El Parlament de Catalunya vive estos días una especie de déjà vu, una historia ya vivida con anterioridad en la que, prácticamente, se repiten los mismos capítulos y terminará con un final calcado. En esta ocasión, el principal protagonista de la historia es Pau Juvillà, diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, que el pasado diciembre fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a seis meses de inhabilitación por desobediencia.

Aunque la sentencia no es firme –está recurrida al Tribunal Supremo– la Junta Electoral Central (JEC) exige que se le retire el escaño inmediatamente –el plazo de su orden expira el viernes–. Una potestad de la JEC que le otorga el hecho que el delito de desobediencia por el cual ha sido sentenciado en primera instancia por le TSJC se enmarca en el catálogo de delitos del código penal contra la administración pública, y por tanto "se debe entender que incurre en el supuesto de inelegibilidad previsto en el artículo 6.2 b) de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), según el órgano administrativo electoral.

Tanto Juvillà como el Parlament han pedido medidas cautelares al Tribunal Supremo para que deje sin efectos la exigencia de retirada del escaño del diputado por parte de la JEC hasta que dictamine sobre el fondo del asunto y la sentencia sea firme o sea revocada –caso poco probable–. Además, a diferencia de lo que sucedía hasta este miércoles, ahora los grupos independentistas ya se limitan a pedir que la retirada del escaño no se produzca al menos hasta que el Supremo se pronuncie sobre estas cautelares, pero la línea de defensa del parlamentario anticapitalista ya no pasa por pedir una "sentencia firme" de su condena. Por ello, es altamente improbable que la semana que viene Juvillà siga siendo diputado. Todo el guión remite a lo sucedido hace poco más de dos años con Quim Torra, entonces presidente del Govern. Pero vayamos por partes.

Condenado por no retirar lazos amarillos

El origen de los hechos se remonta a marzo de 2019. En aquellos momentos, Pau Juvillà era concejal de la Crida per Lleida –la marca de la CUP en los comicios locales– y tenía lazos amarillos en solidaridad con los entonces presos políticos independentistas colgados en las ventanas de su despacho municipal. A raíz de una denuncia de Ciudadanos, la Junta Electoral Central ordenó su retirada antes de la campaña para les elecciones a las Cortes españolas de abril de 2019 -a las cuáles la CUP no se presentaba-, algo a lo que el edil se negó. Pese a que los lazos fueron finalmente retirados por los Mossos d'Esquadra antes de los comicios, Juvillà fue juzgado por el TSJC y el pasado 14 de diciembre fue condenado a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por desobediencia.

La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo y, por lo tanto, todavía no es firme, pero pese a ello, la JEC ordenó el 20 de enero la retirada del escaño a Juvillà, con el argumento de que se daban la razones de su "inelegibilidad sobrevenida". El día 28 el organismo electoral fue un paso más lejos y emitió directamente un ultimátum al Parlament, dándole un plazo de cinco días hábiles –que expira esta viernes– para que ejecute su orden, sin que necesariamente estén resueltos los recursos de la cámara –presentado con los votos favorables de los tres partidos independentistas y de En Comú Podem– y del propio diputado al Supremo pidiendo que la instrucción no se ejecute hasta que el alto tribunal dictamine si la condena del TSJC es firme, algo que previsiblemente no sucederá hasta dentro de unos meses.

El precedente de Quim Torra hace pensar que el Supremo avalará la decisión de la JEC. En círculos parlamentarios se da por hecho que la secretaria general de la cámara legislativa, Esther Andreu, acatará la orden ejecutiva de la JEC y, por lo tanto, le quitará el escaño. Algo que de facto ya asumen los grupos independentistas. Además, se da la circunstancia que por problemas de salud –él mismo ha comunicado este miércoles que padece un cáncer y que está recibiendo tratamiento–, la CUP ha propuesto que el diputado Carles Riera lo releve como secretario tercero de la Mesa. Con todo, hasta el momento ni Juvillà ni la CUP han recibido ninguna confirmación por parte del Parlament de que haya perdido el escaño.

