La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha archivado la causa judicial abierta contra Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, a raíz de la querella presentada por el fondo buitre Vauras Investment hace unos meses. La magistrada descarta que Colau coaccionara a la inmobiliaria del fondo buitre para obligarla a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas, tal como sostenía la acusación. Es más, la jueza sostiene que dicha acusación se hizo a sabiendas de que la exalcaldesa de Barcelona no tuvo ninguna en los hechos.

En su auto y de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la jueza acuerda archivar la investigación que abrió a Colau, a los exconcejales de su equipo Marc Serra y Lucía Martín y a la responsable del departamento de disciplina de Vivienda e Inspección del consistorio.

Tras investigar la querella, que llevó a la exalcaldesa a declarar como investigada apenas dos meses antes de las elecciones municipales del 28 de mayo pasado, la jueza ha concluido que Colau no intervino en ninguna de las reuniones en las que el fondo buitre dijo haber sido coaccionado y que, de todas formas, la inmobiliaria nunca fue objeto de amenazas. 

En su querella, Vauras Investment acusaba a Colau de ocho delitos, entre ellos los de coacciones, prevaricación, extorsión y cohecho, por amenazarles con no concederles licencias de obras en otros inmuebles de su propiedad si no ofrecían pisos en alquiler social a las familias desahuciadas de un edificio del fondo buitre en la calle Lleida de Barcelona.

La jueza reconoce que la querella perseguía otros fines

En un duro auto, la magistrada afea al fondo buitre que presentara la querella contra Colau en busca del "efecto mediático que supone involucrar a un partido político" a pesar de que el querellante sabía perfectamente que la exalcaldesa no tuvo ninguna participación en los hechos.

Para la magistrada, el fondo buitre emprendió acciones penales contra Colau "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato, corregidas en cierto modo por el Tribunal Constitucional", puesto que le causaban "perjuicios".

"Pero ese legítimo discrepar con las políticas de vivienda de un gobernante y el ideario del partido que le sostiene y los perjuicios económicos sufridos no justifican la implicación en un proceso penal a políticos, por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona", sostiene la jueza.

En su opinión, del examen de los expedientes, las grabaciones de las reuniones aportadas por los querellantes y la declaración de los investigados se desprende que "ni hubo presiones ni hubo resoluciones dictadas injustamente" como consecuencia de la negativa de Vauras a ofrecer pisos de alquiler social a las familias desahuciadas.

En cualquier caso, insiste la magistrada, Ada Colau "no tuvo ninguna participación ni en las reuniones que se dicen coactivas", a las que ni siquiera asistió, ni intervino "en la incoación, sustanciación o dictado de resolución alguna en ninguno de los expedientes" relacionados con el fondo inversor.

Además, argumenta que su posición como alcaldesa "no la convertía en garante de todas las actuaciones" llevadas a cabo por el ayuntamiento: "Ninguna interpretación de las normas reguladoras de su funcionamiento puede conducir a dicha conclusión".

No hubo amenazas en las reuniones

Tras examinar las grabaciones de las reuniones que representantes de Vauras Investment mantuvieron con los otros imputados, la jueza concluye que fueron "encuentros, o más bien desencuentros, dirigidos a buscar solución a unos episodios de ocupación ilegal con disturbios callejeros en los momentos de los lanzamientos" pero advierte de que en ellos "no se profirió expresión o sugerencia intimidatoria".

Asimismo, razona que en los expedientes que el Ayuntamiento de Barcelona abrió a Vauras para la protección de la legalidad urbanística ninguno de los querellados dictó ninguna resolución de contenido injusto ni prevaricadora.

De hecho, tras analizar los expedientes, la magistrada llega a la conclusión de que las paralizaciones de algunas de las obras que Vauras Investment estaba llevando a cabo obedecían a "incumplimientos de la legalidad urbanística".

La jueza instructora ya archivó en 2020 otra querella de Vauras Investment contra Colau por no apreciar indicios de delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla y practicar diligencias, lo que llevó a la exalcaldesa de BComú a comparecer ante la magistrada como investigada a dos meses de las elecciones municipales.