La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que consulte al Tribunal Supremo quién se queda la causa del caso Koldo, después de que la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) asumiera la investigación.

El fiscal Luis Pastor ha solicitado al juez Ismael Moreno que plantee una cuestión de competencia al alto tribunal para saber quién continúa la investigación abierta sobre la adjudicación de varios contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, al entender que el organismo europeo debe investigar "exclusivamente" si hubo delito contra los intereses financieros de la UE en "tales expedientes".

De manera subsidiaria, el fiscal defiende que la Audiencia Nacional mantenga la competencia del caso respecto a todos los delitos, incluidos varios contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario.

Según su tesis, la Audiencia Nacional es competente para "seguir investigando todos los delitos que dieron origen" al caso, "con sus correspondientes contratos", y la Fiscalía Europea "lo es para conocer de los expedientes de adjudicación de suministro de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud en lo relativo a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE".

Es decir, entiende que "no existe entre ambos procedimientos una indisociable vinculación" y, en cualquier caso, hay una "mayor afectación a los intereses nacionales" que a los de la Unión Europea, por lo que la remisión del caso a la Fiscalía Europea "nunca procedería".

"Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales" y al "correcto funcionamiento de la Administración española", indica.

Esta trama, explica, "se expande por distintas Administraciones Públicas, ajenas a cualquier financiación de fondos europeos" y cuestiona que la Fiscalía Europea pretenda utilizar como "percha" para asumir la causa el argumento de que el delito de malversación de fondos europeos está "indisociablemente vinculado" con el resto, "sin dar argumentación o razón alguna" que lo fundamente.

Anticorrupción afirma que la relación entre la Fiscalía Europea y los juzgados españoles "no se basa en la subordinación" ni en una "inexistente supremacía" de la primera, y que el hecho de que haya financiación europea "no implica" un perjuicio para sus intereses dado que, "hasta el momento no hay indicio alguno de comisión del delito de malversación", pues "los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores" a otros.

Argumenta, además, que "resulta palmario" que la Audiencia Nacional está en "mejor posición" para llevar a cabo la investigación, debido a su complejidad, a los "medios para afrontarla eficazmente" y al "tiempo dedicado a la instrucción del caso".

Porque remitir la causa a la Fiscalía Europea "supondría un retraso en las investigaciones", apunta, dado que tendría que estudiar "todo lo actuado hasta ahora", cuando Anticorrupción lleva investigando estos hechos desde marzo de 2022. Un año después, en septiembre de 2023, presentó la querella en la Audiencia.

El fiscal recuerda que, "mientras la Fiscalía Europea se detenía en determinar cómo se habían financiado los contratos", Anticorrupción, "además de ello, había identificado la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, así como las personas presuntamente responsables de los mismos".

Y explica que el hecho de que "hayan existido diferentes fuentes de financiación de los contratos no debe ser obstáculo para que sean investigados en un mismo procedimiento" y ese debe ser, defiende, el que tiene la Audiencia Nacional.

Por ello, por el momento cree que procede remitir testimonio de la causa a la Fiscalía Europea, pero que el procedimiento debe seguir en el juzgado hasta que el Supremo resuelva quién se queda con él.