Amnistía Internacional cree que la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación de sus artículos más preocupantes para la libertad de reunión expresión e información. En concreto, la entidad señala que aún con las modificaciones, esta seguirá suponiendo una "mordaza frente a la protesta pacífica".

La propuesta de reforma mantendría íntegramente las infracciones de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y de faltas de respeto. La entidad señala que estos dos artículos "han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de personas" y recuerdan que el Consejo de Europa ha alertado de su vaguedad. Por este motivo, Amnistía Internacional reclama también la modificación y la eliminación respectivamente de estos dos artículos en el trámite parlamentario.

La entidad cree que de aprobarse el actual borrador pactado por PSOE y Unidas Podemos, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados. Además, Amnistía Internacional hace hincapié en que desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 200.000 sanciones en base únicamente a los dos artículos citados anteriormente y que no se abordan en la modificación de la norma. Estas cifras se traducen en el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. 

Del mismo modo, la entidad cuestiona que la modificación no plantee mecanismos de control ante actuaciones policiales arbitrarias ni atienda a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del Consejo de Europa que instó a España a reformar la norma "por su potencial represivo". Además, critican que no se haya aprovechado esta reforma para eliminar definitivamente la "aparente cobertura legal" de las devoluciones en caliente de migrantes.

Garantizar los derechos de los manifestantes

Para Amnistía Internacional una Ley de Seguridad Ciudadana que haga honor a su nombre debe garantizar los derechos de las personas que alzan la voz y que no se vean afectados por actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad. Para ello, ven necesario también que las actuaciones policiales puedan ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.

"Si se lee con atención, se comprueba que este proyecto de reforma mantiene el poder casi omnímodo de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en manifestaciones y reuniones públicas para, sin mecanismos de control, limitar injustificadamente la libertad de expresión, de información y de protesta pacífica", ha sentenciado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.