La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de lo Penal número 31 en el que se opone a que se retransmita en directo el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. El Ministerio Público intenta justificar esta postura alegando que lo hace "en aras a garantizar el derecho de defensa". 

En un escrito de dos párrafos remitido la semana pasada al juzgado y difundido este martes, el Ministerio Público se opone a la retransmisión "en aras a garantizar el derecho de defensa", para evitar "que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados" y proteger "la identidad e intimidad de aquellos testigos anónimos que han sido llamados a declarar".

La Fiscalía añade, no obstante, que su postura "en ningún caso supone que, dado el interés relevante y público de la causa, se adopten las medidas oportunas para permitir la grabación o puesta a disposición de los medios necesarios para que los medios de comunicación acreditados puedan tener acceso a la citada vista oral y de lo que allí suceda".

Las maniobras para evitar la retransmisión

El escrito se produce tras la petición del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había solicitado permiso al juzgado para proporcionar señal en directo de las sesiones a la prensa en "aras de la transparencia judicial" y dado "el interés social" del procedimiento en el que el PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se sientan en el banquillo por la destrucción "a conciencia" de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del partido.

Las defensas de los procesados, incluido el Partido Popular, han remitido escritos al juzgado oponiéndose a la emisión al entender que no existe ese interés social, puesto que las personas que comparecerán como acusadas, especialmente la que representa a la formación política y que ha sido designada para tal fin, son anónimas y quieren seguir siéndolo. Creen que el objetivo es un juicio paralelo y que perjudicaría, además del honor, el derecho de defensa.

Para el PP, basta con la presencia de periodistas en la Sala del juicio para garantizar el derecho a la información, pues "no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía".

Mientras, la defensa de Navarro, que también se opone a la emisión, incide en que "no es Bárcenas a quien las acusaciones populares someten a pena de banquillo" ni se trata del enjuiciamiento "de ninguna persona que haya ejercido cargo público electo o institucional".

"Lo que conscientemente se omite en la solicitud es el exclusivo interés en la declaración potencialmente mediática de dos de los testigos, que sí han sido personajes públicos", apunta en relación a Bárcenas y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que están citados a partir del 20 de junio.

"Pero el interés en la declaración de estas dos personas no puede amparar el sacrificio de los derechos de los acusados ni del resto de los testigos y peritos. Ninguno de los letrados partícipes en el proceso debería apoyar lo contrario ni siquiera ante la seducción de un minuto de publicidad televisiva", añade la defensa.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa en este procedimiento, que se sustenta con la acusación ejercida conjuntamente por IU, Adade y el Observatori DESC, que no se oponen a la retransmisión de las sesiones del juicio oral.