desarrollará un sistema pionero en Europa. El CERMI de la región fue el encargado de elaborar un estudio comparado de la realidad de las personas con discapacidad en nuestro entorno. “En Europa hay determinadas figuras de mediador, como en los países nórdicos, pero nuestra sorpresa fue que no existiera el matiz de que la persona fuera la encargada de tomar sus propias decisiones y dejara registrados sus planes de futuro”, detalla Cristina Gómez –presidenta del CERMI regional-.

“Hay que tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad. Si antes no superaban la treintena, ahora tenemos septuagenarias que viven con diversidad funcional. Eso es un éxito de nuestro estado de bienestar y de ahí nace esta preocupación de los familiares, son conscientes de que sus hijos sobreviven a ellos y quieren asegurarse de que tienen un futuro cuando ellos no estén”, apunta Aurelia Sánchez. Según las estadísticas de Eurostat, a nivel europeo los países que proporcionaron mayor cobertura asistencial en 2012 a las personas con discapacidad fueron España (50,4%) e Italia (53,2%).

Otra de las medidas estipuladas en la nueva ley será la garantía de apoyo residencial y el acceso preferente a la red residencial de la región, una vez que la persona con discapacidad no tenga los apoyos familiares. Eso no significa que estas personas vayan a ingresar en los clásicos centros residenciales, un modelo -según aseguran las organizaciones y la consejería- caduco.

“Estamos asistiendo a un cambio de modelo porque las personas con discapacidad ya no tienen que estar internas en un centro residencial de más de 300 personas con las mismas características. Tienen que estar en el entorno y en la comunidad viviendo de la forma más autónoma posible”, aseguran desde el CERMI de Castilla-La Mancha.

“La mayoría de las personas aspiran a tener la máxima autonomía posible dentro de los apoyos que necesiten y de su grado de discapacidad, por eso la ley lleva un apartado con un presupuesto establecido de cinco millones y 400 plazas de atención especializada para centros de todo tipo (residenciales, centros de día, ocupacionales, centros de capacitación). Esto era algo impensable hace una legislatura, con los recortes salvajes que afectaron en gran medida a las organizaciones de atención a la dependencia y a las personas con discapacidad”, defiende la consejera de Bienestar Social

Garcia Page y Aurelia Sánchez -consejera de Bienestar Social- durante la sesión de aprobación de la ley - Junta de Castilla-La Mancha 

El Gobierno incumple desde hace seis meses la ley de accesibilidad universal

Mientras que en el ámbito regional las personas con discapacidad ven resuelta una de sus reivindicaciones históricas, la adaptación a nivel estatal de edificios y servicios a cualquier discapacidad lleva seis meses de retraso. Fue el propio ejecutivo de Mariano Rajoy quien en 2013 estableciera que el plazo máximo para hacer accesible los servicios relacionados con las tecnologías de la información, los espacios públicos, edificaciones e infraestructuras no podría alargarse más allá del 4 de diciembre de 2017.

El incumplimiento del tiempo límite establecido por el Gobierno no ha supuesto una sorpresa para quienes venían advirtiendo meses antes que el plazo estaba a punto de concluir. “Como ya ha pasado el periodo límite que se dio la propia Administración para poner en marcha la Ley de Accesibilidad, vamos a pasar de la demanda a la acción. A partir de ahora cualquier persona que vea que hay un entorno o servicio que no es accesible puede acudir a los tribunales y demandar a la administración”, denuncia la presidenta del CERMI de Castilla-La Mancha.

En la comisión de atención a la discapacidad creada en el Congreso de los Diputados algunos grupos parlamentarios también trataron de evitar que no se cruzara esa línea roja. “Nosotros presentamos una proposición no de ley, porque se venía encima la fecha y veíamos que no se iba a cumplir, que creara un fondo de un 1% de las grandes obras públicas para ir liquidando todas las barreras que existen. El año pasado presentamos una enmienda en los presupuestos para crear ese fondo y el PP votó en contra. Lo volvimos a intentar fuera de la fecha límite y el Partido Popular ha vuelto a vetarlo en la Mesa del Congreso, impidiendo el más mínimo debate parlamentario”, critica Joan Ruiz -portavoz del PSOE en la comisión sobre discapacidad-.

Según denuncian organizaciones como el CERMI, cerca del 50% de las páginas web de la administración pública no son accesibles para personas con una discapacidad auditiva, sensorial o visual. Además, el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios acerca de la accesibilidad de las viviendas españolas concluye que un 94% de los edificios incumple la normativa de accesibilidad universal.