La 'defensa' del Parlament

El caso Juvillà, que constituye un nuevo capítulo de la represión que desde hace años sufre el independentismo, ha provocado que el Parlament altere su funcionamiento esta semana. El martes la Mesa propuso paralizar toda la actividad hasta que la Comisión del Estatuto de los Diputados emitiera un nuevo dictamen sobre el caso, algo que ha sucedido este miércoles con una resolución aprobada por los tres grupos independentistas y En Comú Podem que tiene dos aspectos claves.

Por un lado, pese a introducir el matiz que la retirada del escaño "no se podría producir" porque no existe sentencia firme, defiende que, al menos, la orden de la JEC no se ejecute inmediatamente si no que se espere a la resolución de las cautelares por parte del Supremo. A la práctica esto supone no seguir lo que dicta el reglamento de la cámara catalana, que establece que sólo se retira el escaño a un diputado en el caso que la condena sea firme. Y, por otro lado, expone que "las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos". Si se incumple la orden de la JEC y Juvillà mantiene su derecho a voto y sigue cobrando su nómina, funcionarios como la secretaria general de la cámara, Esther Andreu, sufrirían represión judicial.

Este lunes, la presidenta de la cámara, Laura Borràs (Junts), pretendía ordenar la suspensión de la actividad parlamentaria, pero las más que probables consecuencias jurídicas de una acción de este tipo la hicieron echarse atrás. Con todo, el efecto práctico ha sido parecido, ya que las comisiones que estaban convocadas para este miércoles se han suspendido –a instancias de sus respectivos presidentes- o anulado -por falta de cuórum– ante la ausencia de los diputados independentistas, los únicos que defendían modificar la actividad prevista en la institución.

Los otros movimientos de apoyo al diputado anticapitalista sí que contaron con un apoyo más amplio. El 18 de diciembre, cuatro días después de la sentencia del TSJC, el Parlament aprobó una resolución para manifestar que Juvillà mantendría el escaño hasta que exista una condena firme, una decisión validada también por el PSC y En Comú Podem. Una resolución que ya ha quedado superada. El gesto no amilanó a la JEC, que ordenó la retirada inmediata del escaño, algo que propició un recurso de la cámara hace unos días pidiendo medidas cautelares ya sin el apoyo del PSC, pero sí de En Comú Podem.

El martes, en una comparecencia sin preguntas, Laura Borrás acusó a la JEC de querer "imponerse por encima de lo que ha aprobado el Parlament", y pidió ser "firmes contra la represión", defender "la soberanía" de la cámara y estar "unidos ante las injerencias del Estado". Con todo, a la hora de la verdad su retórica inflamada no se traduce en una desobediencia real.

El precedente de Torra

No hace falta navegar muy lejos en la hemeroteca para encontrar un caso prácticamente idéntico al de Juvillà en la política catalana. Lo protagonizó hace poco más de dos años Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat. El 19 de diciembre de 2019 Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por el TSJC, también por su desobediencia después de negarse en primera instancia a acatar a la JEC y retirar una pancarta de apoyo a los presos políticos colgada del balcón del Palau de la Generalitat.

El 3 de enero de 2020, el organismo electoral ordenó la retirada del escaño de Torra, que era diputado de Junts per Catalunya, algo que avaló el Supremo el día 23 del mismo mes desestimando el recurso de la cámara. Finalmente, el 27 de enero el Parlament acató la orden y Torra se mantuvo como president, pero sin escaño, hasta que el 28 de setiembre de 2020 el Supremo ratificó la condena por desobediencia.

La sucesión de los hechos generó una intensa campaña de Junts contra el dirigente de ERC Roger Torrent, ahora conseller de Treball y entonces presidente de la cámara legislativa, pero en el fondo nada hace prever que la actuación de Borrás difiera mucho de la que tuvo su antecesor en el cargo. El argumento era que Torrent no había defendido el escaño de Torra, pero la realidad es que la retirada llegó tras la orden del Supremo que avalaba la exigencia de la JEC.

En el caso de Juvillà la única duda reside en si la retirada del escaño esperará a que se pronuncie el alto tribunal sobre las medidas cautelares o, como tarde, se ejecutará el viernes a instancias del organismo electoral. Y es que si realmente se optara por desobedecer lo que marca la Junta Electoral se entraría en una nueva espiral represiva de actuaciones judiciales contra la presidenta Borràs, y el resto de miembros de la Mesa del Parlament que avalaran la desobediencia a la JEC, algo que los grupos independentistas también quieren evitar.