Un mes para que tengan lugar buena parte de los eventos que decidirán el futuro de la legislatura del primer Gobierno de coalición de la historia reciente. La actividad que acogerá el Congreso en octubre será inusual y decisiva a la hora de resolver aquellas cuestiones pendientes que, más allá de suponer el 'cierre' del 2020, extenderán sus consecuencias a los próximos años, precisamente por el calado de los asuntos que se van a tratar.

Este jueves, el Pleno de la Cámara Baja aprobó por mayoría absoluta la creación de una comisión que tendrá por objeto investigar el supuesto espionaje que el PP, a través del Ministerio del Interior, efectuó sobre el extesorero del partido Luis Bárcenas con el fin de conocer información y anular pruebas inculpatorias en casos de corrupción.

El órgano investigará las posibles responsabilidades políticas que se puedan derivar de la denominada operación Kitchen. Tras su aprobación en sesión plenaria, los grupos deberán llegar a un acuerdo para conformar la Mesa de la comisión, elegir a la persona que ocupará la Presidencia y establecer un calendario con comparecencias.

La previsión es que se constituya en este mes de octubre, y en el escrito de petición de apertura de la comisión (registrado por el PSOE y Unidas Podemos) se apunta hacia las posibles comparecencias de, entre otros, Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz o María Dolores de Cospedal. Además, los de Pablo Iglesias ya han avanzado que, a su juicio, también debería comparecer el actual líder del PP, Pablo Casado.

La duración de los trabajos de la comisión se ha establecido en tres meses, por lo que su actividad y las comparecencias se extenderán, por lo menos, hasta el próximo año. Este calendario se podría ampliar si así lo acuerda el Pleno de la Cámara; la última comisión parlamentaria que investigó la corrupción del PP (la de la denominada caja B) se mantuvo activa durante casi dos años.

También en octubre está previsto que el Gobierno se enfrente a la moción de censura registrada por Vox el pasado lunes. El partido de ultraderecha anunció que registrarían la iniciativa hace varios meses, pero no ha sido hasta esta semana cuando se han decidido a hacer efectivo su compromiso. Se trata de la quinta moción de censura de la historia reciente, con un historial de cuatro derrotas (Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980; Antonio Hernández Mancha contra Felipe González en 1987; Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy en 2017) y una moción exitosa (Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018).

El candidato de la moción será el presidente de Vox, Santiago Abascal, aunque el encargado de defender la iniciativa será el diputado de la formación Ignacio Garriga. La formación de ultraderecha está muy lejos de lograr la mayoría absoluta necesaria para tumbar al actual presidente del Gobierno, sobre todo después de que el PP anunciara que no votarían a favor al entender que estaba condenada al fracaso desde el principio.

Una moción sin el PP y condenada a la derrota

Otra prueba de fuego para el Ejecutivo de coalición que marcará la legislatura es la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Los grupos parlamentarios coinciden en que las cuentas de 2021 serán cruciales para afrontar los próximos años, tras la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Desde hace semanas el Gobierno mantiene contactos con los diferentes partidos sobre este asunto, aunque estas primeras reuniones han servido, sobre todo, para tantear la predisposición de los grupos a la hora de dar su apoyo a los Presupuestos.

Nada ha trascendido aún de la política económica que quiere impulsar el Gobierno, y el PSOE y Unidas Podemos están cerrando el borrador sobre el que se negociará el proyecto presupuestario definitivo. Antes de eso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene que llevar a las Cortes el denominado techo de gasto, la senda de estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit. A pesar de que la intención era llevar el techo de gasto al Congreso antes de que finalizara septiembre, Montero asumió el pasado martes que se produciría un retraso y avanzó que el Gobierno cumpliría con este trámite parlamentario en las próximas semanas.

Los objetivos de déficit constituyen la antesala de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El objetivo del Gobierno es tener las cuentas aprobadas antes del 1 de enero, por lo que deberían iniciar su tramitación en el Congreso, a más tardar, a mitades de octubre. Sin embargo, la propia titular de Hacienda aseguró barajar la posibilidad de establecer una prórroga técnica de los Presupuestos actuales (los de 2018), que estarían en vigor las primeras semanas de enero de 2021, hasta que se aprobaran las nuevas cuentas.

El Ejecutivo quiere contar en sus Presupuestos con la previsión del gasto en pensiones y, para ello, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha apremiado a la Comisión para el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo a cerrar las denominadas recomendaciones. Este dictamen de la comisión debe contener el marco en el que Ejecutivo y agentes sociales negociarán la reforma del sistema de pensiones.

La reforma de las pensiones, presente en los Presupuestos

Los grupos parlamentarios iniciaron sus trabajos a principios de año con el acuerdo de seguir trabajando sobre el borrador que hace dos legislaturas casi logra salir adelante. Sin embargo, y a pesar de que el texto estaba muy avanzado, la irrupción de la pandemia del coronavirus obligó a interrumpir los trabajos, que se volvieron a retomar en el mes de junio.

Los grupos evaluaron, junto a representantes del Ministerio de Inclusión Social, si el borrador sobre el que habían estado trabajando podría servir en el contexto económico actual, completamente transformado por las consecuencias económicas de la covid-19. Tras acordar seguir trabajando sobre esas mismas recomendaciones, se pusieron el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que acabase el mes de septiembre.

Al no poder cumplir con esta previsión, el nuevo objetivo de los grupos es el de cerrar las recomendaciones en las próximas semanas. Si la comisión aprueba el dictamen, el texto pasará al Pleno del Congreso, donde debe ser ratificado. De cumplir con este calendario, la Cámara Baja podría tener lista la reforma de las pensiones en octubre, una reforma que, entre otras medidas, establece por ley el blindaje de las pensiones de acuerdo al coste de la vida.