MADRID.- El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha acusado a la formación política de financiarse ilegalmente desde 1982 a través de un sistema paralelo durante las etapas de Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy.

En su escrito de defensa, Bárcenas sostiene que dicho sistema era piramidal y que los órganos de dirección y gestión eran "plenos conocedores" del origen y destino de las donaciones. Tanto Fraga como Aznar y Rajoy recibieron donativos durante sus presidencias.

Los partidos mayoritarios se financian al margen de la legalidad

"Con carácter general los Partidos Políticos mayoritarios (PP, PSOE, CiU y PNV, y otros), como se desprende de distintas causas judiciales y de múltiples informes del Tribunal de Cuentas se han venido financiado históricamente al margen de la legalidad".

Con este párrafo, Luis Bárcenas sitúa la existencia y funcionamiento de la Caja B de su partido que funcionaba desde "al menos" el año 1982. Bárcenas expone que el manejo de donativos en el PP al margen de la ley era un sistema "perfectamente institucionalizado, donde, como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba a abajo", correspondiendo a Bárcenas una labor de "mero amanuense".

Con Fraga los donativos se recibían por medio de sociedades

Entre 1982 y 1986 los donativos "eran recibidos fundamentalmente" por Manuel Fraga, que se los entregaba al secretario general o al tesorero. En esta época, las "máximas instancias" de Alianza Popular constituyeron sociedades para recibir ingresos por donativos.

Las sociedades de esta época que cita Bárcenas son: Sipsa, Opisa, Hermogenes y Hernandez Carretero. Y explica al tribunal que figuran como accionistas el Secretario General, el Secretario Electoral y el Secretario de política municipal; "es decir, la dirección del partido constituyó sociedades con el fin de recibir aportaciones". La liquidación de las mercantiles fue ordenada por el entonces tesorero Ángel Sanchís.

Hernández Mancha abrió una cuenta corriente

Entre 1987 y 1988, bajo la presidencia de Antonio Hernández Mancha, el secretario general Arturo García Tizón abrió una cuenta en el Banco de Fomento, en la cual se ingresaban los donativos, diferente a la de Alianza Popular.

Con Aznar se creó la Caja B

Durante los años 1989 a 1990, siendo presidente del partido José María Aznar, secretario general Francisco Álvarez Cascos y tesorero Rosendo Naseiro, las donaciones "las recibían el presidente y el secretario general, que se les entregaba al tesorero, que además gestionaba con empresarios aportaciones para el partido".

Rosendo Naseiro empezó a ingresar en una caja ajena a la contabilidad oficial, que constituyó el primer apunte de los llamados 'Papeles de Bárcenas'.

Miguel Blesa, liquidó las sociedades tras la detención de Naseiro 

En esta época se crean tres sociedades para "facturar a las empresas que aportasen donativos": Ibérica de Firmes, Videosoluciones y Ediciones Conosur.

Rosendo Naseiro fue detenido en 1990 por orden del magistrado instructor de Valencia Luis Manglano, acusado de crear una contabilidad paralela del PP y de cobrar por adjudicaciones en una suerte de reparto de comisiones entre diferentes partidos políticos, en función de su representación institucional. Esta causa fue anulada por el Tribunal Supremo ya que el juez había acordado las escuchas para investigar un caso de tráfico de drogas.

Cuando Naseiro dimite al ser excarcelado, José María Aznar dio "instrucciones" a Cascos para liquidar estas tres sociedades, "encargándose esa labor al despacho de Miguel Blesa".

Desde 1990 a 1993, la tesorería la asumió Álvarez Cascos, quien recibía "la totalidad de los donativos" y luego los entregaba a Bárcenas. "La instrucción sobre la disposición de esos fondos le venía dada al gerente por parte del Secretario General", sostiene la defensa.

Entre 1993 y 1996, los donativos los sigue recibiendo Álvarez Cascos, quien empieza a entregarlos "en algunos casos" a Álvaro Lapuerta, el tesorero.

Durante los años 1996 a 2004 Aznar seguía siendo presidente. En esa época, los secretarios generales del PP -primero Ángel Acebes y luego Javier Arenas-  "normalmente ponían a los donantes en contacto con el tesorero Álvaro Lapuerta que recibía las ayudas". "De hecho, es durante el mandato como secretario general de Javier Arenas cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la sede central del partido", añade.

Con Rajoy, el tesorero pasa a gestionar los donativos

Entre 2004 y junio de 2008 ya era presidente del PP  Mariano Rajoy, siendo secretario general Ángel Acebes y tesorero Álvaro Lapuerta. En esa época,  "salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente, el resto de la gestión para consecución de donativos la hacía el tesorero nacional".

Por último, desde junio de 2008 a julio de 2009 con Rajoy como presidente, María Dolores de Cospedal como secretaria general y Bárcenas como tesorero, disminuyeron "notablemente" los donativos de empresarios que "venían ayudando al Partido Popular". "En esos seis meses, el Tesorero recibía directamente los donativos", agrega.

En ese periodo de tiempo, destaca que "reportó a las dos personas de las que dependía jerárquicamente Rajoy y Cospedal" ya que "los secretarios generales eran informados puntualmente de las cantidades recibidas y el nombre de los donantes por el tesorero nacional".

Los secretarios eran puntualmente informados

En todo caso, Bárcenas defiende que la figura del gerente, desde 1982 a 2008, se limitaba a cumplir "instrucciones" del secretario general o tesorero, anotando las cantidades y entregando aquellas que le fueran solicitadas, "sin capacidad de disponer de forma autónoma". "Nuestro patrocinado no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política", apostilla.

Tras indicar que tampoco se ha ocupado de elaborar las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria, la defensa de Bárcenas concluye que la conducta de su cliente no es constitutiva de ningún delito y solicita que las costas procesales se impongan a las acusaciones populares por la "temeridad de sus pretensiones y la asunción de criterios manifiestamente contrarios a la legalidad tributaria".

"Las costas procesales deben imponerse en base al daño personal que se deriva de la solicitud de penas de prisión y multas desorbitadas y así como a la petición de responsabilidades patrimoniales extravagantes y las consecuencias confiscatorias que han provocado durante el largo proceso un grave daño a mi patrocinado", concluye.

En esta causa se sentarán en el banquillo de los acusados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; los socios del estudio de arquitectura Unifica, que remodeló la sede de Génova, Gonzalo Urquijo y Belén García y su empleada Laura Montero.