Para un puñado de personas, la guerra desatada por la invasión rusa de Ucrania está teniendo un efecto favorable: retrasar su extradición a Rusia. Al menos en España se están paralizando las extradiciones de personas rusas reclamadas por su país para ser enjuiciadas por la presunta comisión de delitos.

Aunque, de momento, no existe una directriz oficial al respecto ni del Consejo de Ministros ni de la Fiscalía ni la Audiencia Nacional, según indican fuentes fiscales a este diario, la imposibilidad material de ejecutar las extradiciones por el cierre del espacio aéreo entre España y la Federación Rusa aboca a esta paralización temporal.

De esta manera, N. A. V., una ciudadana rusa que está a la espera de ser extraditada a su país, tendrá que ser puesta en libertad condicional hasta que cambien las circunstancias. Así lo ha solicitado la abogada rusa afincada en España Elena Taranova. "No sólo es el caso de esta mujer, sino de todos los expedientes que se iniciaron antes del 24 de febrero, cuando comenzó la invasión de Ucrania. No se pueden ejecutar las extradiciones". 

N. A. V, de 36 años, fue detenida en un hotel de Córdoba el 4 de agosto de 2021 en virtud de una orden de detención internacional. Estaba reclamada por Rusia por un presunto delito de fraude contra la administración pública. Acusada de pertenencia a organización criminal, las autoridades rusas la acusan de haber malversado y blanqueado en torno a medio millón de rublos, junto a otros acusados, en 2015 y 2016, en el marco de un concurso público relativo a la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en la Federación de Rusia. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó la extradición de esta mujer el pasado 3 de febrero. Pero la decisión judicial favorable a una extradición no es vinculante para el Gobierno, que puede, en Consejo de Ministros, decidir no ejecutarla. Este es el trámite que falta por realizarse en el caso de N. A. V. "Lo más probable es que el Gobierno paralice la ejecución, a la vista de la incapacidad para trasladar a esta mujer a Rusia", apunta la letrada Taranova. 

Al menos 10 personas están en el mismo limbo, una vez aceptadas sus extradiciones por la Audiencia Nacional desde enero de este año. Son casos muy parecidos entre sí; estafas, malversaciones, blanqueo... Unas acusaciones no siempre muy nítidas, según asegura otra abogada rusa en España que prefiere no ser identificada: "Detrás de muchos casos se esconde la represalia política, pero muy bien camuflada en acusaciones muy sofisticadas. Ante esto, las autoridades españolas no pueden hacer otra cosa que proceder a las extradiciones". 

Sin embargo, Elena Taranova, experta en extradiciones, advierte de que desde hace un año aproximadamente está cambiando la percepción de los jueces respecto a los expedientes que llegan desde Rusia. "Se están dando cuenta de que Rusia no es un Estado de Derecho como puede ser España u otro país de Europa y están rechazando extradiciones. Pocas, eso sí, pero es una tendencia". 

En junio de 2021, la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Sergei Vladimirovich Tarasov, empresario reclamado por Rusia por presunta estafa agravada y al que acusa de formar parte de una organización criminal que se apropió fraudulentamente del patrimonio inmobiliario de su jefe, que acabó siendo asesinado en 2014. 

La Sala de lo Penal consideró en este caso que existían datos en el expediente enviado desde la Federación Rusa que "sustentan ese temor racional y fundado de vulneración de derechos fundamentales del reclamado en caso de entrega". 

También se rechazó la extradición de Andrei Yureivih Murga, exdiputado ruso, en enero de 2021. En este caso, los magistrados consideraron que existía "riesgo para su integridad personal" si se accedía a la extradición tal y como solicitaba el Gobierno de Vladimir Putin en una orden de 2016. Murga fue detenido en mayo de 2020 en Alicante,  acusado de presunta malversación de fondos públicos.  

El caso Dereka

Ni la huelga de hambre ni la petición de asilo paralizaron la extradición a Rusia, en 2009, de Alexander Dereka, opositor al régimen de Putin, afincado en España desde hacía cuatro años cuando tuvo que huir de su país para evitar represalias. Estaba acusado de una estafa en la venta de pisos destinados a personas vulnerables. Pero Dereka se declaraba inocente y víctima de un complot político. 

Este ruso había alcanzado el grado de teniente del Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero de la KGB. A través de varias cartas enviadas a esta periodista desde la prisión de Soto del Real mientras esperaba la extradición, Dereka expresó el miedo por lo que pudieran hacerle en Rusia si era devuelto allí. 

Una vez fuera de los servicios secretos, se pasó a la política, y en 2005 se presentó como candidato a la alcaldía de Krasnodar, su ciudad natal. Se presentó por libre, sin un partido político que lo representara. En sus mítines criticaba la falta de medios y la precariedad a las que condenaba Putin a los habitantes de Krasnodar. Su candidatura fue anulada. Denunció haber recibido amenazas de muerte y abandonó el país.