El caso Juvillà sigue marcando la actualidad parlamentaria en Catalunya. Después de días sin dar prácticamente información más allá de una entrevista en Rac1, este lunes la presidenta de la cámara, Laura Borràs, ha dado explicaciones sobre su gestión del caso en una Junta de Portavoces pública. Después de celebrarse a puerta cerrada, como es habitual, se ha abierto a petición de los grupos, a pesar de la falta de precedentes al respecto y del cuestionamiento sobre si se trata del formato idóneo, por la incapacidad de los medios de hacer preguntas.

En cualquier caso, Borràs ha afirmado que "por voluntad propia" ha querido dar explicaciones para esclarecer la cronología de los hechos que han comportado que el diputado de la CUP Pau Juvillà haya acabado perdiendo el escaño. Juvillà, secretario tercero de la Mesa del Parlament, fue condenado en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a seis meses de inhabilitación por desobediencia. A raíz de esto, la Junta Electoral Central (JEC) exigió que se le retirara el escaño inmediatamente, sin esperar una sentencia firme tal como marca el reglamento de la cámara. Tras un rifirrafe entre el órgano administrativo y los grupos independentistas, finalmente el escaño le fue retirado oficialmente el 28 de enero, aunque sin una explicación clara por parte de la presidenta.

Borràs ha puesto de manifiesto que la Junta de Portavoces sólo se había realizado de forma pública en tres ocasiones y por cuestiones vinculadas al terrorismo, como son los atentados de ETA y también por la Guerra de Irak. La presidenta ha querido subrayar que en el caso "análogo" de la retirada de escaño al expresidente Quim Torra "eso no sucedió", en un enésimo ataque a su predecesor, Roger Torrent, de ERC.

El 17 de diciembre Juvillà sí votó

Borràs ha hecho un relato de la cronología del caso y ha dado explicaciones, aunque parciales, sobre los episodios más controvertidos. En primer lugar, sobre el pleno del 17 de diciembre, ha reconocido que se equivocó al considerar que Juvillà no había votado. En una entrevista, dijo que Juvillà no había votado al considerar que incurría en conflicto de intereses. Ese día, se votó por primera vez un dictamen que apoyaba el mantenimiento del escaño del diputado. "En una entrevista dije que no lo había hecho porque estaba convencida de que no. Me equivoqué", ha dicho.

El 27 de enero, la Junta Electoral Central da un plazo de cinco días hábiles a Borràs para retirar el escaño a Juvillà. El 3 de febrero, un día antes de que finalice el plazo, Borràs convoca un pleno "sin indicación alguna" para que Juvillà no sea convocado. Ese mismo mediodía, la CUP pide registrar la delegación de voto de Juvillà, que no podía asistir presencialmente por cuestiones de salud.

Sin embargo, según Borràs, el registro ya estaba cerrado y la petición de delegación del voto no pudo realizarse de forma electrónica. Se admitió a trámite en papel, pero no se autorizó la delegación "para evitar una impugnación por conflicto de intereses", ha dicho. Para ella, esto demuestra que a 3 de febrero todavía era diputado, porque de no haberlo sido, no se hubiera podido admitir a trámite.

Anteriormente se había informado que Borràs no había admitido a trámite la delegación del voto. Este lunes ha aclarado que no es que no se admitiera a trámite, sino que se generó "cierta confusión" porque el programa informático del Parlament no distinguía entre admisión a trámite y autorización, algo que ya ha sido corregido.

Escrito de la secretaria general

En cualquier caso, el mismo 3 de febrero, la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, hace un escrito en el que explica que "por imperativo legal" ha tenido que dar explicaciones a la JEC sobre cómo se había retirado el acta del diputado, con efectos retroactivos desde el 28 de enero. Por eso, desde ese mismo momento en la web del Parlament el diputado aparece como dado de baja con esta fecha.

Borràs asegura que la Mesa no había recibido el escrito previamente y pidió un informe al respecto, porque "no es admisible que los servicios de la Cámara ejecuten instrucciones antes de que la mesa se haya reunido".

Asimismo, al día siguiente a las 8.44 de la mañana, la cuenta corporativa del Parlament difunde un tuit informando que la baja se ha publicado en el boletín de la institución. "Esto es otra anomalía", ha dicho Borràs, que lo ha calificado de actuaciones "totalmente improcedentes" porque "nunca el Twitter oficial puede anunciar algo que no ha pasado".

Por todo ello, ha concluido, se publica el 28 de enero como fecha oficial de baja "sin que la presidenta haya dado ningún orden en este sentido". Borràs lo ha calificado de "íntima y dolorosa disociación" entre lo que marca la jerarquía y las maniobras para evitar consecuencias penales.

La presidenta lo ha atribuido al "miedo" de los funcionarios y ha remarcado que no quiere "culpabilizar" a los trabajadores. También ha hablado de una "realidad paralela" entre la "legalidad española" y la "legitimidad del Parlament", y ha dicho que mientras que el 20 de enero la JEC retira la credencial a Juvillà, para el Parlament es diputado hasta el 4 de febrero.

La oposición carga

Los grupos de la oposición han cargado contra unas explicaciones que han considerado insuficientes y han acusado a Borràs de mentir. Los Comunes han lamentado que el caso se haya convertido en "una batalla entre el independentismo" para enfrentar la gestión de Borràs a la de Torrent y han cuestionado que no se informara a la Mesa de las decisiones tomadas por los trabajadores de la Cámara, algo que el portavoz David Cid ha calificado de "inexplicable". "¿Usted mantiene la confianza en una secretaria general que no comunica, no informa?", ha preguntado Cid, sin obtener respuesta de Borràs.

La derecha españolista lo ha calificado de "esperpento", así como el PSC, que ha pedido "una necesaria renovación" de la Mesa. La portavoz de ERC, Meritxell Serret, ha querido "cerrar filas" con Borràs, aunque no ha dejado de remarcar que fue una actitud que echaron en falta cuando Torrent se encontró en la misma situación.

"No nos ensañaremos porque tenemos claro que no debemos desgastarnos entre independentistas cuando estamos afrontando la lucha antirrepresiva", ha dicho. La portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, ha incidido en si se convocó o no a Juvillà en el pleno el 3 de febrero porque "no estar convocado es de facto no ser diputado", aunque no ha obtenido una respuesta clara, y ha remarcado "la necesidad de mantener la coherencia entre el relato y los hechos".

Borràs ha respondido a las críticas de los grupos independentistas apuntando a la necesidad de la "unidad" para hacer frente a la "violabilidad" del Parlamento: "Sin reproches, debemos rehacer las confianzas rotas".