La periodista Teresa Toda ha cogido infinidad de bolígrafos, pero jamás empuñó un arma. Aun así pasó seis años en la cárcel, acusada de colaborar con el terrorismo. Su delito: trabajar en el diario Egin, donde ocupaba el puesto de subdirectora. Aquella condena estuvo enmarcada en la teoría del "Todo es ETA" que nació en ese tribunal bajo el amparo del poder político. Junto a Toda hubo otros 47 ciudadanos vascos que acabaron en prisión –de los cuales nueve fueron posteriormente absueltos por el Tribunal Supremo-. Todos ellos pertenecían a diversos movimientos políticos, sociales y culturales del País Vasco. También había periodistas y abogados. O lisa y llanamente “etarras”, según la doctrina imperante entonces y que hoy, a pesar del nuevo escenario abierto en Euskadi, sigue vigente.

“El sumario 18/98 sirvió para ir tejiendo la posterior lucha antiterrorista”, señala a Público la ex periodista del diario Egin, cerrado también por orden de la Audiencia Nacional. “Entonces –continúa- se detuvo a gente que no tenía nada que ver con ninguna acción violenta”, reflexiona Toda, quien pide no olvidar que en esa teoría “no sólo participó el PP, sino que también estaba presente el PSOE”. “Lo malo es que todo eso perdura”, lamenta.

De hecho, aún quedan dos personas encarceladas por el denominado 18/98: el abogado Txema Matanzas y el militante abertzale Joxean Etxeberria. Se prevé que recuperarán la libertad en algunos meses. Será entonces cuando regresarán a una Euskadi que se parece muy poco a la que dejaron en noviembre de 2007, cuando se dio a conocer la condena contra todos ellos. Por entonces, ETA estaba en activo y mantenía como “objetivos militares” a políticos, policías, empresarios, periodistas… Por su parte, la izquierda abertzale ya había sido ilegalizada gracias a la Ley de Partidos, una polémica norma redactada con la única finalidad de dejar fuera de la política a un sector de la sociedad vasca.

Nada de eso existe a día de hoy. Sortu, la principal organización de la izquierda independentista, está integrada en EH Bildu, que en las elecciones autonómicas de septiembre pasado se convirtió en la segunda fuerza política más votada del País Vasco. ETA ya no tiene armas, al tiempo que discute su próximo e inevitable paso: la disolución. ¿Significa eso el fin del “Todo es ETA”? El jurista madrileño Enrique Santiago, presidente del Foro de Abogados de Izquierdas, tiene muy clara la respuesta.

"Desde que hace cinco años y cinco meses se produjo el cese de la violencia por parte de ETA, es cuando más profusamente se han utilizado los delitos de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas para castigar conductas que nada o poco tenían que ver con el nacionalismo vasco, como por ejemplo delitos relacionados con la práctica de la libertad de la expresión”, señala Santiago. Citó entonces a los titiriteros, a Cassandra Vera o al cantante de Def Con Dos, César Strawberry. “Se han utilizado figuras del Código Penal pensadas para luchar contra el terrorismo de ETA con el fin de aplicarlas únicamente para limitar la libertad de expresión”, remarcó el abogado.

A su juicio, para encontrar una explicación hay que mirar hacia las urnas. “Lo que queda claro es que la derecha española, y en especial el PP, necesitaban la excusa del terrorismo para poder mantener un importante vivero de votos”. “No hay más que ver lo poco que han trabajado por el cese de la violencia y el desarme de ETA –subraya-, llegando incluso a una situación extremadamente absurda, en la que durante años una organización armada quería dejar las armas y no había en la otra parte un gobierno dispuesto a cogerlas”.

De la “farsa” al silencio

Precisamente, los medios de comunicación que habitualmente ensalzan la teoría del “Todo es ETA” son los mismos que ahora cuestionan el verdadero alcance del desarme de esta organización. En algunos casos, como La Razón o ABC, lo tachan de “farsa”. En otros, como TVE, ni siquiera eso: tras el polémico telediario del sábado, en el que la noticia sobre la entrega de armas no llegó hasta el minuto 15, la televisión pública ha apostado este domingo por una escaleta muy similar a la del día anterior.

El informativo del mediodía de TVE1 arrancó con los atentados en Egipto, siguió con las repercusiones del ataque del pasado viernes en Suecia, la detonación de un objeto sospechoso en Oslo, los misiles de Trump contra una base aérea en Siria, los problemas de Venezuela, la devastación en Mocoa, el rescate de inmigrantes eritreos, el Big Ben cerrado por obras… Y el desarme de ETA, 16 minutos después, para referirse únicamente a la citación judicial de los verificadores internacionales por parte de la justicia francesa. La noticia no duró ni 20 segundos.

Según coinciden en señalar distintos expertos, en el fondo de todo esto subyace la denominada “batalla por el relato” sobre lo ocurrido en Euskadi durante los años del terror. “Aquí se debe aplicar un relato en el que no se deje en el tintero absolutamente nada”, afirma el reconocido activista vasco Andrés Krakenberger, quien presidió Amnistía Internacional entre 1996 y 2001. “Desde un punto de vista ético, relatar las conculcaciones de derechos por parte de unos no implica una minusvaloración de las violaciones realizadas por parte de otros. Solo así vamos a poder superar esta cuestión”, señala.

A la hora de escribir ese relato, Krakenberger tiene claro que el Estado “debe reconocer que ha utilizado la brocha gorda a la hora de perseguir a ETA, cuando tendría que haber empleado herramientas de mayor precisión”. “Durante años se detuvo a mucha más gente de la necesaria, condenándola a penas de telediario, cuando en realidad era puesta en libertad sin cargos poco después”, destaca. Este defensor de los derechos humanos también tiene presente otros casos recientes, como los tuiteros condenados por enaltecimiento del terrorismo “incluso cuando ETA dejó de matar hace ya mucho tiempo”.

“Tendencia preocupante”

Sus críticas son compartidas por la actual dirección de Amnistía Internacional (AI) en España, que en un documento emitido a principios de marzo advertía sobre “la problemática definición de terrorismo en el Código Penal”. “La última reforma, aprobada el mes de julio de 2015, amplió de manera desproporcionada los tipos de terrorismo con el riesgo de castigar comportamientos pacíficos o comportamientos que no tienen naturaleza terrorista”, subraya esta organización en su informe. Se trata, precisamente, de la nueva base legal del “Todo es ETA”.

El presidente de AI en España, Esteban Beltrán, recurre a unas cifras elocuentes: en 2011, año en el que ETA deja de matar, solamente se condenó a una persona por apología y enaltecimiento del terrorismo, mientras que en 2016 hubo 28 casos de casos de este tipo. Eso refleja una tendencia muy preocupante, sobre todo cuando ETA dejó de ser un elemento vulnerador de derechos humanos hace ya cinco años”. Advierte además que el delito de colaboración con banda armada “es un cajón de sastre”. “El Relator de Derechos Humanos de la ONU –recordó Esteban- ya expresó su preocupación por la ambigüedad de su definición, así como su temor de que se aplique a personas que actúan pacíficamente”. “ETA desaparece, pero queda la legislación antiterrorista sin tocar”, subrayó el presidente de AI.

Del mismo modo, las asociaciones Abogados Europeos Demócratas (AED) y European Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH) han emitido sendos pronunciamientos en los que cuestionaban las detenciones de juristas vascos bajo la acusación de mantener vínculos con el terrorismo. Un concepto que hoy, con ETA ya inactiva y desarmada, se sigue aplicando igual que ayer y anteayer.