La Fiscalía General de la Federación Rusa alude repetidamente al Pacto de Derechos Políticos y Civiles de Naciones Unidas, de 1966, para comprometerse ante el Ministerio de Justicia español a garantizar los derechos de dos ciudadanos rusos afincados en España que reclama para ser juzgados por delitos de estafa. La Audiencia Nacional ha dado luz verde a las dos extradiciones, con 15 días de diferencia, a la espera de que el Gobierno decida finalmente en Consejo de Ministros.

Este diario ha podido acceder a un escrito de la Fiscalía rusa enviado al Gabinete de Pilar Llop a principios del mes de septiembre, en el que expresa la "esperanza de que la cooperación continúe". Hay que recordar que hace dos semanas el Gobierno español solicitó ser parte en la demanda de Ucrania contra la Federación Rusa por la agresión que comenzó el 24 de febrero pasado.

El escrito contiene las garantías que la Federación Rusa realiza respecto a sus nacionales extraditados, a los que, asegura, no someterá "a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículos 7 y 14 del Pacto de Derechos Políticos y Civiles)". También dice que los órganos del Poder Ejecutivo ruso "no ejercerán presión política sobre el procedimiento penal" que afecta al extraditable. 

Esta 'Carta de Garantías' de la Fiscalía rusa se refiere en concreto al caso de un empresario ruso, residente en España, acusado en su país de participar en una estafa inmobiliaria; era el administrador de una empresa constructora acusada de quedarse con el dinero de los inversores. El caso, que tiene además otros acusados, se está enjuiciando en la actualidad en Rusia y sobre este hombre en concreto pesa una orden de prisión provisional. 

La Fiscalía rusa dice que, de admitirse su petición, los funcionarios de la Embajada española podrán visitar a este hombre en prisión para comprobar el respeto a sus derechos. Rusia expulsó a 27 funcionarios españoles el pasado mes de mayo en contestación a la expulsión de 20 empleados de la embajada rusa en Madrid como sanción por la invasión de Ucrania.

Proceso sin garantías

La defensa de este ciudadano ruso, ejercida por la abogada Elena Taranova, indica ante la Justicia española que no se ha respetado la presunción de inocencia ni tampoco los derechos procesales, adjuntando autos contradictorios de diversos jueces que han intervenido en el proceso e informes de relatores internacionales denunciando la falta de independencia judicial en el país. 

La abogada, que ya ha presentado un recurso de súplica contra el auto que da luz verde a la petición de Rusia, argumenta que la causa contra su cliente es "falaz, una ficción desplegada por las autoridades rusas, sin respetar los derechos constitucionales, con manifiesto abuso de derecho, cuya finalidad no es otra que la ocultación de acciones de representantes del poder ejecutivo de la región, consistentes en exigir a las empresas constructoras la realización de determinados trabajos de construcción social , sin abonárselos, quedándose con el dinero, llevando a la quiebra a la empresa constructora".

Pero para los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nada de eso ha quedado probado. En un auto del 26 de septiembre, al que ha podido acceder Público, indican que la reclamación de entrega de Rusia reúne todos los requisitos para poder ser aceptada y que la extradición entre España y la Federación Rusa está amparada por el Convenio Europeo de Extradición, incluso aunque el Estado ruso haya abandonado el Consejo de Europa, el 16 de marzo de 2022. 

La aclaración del Consejo de Europa

A principios del mes de mayo la Audiencia Nacional solicitó información al Consejo de Europa, según ha podido saber este medio, respecto a las extradiciones solicitadas por Rusia. La respuesta obtenida es que la Federación Rusa sigue estando amparada por el Convenio Europeo de Extradición, "al tratarse de un Convenio del Consejo de Europa abierto a Estados
no miembros del Consejo de Europa". 

La respuesta recibida por la Audiencia Nacional a través de la representación permanente del Consejo de Europa en España indica que "la Federación Rusa podría dejar de ser Estado Parte en este Convenio bien porque decidiera denunciar el Convenio (artículo 30 ), bien porque las Partes decidieran, en aplicación del Derecho Internacional, dejar de considerar a la Federación Rusa Estado Parte del mismo. En todo caso, ninguna de estas dos opciones se ha planteado por el momento". 

En el auto, ponencia del magistrado Carlos Fraile Coloma, se desestima sin más explicación el argumento esgrimido por la defensa de que Rusia no respeta los derechos humanos por la invasión de Ucrania y que ha sido calificada en la pasada cumbre de la OTAN en Madrid como una "amenaza directa y significativa". 

Los magistrados exponen que las garantías ofrecidas por la Fiscalía rusa han llegado por vía diplomática y fueron admitidas en otro reciente auto, esta vez del Pleno de la Sala de lo Penal, el pasado 14 de septiembre, por el que se desestima el recurso de súplica de otro ciudadano ruso, acusado en su país de estafa inmobiliaria, un delito penado con cinco años de prisión.

La Sala de lo Penal indica en relación a este otro caso que la Fiscalía General rusa ha garantizado que la extradición "no tiene por objetivo la persecución de dicha persona por razones políticas, o a causa de su pertenencia racial, religiosa, de nacionalidad o por sus opiniones políticas"; que se respetarán los derechos de defensa y que no "se le impondrá la pena de muerte". Mientras esté en prisión "se vigilará el estado físico y mental del extraditado de conformidad con los artículos 7, 10 y 17 del Pacto Internacional de la ONU". 

Este hombre sostiene que su caso fue "fabricado" por las autoridades rusas, que ponen el foco en los empresarios de éxito para obtener réditos económicos, y que son encarcelados por intereses empresariales, "corriendo un peligro especial de ser sometidos a tortura u otros tratos inhumanos". 

Así las cosas, de nada han servido los argumentos de estos dos ciudadanos rusos ni las actuales condiciones de vida en su país. El Consejo de Ministros decidirá si aprueba las dos extradiciones. En caso afirmativo, lo más probable es que se suspenda la ejecución a la vista de la dificultades actuales de traslado en vuelo, como está ocurriendo con otras extradiciones aprobadas desde que Rusia invadió Ucrania.