El próximo otoño se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Provincial de Valencia 28 de los 29 ultraderechistas investigados por el Juzgado de Instrucción 15, por participar o incitar a las brutales agresiones del 9 de octubre de 2017, durante el desarrollo de la tradicional manifestación de la izquierda valenciana con motivo de la Diada del País Valencià.

Todos los acusados por aquellos hechos se enfrentan a distintas penas en función de su grado de participación en los episodios violentos que se prolongaron durante horas aquel día, debido a la absoluta impunidad de que disfrutaron los agresores gracias a la pasividad de la Policía Nacional, que se comportó durante el recorrido como mero espectador de las agresiones, especialmente a periodistas, sin identificar a nadie y mucho menos practicar detención alguna.

Sin duda, los testimonios gráficos recogidos a lo largo de la jornada, entre éstos las imágenes de las cámaras de televisión que en ese momento emitían en directo, hicieron posible que cientos de miles de personas  fueran testigos desde sus sofás de una demostración contundente de cómo actúa desde hace décadas la ultraderecha en el País Valencià.

Pero también estas imágenes sirvieron para que pudieran ser identificados los agresores, muchos de ellos caras ya conocidas por habituales en estas acciones de grupo. Entre ellas las de destacados miembros de los Yomus, los violentos ultras del Valencia CF, vinculados a organizaciones fascistas, así como elementos muy conocidos del entorno del mundo fallero de la ciudad de Valencia que durante décadas han estado subvencionados por el Partido Popular y la extinta Unión Valenciana.

Yomus, considerado grupo criminal

En el escrito de la acusación popular, ejercida por la Comissió 9 d'Octubre (que representa a asociaciones, entidades, organizaciones, partidos y sindicatos que desde 1977 preparan y convocan esta tradicional manifestación) se pone énfasis precisamente en el distinto perfil de los agresores. Por un lado, los incitadores y convocantes a impedir el derecho constitucional de manifestación; por otra parte, los que secundaron la convocatoria ocupando el lugar de inicio de la marcha para impedirla y, por último, el escuadrón violento, organizado, uniformado y jerarquizado de los Ultras Yomus del Valencia CF, que se presentó en formación para iniciar las agresiones contra quienes aguardaban el inicio de la marcha y que contaron con la colaboración de los convocados por redes sociales.

Precisamente, más de la mitad de los acusados por las agresiones del 9 d’Octubre de 2017 pertenecen a los ultras del Valencia CF. En concreto 15 de los 28 acusados son miembros de Yomus y, aunque oficialmente la organización fue disuelta en 2013, sigue activa y, de facto, ha actuado como grupo de presión contra el club valencianista en años recientes. Sin ir más lejos en 2016, cuando la directiva del Valencia CF se sumó a la lucha contra el odio en el futbol y se enfrentó a los Yomus.

La investigación en torno a la posible ilegalidad de este grupo ultra del fútbol de más de 40 años de historia, fue puesta sobre la mesa durante la instrucción por los letrados de la acusación, tal y como publicó este diario.

Esto inició una investigación judicial encomendada a la Brigada Provincial de Información por parte del juez instructor sobre el entorno de los Yomus, que llevó a los inspectores a recabar información en dependencias del Valencia CF, con el fin de determinar la existencia de vínculos entre el club y los ultras.

El Valencia CF negoció con Yomus 'la Curva Norte 10'

En concreto, se trataba de saber si los Yomus o algún representante de este grupo había participado en las decisiones del club acerca de la gestión de las "gradas de animación". También se trata de averiguar cuántos de los detenidos por los sucesos del 9 de octubre de 2017 eran miembros o lo habían sido de Ultras Yomus, y cuántos tenían abono en la grada joven donde se situaba la conocida como Curva Norte Mario Alberto Kempes.

Así, el 10 de julio de 2018 la Brigada Provincial de Información comunicaba al instructor que, efectivamente, el Valencia CF reconocía que negoció e impulsó la grada de animación Curva Norte 10 con los ultras, añadiendo que el citado espacio del Campo de Mestalla "tuvo su origen en la fusión entre los grupos de animación Gol Gran y Yomus", una organización que técnicamente había dejado de existir cinco años atrás, pero que seguía muy viva.

Asimismo, se pudo comprobar que, de los 24 identificados hasta esa fecha y que la policía mostró al Valencia CF, 15 eran de miembros de Yomus; y al menos dos de ellos habían sido sancionados por el club: en concreto Javier Cervera (que finalmente presidiría la Curva Norte 10, hasta su dimisión tras los incidentes del 2017) y Rubén Añó. Casualmente ambos figuran entre los acusados para los que se solicitan las penas más altas de prisión, junto al conocido Vicente Estruch, El Alfarrasí.

Para cada uno de ellos, la acusación particular pide una pena específica de 3 años de prisión por pertenencia a Grupo Criminal, que según el artículo 570.ter del Código Penal (dentro del Capítulo VI, relativo a "las organizaciones y grupos criminales"), hace referencia a la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos. Se diferencia de Organización Criminal en que, en este otro caso, no es necesario que concurran también otros factores, como el carácter estable o indefinido del grupo o que, de manera concertada y coordinada, se repartan diversas tareas o funciones para delinquir. El delito de Grupo Criminal conlleva penas de entre 2 y 4 años de prisión, y en el caso de Organización Criminal las penas podrían llegar elevarse hasta los 8 años.

Esto significa que, de momento, todos los acusados por las agresiones de la Diada del País Valencià de 2017 vinculados a los Ultras Yomus del Valencia CF (15 en total) parten de una petición de pena por parte de la acusación popular y de la Fiscalía de 3 años prisión, a las que deberán sumarse otras específicas en casa caso, como delitos de desórdenes públicos, delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución y las penas accesorias de multas e indemnizaciones a las víctimas.