No hay bases suficientes para garantizar la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo y el tiempo comienza a apremiar. El apretado calendario establecido y la ausencia, a día de hoy, de una mayoría que garantice el éxito de la iniciativa en el Congreso de los Diputados complican sobremanera el objetivo perseguido por el Gobierno, en general, y por el Ministerio de Trabajo, en particular.

La premisa que provoca las prisas en el Ejecutivo tiene que ver con que la reforma de este subsidio (el que cobran los trabajadores que han agotado su paro) es una de las modificaciones legislativas comprometidas con Bruselas para que España pueda recibir el cuarto pago de los fondos europeos.

Para lograr el éxito de la reforma, Trabajo necesita un doble acuerdo o, más bien, un acuerdo en dos foros distintos: en la mesa de diálogo social con los principales sindicatos (Comisiones Obreras y UGT), por un lado; y en el Congreso de los Diputados, para armar una mayoría parlamentaria que convalide el decreto, por otro.

En este momento hay varias negociaciones abiertas en estos dos ámbitos (entre el Gobierno y el resto de actores parlamentarios y sindicales), pero también se han producido reuniones entre los sindicatos y los partidos políticos. La pasada semana, de hecho, CCOO mantuvo una reunión con Podemos para pulsar el estado de la cuestión e intercambiar información.

Todos los actores constatan que a día de hoy no existe un acuerdo en ninguno de estos foros, ni en la mesa de diálogo social ni en el Congreso; aunque algunas voces trasladan que, en principio, será más sencillo el pacto entre Trabajo y los sindicatos que el acuerdo parlamentario. Paradójicamente, el segundo es el que más importa desde el punto de vista estricto de la aprobación de la reforma, ya que tiene que ser convalidada por el Congreso.

El Congreso tumbó la reforma del subsidio en enero

Para entender las dificultades que obstaculizan el acuerdo hay que remontarse a lo sucedido en enero, cuando el Partido Popular, Vox, UPN y Podemos tumbaron el denominado decreto de conciliación aprobado por el Gobierno, que contenía, entre otras medidas, la reforma del subsidio por desempleo.

Esa votación provocó un enfrentamiento directo entre el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y los de Ione Belarra, en un momento en el que las relaciones entre la formación morada y Sumar (la organización liderada por la vicepresidenta segunda) no pasaban por su mejor momento (Podemos había decidido salir del denominado Grupo Plurinacional apenas unas semanas antes de dicha votación).

La reforma del subsidio por desempleo se gestó durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, después de una intensa batalla entre Economía y Trabajo. Finalmente se impusieron las tesis de Díaz y el subsidio pasó de los 480 euros anteriores en todo su ciclo a 570 euros en los seis primeros meses de la prestación, a 540 euros en los siguientes seis meses, y se mantenía en los 480 euros durante el resto de duración de la prestación, excepto para los mayores de 52 años, para los que la prestación se mantenía igual, en 480 durante todo el ciclo de la ayuda.

También hubo otras modificaciones en la cobertura del subsidio. Se incorporaron a la prestación las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, los eventuales agrarios y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. Se eliminaron, además, algunas barreras y se adoptaron medidas para agilizar y facilitar el acceso al mismo.

Los de Belarra habían anunciado desde que se aprobó el decreto su rechazo el mismo porque, denunciaron, contenía un recorte para los beneficiarios mayores de 52 años: la reducción desde el 125% al 100% de manera progresiva y hasta el 2028 de la base mínima de cotización para estas personas.

Disputa entre Trabajo y Podemos

La base mínima de la cotización de esta prestación viene dada por el salario mínimo interprofesional. Durante el Gobierno de Zapatero se introdujo una reforma para incrementarla desde el 100% hasta el 125% para compensar el bajo salario mínimo interprofesional que existía en ese momento; Mariano Rajoy lo devolvió al 100% durante su mandato y Pedro Sánchez recuperó el 125% cuando alcanzó la Presidencia del Ejecutivo.

Para el Gobierno, esta fórmula se trataba de una sobrecotización que sólo tenía sentido en un contexto de SMI bajo, pero que perdía su función y su necesidad después de las sucesivas subidas del salario mínimo de los últimos años. 

Para Podemos, más allá de que la subida del SMI haya mejorado la cotización de este colectivo, el recorte era "innegable" y el impacto, notable, ya que podía comprometer la cuantía de las pensiones de los mayores de 52 años en paro que, además, no veían incrementada la cuantía del subsidio por desempleo cuando agotaban la prestación contributiva.

También los sindicatos criticaron la reforma; en su caso porque el Gobierno no inició un proceso de diálogo social con ellos para diseñar el nuevo subsidio. Sin embargo, tanto CCOO como UGT pidieron a los grupos parlamentarios apoyar el decreto en el Congreso para mantener los avances de la nueva cuantía y de la mayor cobertura que contenía.

El fracaso del primer decreto (y la forma en que fracasó, con un enfrentamiento abierto entre Podemos y el Ministerio de Trabajo, y con llamadas de atención de los sindicatos hacia el Gobierno al entender que el Ejecutivo estaba descuidando el diálogo social) complica el acuerdo para una segunda reforma. El Gobierno, los sindicatos y los grupos parlamentarios tienen apenas un mes para cerrar un pacto del que dependería el cuarto pago de los fondos europeos.