El puesto de letrado mayor del Congreso de los Diputados tiene peso en la política española. Lo tiene, a pesar de ser una figura técnica. En los últimos nueve años, desde 2014, ha sido Carlos Gutiérrez Vicén quien ha desempeñado esa labor, pero el viernes de la semana pasada trascendió su voluntad de renuncia. A sus espaldas, informes de asuntos tan dispares como la inviolabilidad del rey emérito o el aval para investigar, en la Cámara Baja, los abusos de la Iglesia.

La función del letrado mayor —o Letrado Secretario General— es, tal y como aparece reflejada en el Reglamento del Congreso, asesorar, en materia jurídica, a la presidencia y la Mesa de las Cámaras. Se trata, entonces, de una figura poco visible, mucho más habitual en los pasillos y los despachos del Congreso, que en los medios de comunicación. Sus informes, de hecho, no se publican de forma oficial.

Según reconocen fuentes parlamentarias a Público, Gutiérrez Vicén avisó de que su intención era abandonar el puesto ya en los últimos compases de la etapa de Meritxell Batet como presidenta de la Cámara, pero Armengol le pidió que aguantara "un par de meses". Él accedió, pero el tiempo ya ha terminado. En este punto, el Reglamento especifica que la presidenta deberá proponer a la Mesa un nuevo secretario general de entre todos los letrados con más de cinco años de experiencia de Congreso y Senado. La Mesa lo deberá aprobar.

Las mismas fuentes avisan de que, en realidad, el todavía letrado mayor no ha hecho "oficial" su voluntad de dejar el puesto, por lo que "todavía no se puede hablar de futuribles". En cualquier caso, una vez Gutiérrez Vicén oficialice su renuncia, es la obligación de la presidenta Armengol proponer a un nuevo secretario general. El entorno de la presidenta quiere llevar la elección con discreción.

Los letrados del Congreso —con Gutiérrez Vicén a la cabeza— han adquirido protagonismo en varias ocasiones en la última década. Muy sonado fue el informe, siempre no vinculante, con el que desaconsejaron varias comisiones de investigación, en 2020, sobre las finanzas del rey emérito, Juan Carlos I. Más tarde, eso sí, avalaron la investigación de su presunto uso de las 'tarjetas black'.

En última instancia, es la Mesa del Congreso la que tiene potestad para crear o no cualquier Comisión. En la pasada legislatura, componían el órgano tres diputados socialistas, dos del Partido Popular, uno de Vox y tres más de Unidas Podemos. En junio de 2020, varios grupos parlamentarios presentaron dos iniciativas para investigar presuntas irregularidades en las finanzas del exjefe del Estado y otros miembros de la Casa Real. 

Al menos, una de aquellas dos iniciativas tenía visos de prosperar. Parecía una oportunidad de oro para llevar al Congreso las finanzas del rey emérito. La presentó Unidas Podemos y buscaba investigar "las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público". Incorporaba, en el escrito, una referencia al hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo había abierto la puerta a investigar a Juan Carlos I desde el momento de su abdicación.

Los diputados que presentaron la iniciativa esperaban, por tanto, que el artículo 53.6 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del rey, no tuviera efecto en ese caso, al situarse la materia a investigar más allá de su abdicación. En aquel punto, aparecieron en escena los letrados. Más bien, se les llamó a escena. La Mesa del Congreso les solicitó un informe para que alumbrasen, desde una perspectiva jurídica, la idoneidad de que se llevase al parlamento una investigación de las finanzas de Juan Carlos I. 

El resto es historia. Los letrados, capitaneados por Gutiérrez Vicén, dijeron que no; que no era recomendable que la Mesa tramitara la creación de esa Comisión de Investigación; PSOE, PP y Vox votaron en consecuencia y el Congreso 'blindó' al rey también tras su abdicación. 

Pero más tarde, en 2021, saltó la sorpresa. Los letrados del Congreso aprobaron, por primera vez en la historia, crear una comisión para investigar las presuntas irregularidades del monarca emérito. Carlos Gutiérrez Vicén, por tanto, pasó de 'blindar' a Juan Carlos I en el Congreso, con las recomendaciones jurídicas que él lidera, a fijar su nombre en la Historia por avalar una investigación de esas características. En este caso, la Mesa, a pesar de contar con el aval de los letrados, votó en contra de dicha investigación. Solo los miembros del órgano de Unidas Podemos, uno de los partidos que impulsó la iniciativa, votó a favor.

Fue la única vez en que los letrados avalaron llevar a la Cámara Baja una investigación al emérito. Los posteriores informes volvieron a desaconsejarlo.

Investigación de los abusos de la Iglesia

Sí avalaron los letrados, en 2022, una Comisión para investigar los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia. En este caso, el equipo que encabeza Gutiérrez Vicén no encontró que la propuesta que llevaron a la Mesa Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu chocara de forma alguna con el Reglamento. 

Es algo que está de actualidad. Precisamente, el próximo viernes día 27, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregará a Armengol el informe resultado de esa investigación, que se presentará en Pleno cuando la Mesa del Congreso lo disponga.

Los diputados encarcelados, Alberto Rodríguez o Casero

La acción de Gutiérrez Vicén ha sido clave en más ocasiones, además de la que tuvo en el centro al rey emérito. En 2019, cuando los entonces diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron encarcelados de forma preventiva por el juicio al procés, los letrados aconsejaron a la Mesa que la mayoría absoluta de la Cámara se mantuviera en 176 escaños. Su argumento consistió en que la "suspensión" de los derechos y deberes como diputados no implicaba una pérdida de su condición como tales. 

También intervino el letrado mayor para avalar la ejecución, por parte de Meritxell Batet —entonces, presidenta del Congreso—, de la sentencia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, contra el entonces diputado de UP Alberto Rodríguez, que comportó la retirada de su escaño. Y, por poner otro ejemplo, en la comedia de enredos que protagonizó el diputado Alberto Casero y que desencalló la reforma laboral, los letrados descartaron cualquier fallo informático y dieron validez al voto del popular.

Son solo algunas pinceladas, a las que se puede añadir la inadmisión de la ley de amnistía de los partidos independentistas, que dan cuenta del protagonismo de la figura del letrado mayor en la vida parlamentaria. Su papel es de especial relevancia en las decisiones de la Mesa, que suelen apoyarse en el punto de vista técnico de los letrados para sustentar decisiones complejas o impopulares.