Ciudadanos lo advirtió durante la campaña electoral y este lunes lo ha aprobado, Ejecutiva Nacional mediante: los candidatos socialistas que quieran pactar con la formación 'naranja' para conformar acuerdos de gobierno deberán comprometerse a firmar un decálogo de 10 puntos. En el primero de ellos, el partido que preside Albert Rivera exige que desde el PSOE —ya sea candidatos autonómicos o municipales— se apoye la suspensión inmediata e indefinida de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución "en el caso de que el govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional".

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha admitido este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión que considera "complicado" que los barones territoriales se distancien del actual presidente del Gobierno — que se muestra más partidario del diálogo en Catalunya —y apela a estos dirigentes a desafiar al "sanchismo". Desde la dirección estatal destacan que se hará una "excepción"—es decir, no se pedirán estos requisitos— en territorios como Barcelona, Navarra o las diputaciones de Lleida y Barcelona, donde sí esperan pactar con los socialistas.

El Gobierno, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya sería "inconstitucional" y una "usurpación del poder autonómico" en las circunstancias actuales. Aunque Pedro Sánchez votó a favor de su aplicación tras el referéndum de 1 de Octubre, con el 'popular' Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, ahora considera que sólo entorpecería la convivencia y el diálogo.

Uno de los socialistas con los que Ciudadanos puede pactar el gobierno autonómico es Javier Lambán, el líder del PSOE en Aragón, que pertenece al sector más crítico con Sánchez. Lambán se ha se ha mostrado, en diversas ocasiones, a favor de aplicar el 155: "El Estado ha de volver a Catalunya con todas las consecuencias, de la misma manera que está presente, por ejemplo, en Aragón. Y eso trasciende de una hipotética aplicación del artículo 155", aseguraba en diciembre de 2018. Junto a Emiliano García-Page, se alzó en contra de la gestión de la Moncloa ante el procés independentista.

Por su parte, el PSOE de Castilla y León —otra de las regiones en disputa, donde Ciudadanos suma tanto con el PP como con el PSOE— ha enviado un comunicado a los medios en el que tiende la mano a Cs para iniciar las conversaciones que "lleven a un cambio de Gobierno" en la Comunidad tras "el nuevo escenario" que ha surgido después del acuerdo de la Dirección nacional de la formación 'naranja' política en el que se establece un "decálogo" ante los pactos en las autonomías.

Sin embargo, Villegas ha asegurado que Cs es un partido "previsible" y ha recalcado que el socio preferente es el PP "allá donde se pueda", como ya anunciaron durante la campaña. La intención de los 'naranjas' es reeditar el pacto a la andaluza como opción prioritaria, sin incluir a Vox en el gobierno, por lo que es probable que Castilla y León caiga del lado de los 'populares', a pesar de que el líder de Ciudadanos en la región, Paco Igea, se muestra más partidario de un cambio de gobierno —el PP lleva tres décadas presidiendo la comunidad— tras lo que considera "años de soberbia y clientelismo" de los conservadores.

Los requerimientos de Cs ante los pactos electorales

En materia fiscal, Ciudadanos apuesta por bajar los impuestos "a las familias y las empresas" en el ámbito autonómico y suprimir el "injusto" Impuesto de Sucesiones en las herencias y donaciones entre parientes directos. También plantea adoptar "las medidas necesarias para proteger a los contribuyentes" de la comunidad autónoma ante las posibles subidas de impuestos que apruebe el Gobierno central.

Los de Rivera exigen también la creación de una tarjeta sanitaria única, reducir las listas de espera de la sanidad pública "asegurando la financiación necesaria". Apuestan por "una revolución de la educación", un proyecto para la mejora de la vida de las familias, el apoyo a los autónomos y emprendedores, la simplificación de la burocracia, la lucha contra la "corrupción y los dedazos", un nuevo modelo de financiación autonómica y, por último, la defensa de los derechos LGTBI y la erradicación de la "lacra" de la violencia machista.