No habrá cárcel, al menos en principio, para la mayor parte de los neonazis que irrumpieron en 2017 a golpes contra los manifestantes durante el 9 d'Octubre (Día de la Comunitat Valenciana) en València. Este miércoles, 25 de los 28 procesados han acudido a la vista fijada para aceptar las condenas de conformidad, acordadas con las acusaciones. Las penas van de los 12 a los 24 meses de prisión como autores de un delitos contra los derechos fundamentales.

A la salida de los juzgados se había congregado una concentración de simpatizantes antifascistas a los que varios de los condenados no han dudado en amenazar nuevamente. Gritos como "poco os dimos ese día", "todavía recibisteis poco" o "nos habría salido más barato mataros" son solo algunas de las reacciones de los neonazis condenados tras confirmar que no tendrán que ingresar en prisión.

Antes del inicio de la sesión, los acusados han sido recibidos con gritos de "nazis fuera" por este grupo de manifestantes. A la salida, parte de los ultras condenados –uno de ellos lucía una camiseta con una estrofa del Cara al sol– les han increpado y escupido además de amenazarlos mientras levantaban el brazo para hacer el saludo fascista.

Los neonazis valencianos han aceptado multas por varios delitos de lesiones y órdenes de alejamiento respecto de las entidades de izquierda convocantes de esa marcha.

21 de estos ultras han sido condenados a un año y cinco meses de prisión y dos a dos años. Uno de los procesados ha sido condenado a un año de prisión por amenazas, otro a idéntica pena por coacciones. Uno de los procesados ha sido condenado únicamente al pago de multas por lesiones y coacciones.

Dos nuevos juicios en marzo

Los otros dos acusados que no han admitido los hechos, entre ellos un locutor de televisión y de radio acusado de hacer un llamamiento para impedir la manifestación, serán juzgados a partir del próximo 4 de marzo.

El letrado de este locutor, Manuel Salazar, ha defendido que a su cliente no se le atribuye hecho violento alguno y ha considerado que se le ha querido atribuir el papel de "ideólogo" en una "causa contra el valencianismo político y la extrema derecha".

Las condenas de este miércoles se confirmarán cuando estos dos últimos procesados sean juzgados, aunque en virtud del pacto deberán quedar suspendidas –siempre que se cumplan los requisitos legales para ello– con la condición de que los procesados no delincan en el plazo de dos años y superen un curso de igualdad.

La Fiscalía pedía inicialmente condenas entre tres y 7,5 años de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, si bien según ha explicado la fiscal Susana Gisbert la calificación finalmente ha sido de delitos contra los derechos y libertades (el ejercicio de manifestación en este caso) con la agravante de odio.

Las indemnizaciones para las víctimas superan los 46.000 euros, y las costas procesales a las que los condenados deberán hacer frente rondan los 49.000, cantidades ambas que ya se encuentran abonadas prácticamente en su totalidad, según ha explicado un letrado de la defensa a la conclusión del juicio.

La fiscal Susana Gisbert se ha mostrado satisfecha por el resultado de este proceso, básicamente por el hecho de que los agresores hayan admitido su responsabilidad y se haya logrado que se dicten órdenes de alejamiento de todos ellos respecto de las organizaciones convocantes de la manifestación.

La presidenta de Acció Cultural, que ejercía la acusación popular, Ana Oliver, ha defendido que ha sido el trabajo de la Comissió d'Octubre, convocante de la manifestación, "el que ha logrado identificar a los agresores y ha logrado una condena histórica para 26 personas con un largo historial de agresiones".