El próximo 8 de noviembre la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomará  una decisión sobre la extradición de Alexander Pavlov, ciudadano kazajo que según Amnistía Internacional y otras organizaciones podría sufrir torturas y otros malos tratos de ser devuelto a su país de origen.

Es la segunda vez que el tribunal decide aplazar la decisión sobre Pavlov. En caso de que la Audiencia vuelva a pronunciarse a favor de la extradición -como hizo el pasado 21 de julio, en un auto recurrido por el kazajo-, el Consejo de Ministros pasará a tener la última palabra sobre el destino de Pavlov.

En conversación con Público, María Costa, abogada de Pavlov, insiste en que la detención se debe a motivos políticos, y destaca que el caso ha logrado llamar la atención de varias ONG y fuerzas políticas. De hecho, el asunto ha despertado el interés de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

 La presidenta del Comité General de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de este organismo, Isabel Santos, ha confirmado a este diario haber cursado una petición formal al embajador de España en Portugal (país en el que reside) para visitar a Pavlov, que no obstante fue rechazada 'porque las normas establecen que el recluso debe solicitar por sí mismo este encuentro, aunque según la defensa este requisito no ha sido necesario para que miembros de la embajada kazaja en España visitaran al disidente', sostiene Santos.

La OSCE sigue el asunto 'para entender qué está pasando en su caso, por qué le acusan y qué puede pasar si le extraditan'

La exparlamentaria lusa asegura que sigue con interés el asunto 'para entender qué está pasando en su caso, por qué le acusan y qué puede pasar si le extraditan'. 'No quiero interferir en la decisión del poder judicial y espero que los jueces tomen la decisión oportuna, teniendo en cuenta los derechos humanos, sin que prevalezcan los motivos políticos', responde al ser preguntada sobre cuál debería ser la decisión de la Audiencia.

'Lo más importante para mi es lo que pueda ocurrirle a Pavlov cuando regrese a su país', defiende Santos, que visitará finalmente a Pavlov si las autoridades españolas aceptan la solicitud cursada por el recluso kazajo, que podría ser devuelto a su país en apenas unas semanas. De hecho, la Audiencia Nacional debería haber tomado una decisión sobre la extradición del prisionero el pasado viernes 27 de septiembre, pero el tribunal la aplazó para pedir información a las autoridades polacas sobre otro ciudadano kazajo. Muratbek Ketebaev fue detenido en Polonia por orden de Kazajistán acusado de pertenecer a un grupo criminal, aunque fue liberado en un día -13 de junio- y ha solicitado asilo en este país, que previsiblemente se lo concederá a finales de este año.

También demandante de asilo político -que hasta la fecha no le ha sido concedido, por lo que ha presentado un recurso-, Pavlov fue detenido al pisar suelo español en diciembre de 2012, acusado de un delito de estafa y de organizar un atentado que nunca se cometió, sin que Kazajistán haya presentado pruebas que le incriminen. De hecho, y según denuncian varias organizaciones internacionales y la defensa del que fuera jefe de seguridad de un conocido empresario disidente, es precisamente este vínculo el que ha motivado la orden de detención de Pavlov, dictada por el régimen totalitario de Nazarbáyev, que según Amnistía Internacional ha perpetrado numerosas violaciones de los derechos humanos a presos y enemigos políticos.

Organizaciones como Amnistía Internacional, la Liga Italiana de los Derechos del Hombre y la Fundación Diálogo Abierto han organizado iniciativas para detener la extradición del ciudadano kazajo por el riesgo de que sufra estas torturas, pero el Gobierno no ha respondido a ninguna de las preguntas de la prensa relacionadas con el asunto.

Entre 2012 y 2013, Talgo firmó contratos por valor de 1.482 millones de euros con Kazajistán

 Y esto, por no hablar de las cifras, que desde luego no hacen sino reforzar la tesis de que los intereses económicos también juegan un papel importante a la hora de tomar una decisión sobre el futuro de Pavlov, como sostienen estas ONG. Entre 2012 y 2013, la empresa española Talgo firmó contratos por valor de 1.482 millones de euros con Kazajistán, y en junio de este años el titular de Defensa kazajo informó de su interés por adquirir dos aviones militares C295 y otros dos aviones A400M fabricados en España.

La visita de una delegación kazaja a principios de septiembre para estudiar el modelo de colaboración público privada (PPP, public-private partnership en su siglas en inglés) en la construcción de infraestructuras en un encuentro organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), o la participación de 34 empresas españolas en las Jornadas del Partenariado Multilateral en Kazajistán en marzo confirman el enorme interés de España por conseguir contratos en el país asiático. En vista de la línea seguida por la Audiencia Nacional, las lucrativas actividades de Indra, Inditex y otras tantas empresas españolas parecen primar sobre el peligro que supondría para Pavlov ser entregado a su país.

'El derecho internacional consuetudinario, la legislación internacional, incluso la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes indican que España no puede extraditar a ninguna persona a ningún país donde corra riesgo de sufrir persecución o pueda sufrir serias violaciones de derechos humanos, como es el caso de Pavlov. Por eso pedimos a las autoridades españolas que frenen esta extradición', ha declarado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, según recoge la propia ONG en su web.

La defensa está dispuesta a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La defensa dice estar dispuesta a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Costa reconoce que el papel de la OSCE sería un apoyo importante en tal caso-, pero en vista de los precedentes de actuación de las autoridades europeas para con los disidentes kazajos, evitar la entrega de Pavlov a las autoridades de su país parece difícil.

La reciente detención en Italia y entrega a Kazajistán de la mujer y la hija de Ablyazov, en una operación originariamente destinada a apresar al empresario para el que trabajó Pavlov antes de abandonar su país, es un claro ejemplo. Mes y medio después Italia revocó la orden de extradición, pero evidentemente era tarde: el escándalo obligó a dimitir al Jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, pero a nadie pareció importarle que la esposa y la hija del disidente fueran entregadas a un país en el que se ha condenado a varios activistas por su vinculación con el empresario Mukhtar Ablyazov y sus ideas discrepantes del gobierno kazajo, por lo que han sufrido todo tipo de abusos.