La exalcaldesa de Madrid Ana Botella eludió este miércoles cualquier responsabilidad en la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) al fondo buitre Blackstone en 2013 durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el ex consejero delegado de la EMVS Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, el fondo que resultó adjudicatario de las viviendas, Alfonso Benavides.

Esquiva, con respuestas breves, casi monosilábicas, y recurriendo muchas veces a la coletilla "no recuerdo", Botella ha echado la culpa a otros de aquella venta irregular que causó un quebranto a las arcas municipales del Ayuntamiento de Madrid de 22,5 millones de euros al venderse por debajo de su valor de mercado, según reconoció en su momento el Tribunal de Cuentas.

Durante la declaración de la exalcaldesa se escucharon gritos y protestas de miembros de la Asociación de Afectados por dicha venta de viviendas que se encontraban a las puertas de la Audiencia Provincial.

Botella declaró ante el tribunal que la venta "fue conforme a derecho". Además, insistió en que "se respetaron los derechos de los inquilinos".

A preguntas de la acusación particular, formada por la Asociación de Afectados, Botella echó la culpa de todo a la EMVS y se escudó en que este organismo municipal "tenía autonomía". Botella también recurrió en muchas ocasiones a la respuesta comodín "no recuerdo" o "desconozco" cuando le preguntaron por los detalles de la operación. La exalcaldesa madrileña indicó que su equipo de Gobierno "se limitó a cumplir con la legalidad para salvar la empresa" en referencia a la EMVS.

La crisis económica

Lo cierto es que fue Botella, junto a otros seis concejales, quien aprobó y dio luz verde el Plan de Viabilidad que contemplaba la enajenación de las viviendas de la EMVS en junio de 2013. "El plan de viabilidad fue fundamental porque en un año la EMVS volvió a estar en positivo y gracias a eso ha continuado funcionando y ha podido continuar cumpliendo su fin social", justificó Botella ante el Tribunal.

Botella, además, se escudó en la situación económica que vivía España en 2013, el año que produjo la operación, y esta vez sí fue capaz de recordar a los presentes en la sala las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a la que estaban obligadas las administraciones y los organismos públicos en virtud de la conocida como ley Montoro.

"El Ayuntamiento hio lo que tenía que hacer: mantener la EMVS y a la vez prestar las ayudas sociales básicas", afirmó Botella desentiéndose de un asunto que ha marcado su carrera política.

La brevedad con la que Botella respondió a la mayoría de las preguntas provocó la queja de uno de los abogados de la acusación particular, quien le pidió en repetidas ocasiones que "contestara a lo que se le preguntaba".