El exterminio sistemático, continuado y ordenado de la Unión Patriótica, de sus bases, de sus simpatizantes no es ni de lejos el único caso de crímenes que el Estado colombiano cometió contra sus propios ciudadanos. Ya sabemos la cifra exacta de los falsos positivos: fueron 6.402 civiles pobres, trabajadores, asesinados por paramilitares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, a cambio de premios o vacaciones. 

A finales de junio la Comisión de la Verdad de Colombia presentó su informe final en el que intentaron analizar las causas y las consecuencias del conflicto armado que duró décadas. Más de 50.000 personas fueron secuestradas, más de 120.000 personas desaparecieron y más de 450.000 fueron asesinadas entre los años 1985 y 2018.

Según la Comisión de la Verdad, en un 45% de los casos fueron los grupos paramilitares, que surgieron y actuaron bajo el amparo oficial. A los paramilitares les siguen los guerrilleros (las FARC y el ELN), y por último, los agentes estatales. ¿Por qué el caso de la aniquilación de la Unión Patriótica es algo fuera de lo normal? Porque se trató de un exterminio intencionado de un partido político en concreto, que perduró en el tiempo hasta que fue erradicado por completo.

Diezmar a comunistas, hasta las raíces, destruir cualquier posibilidad de que tengan bases sociales, perseguir, amenazar, criminalizar a sus simpatizantes, tachar a cualquiera que no sea beligerante con ellos de guerrillero, y finalmente, normalizar sus muertes, rutinizar sus asesinatos y así, durante décadas. 

Sara ya mencionó que la UP surgió a mediados de los 80 en un intento de allanar el camino hacia la paz. El gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y el Estado mayor de las FARC acordaron un mecanismo que permitiría a la guerrilla integrarse en la vida política. La formación mayoritaria dentro de la UP era el Partido Comunista Colombiano, pero los guerrilleros que apoyaban la paz podían afiliarse y tenían todos sus derechos políticos garantizados. Todo eso sobre el papel.

Poco después del surgimiento del partido, se rompió el proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla, de manera que los militantes de la UP quedaron absolutamente desprotegidos y expuestos frente a la maquinaria de exterminio. Ahí comenzó un proceso de aniquilación que duró más de 20 años, abarcó varios gobiernos y culminó con la ilegalización del partido. Detrás de todo esto estaban agentes de seguridad y los integrantes de grupos paramilitares, todos ellos amparados por el Estado, que hacía ver así su voluntad de negociar.

En las primeras elecciones en las que participó, en 1986, sacaron más de 300.000 votos que les permitieron entrar en el Parlamento y tener centenares de concejales en todo el país. A finales de los 80 ya tenían a su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa, uno de los favoritos de la contienda. Asesinado en 1990 durante su campaña electoral.

Lo llamativo es que en esos años electorales el auge de la criminalidad se registró precisamente allí donde más intención de voto tenía la UP. Cuatro alcaldes de la UP fueron asesinados, junto con funcionarios de sus administraciones, en un pequeño municipio de El Castillo. Cuatro. Uno tras otro. Se habían elaborado hasta planes de exterminio de los líderes de la UP. Uno de ellos, el Plan Esmeralda, se centró en desterrar el partido y su influencia en los departamentos del Meta y Caquetá. 

El Plan Baile Rojo fue otro programa elaborado en 1986 para asesinar o secuestrar a dirigentes de la Unión Patriótica. El plan Operación Cóndor, misma época, mismos objetivos (y también con el mismo nombre que la famosa operación planificada por la administración estadounidense y que afectó a toda Latinoamérica). Los asesinatos se volvieron rutinarios, la estigmatización desde los medios de información ayudó a que la sociedad los empezara a normalizar y ver como algo inevitable: en 1993 integrantes de la UP denunciaron la existencia de un nuevo plan de exterminio, el Plan Golpe de Gracia.

Pocos meses después de esa denuncia fue asesinado el último parlamentario que le quedaba a la UP en el Congreso, Manuel Cepeda Vargas. El caso es que las operaciones de exterminio no se limitaron a los dirigentes e integrantes del partido. Se trató de arrancar de raíz la mera posibilidad de que esta formación tuviera simpatizantes, base social o sobrevivientes. Para eso la población civil se convirtió en blanco de ataques, igual que los militantes del partido. A principios de los años 90, en el marco del denominado Plan Retorno, elaborado por el Ejército Nacional, fueron asesinados cientos de simpatizantes del partido: sindicalistas y miembros de organizaciones comunitarias, entre otros.

De este modo, entre exterminar a los líderes, militantes y atemorizar a los posibles simpatizantes, se logró que a principios de los años 2000, el Consejo Nacional Electoral procediera a certificar la muerte del partido. Oficialmente, se ilegalizó porque no reunieron el número de votos electorales necesarios para mantener su estatus jurídico. 

Todo esto sucedió en un Estado que se autodenominaba democrático, y se prolongó por muchos años después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Una supuesta democracia donde se exterminaba, sistemáticamente, cualquier atisbo, ya ni siquiera de disidencia, sino de una oposición, legal y reconocida que estuviera ligeramente a la izquierda de lo que esas élites considerasen aceptable.