MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tiene en el punto de mira a cargos “de muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura que habrían autorizado la desviación de 40 millones de euros para las empresas FCC y Abengoa por medio de adjudicaciones de obras a dedo de la empresa pública Acuamed.

El Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales de 2015 y 2016 partidas para realizar el gasto de 40 millones en beneficio de dichas empresas. En los PGE de 2015 se consignaron 36 millones de euros y de “ocho y catorce millones” en los de 2016, expone el magistrado en un auto en el que envía a prisión a la cúpula de Acuamed y a un constructor.

Este gasto público irregular no se llevó a cabo porque en el Ministerio se tuvo conocimiento de la denuncia presentada por un trabajador de Acuamed ante la Fiscalía Anticorrupción, expone el magistrado.

Este contrato es una de las seis obras de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y que investiga Eloy Velasco dentro de la llamada Operación Frontino.

Eloy Velasco dictó este miércoles prisión incondicional a cuatro directivos de Acuamed, encabezados por su director general, ahora cesado, Arcadio Mateo Pastor. También mandó a prisión a uno de los constructores beneficiados por los amaños, y fijó libertad bajo fianza para los otros ocho detenidos. Las fianzas más altas, de 50.000 euros, fueron fijadas para los dos altos ejecutivos de las constructoras FCC y Acciona, detenidos en la operación, cuantía que depositaron en la Audiencia Nacional la misma tarde-noche del miércoles para eludir la prisión.

La investigación está abierta por el delito de organización criminal, acompañado de delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.

Los supuestos contratos amañados suponían que, a cambio, los directivos de la empresa pública lograban la colocación de familiares como precio, el pago de viajes, hoteles coches y regalos en especie para el director general Arcadio Mateo “y para otros” como implantes en el pelo o viajes a Turquía.

Amaño de 40 millones pactado "a muy alto nivel"

El juez sitúa el origen de la concertación irregular para beneficiar a FCC y Abengoa con 40 millones de euros con motivo de una inundación que se produjo en la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, y que había sido adjudicada por Acuamed a una UTE integrada por FCC y Abengoa (Befesa).

La inundación dejó "inservible" la instalación. Pero Acuamed no exige a los constructores o al seguro de la obra que afronten los costes de las reparaciones. Por el contrario, arbitra "un acuerdo por el que pretende hacer pagar a la empresa pública un 40% de los mismos, cuando no es responsabilidad de la administración, y compensar por el 60% que quería hacer pagar a la UTE", expone el juez.

Para conseguirlo, se acuerda una fórmula de compensaciones a las empresas FCC y Abengoa en otros contratos, “al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix”, en Tarragona, donde se iba a compensar los 40 millones de euros a través de obras “irreales”. [Las obras de descontaminación del Ebro a su paso por la localidad de Flix son financiadas por fondos europeos y están valoradas en 180 millones de euros].
La “compensación indebida pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio” de 40 millones de euros no llegó a ejecutarse “al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia en la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales en 2015, manteniéndolos sólo reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones”, expone el juez en su auto.

La denuncia fue presentada por un directivo de Acuamed,Francisco Valiente, y es el origen de la causa abierta en la Audiencia Nacional, donde se investigan al menos seis obras supuestamente amañadas.

“Como consecuencia de la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades, la desaladora sigue sin arreglar y la empresa sin permitir la liquidación de este contrato”, explica el magistrado.

Para extraer 40 millones de euros “ficticios” en las obras de Flix se pretendieron justificar mediante certificaciones de obras “no ejecutadas en expedientes paralelos”, creados con documentación falsa para “’compensar’ a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad”.

Otros cinco millones de euros de perjuicio público

Otra obra investigada en la causa es la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia, adjudicadas a Sogeosa y Torrescámara. En los estudios previos, el juez ve indicios de que se certificaron trabajos por valor de dos millones de euros "que no están en el contrato, en concreto una escollera que nunca existió".

El juez también investiga la construcción de la desaladora más grande de Europa, Marina de Torrevieja, adjudicada a Acciona. "Con la presión de pretender cobrar fondos europeos se dejó libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos técnicos conniventes que esta estaba acabada cuando no era así".

La liquidación que pretendía Acciona implicaba causar a la administración pública un perjuicio de tres millones de euros. Se recurrió a mediciones "que eran mentira" para alcanzar esta cifra, mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en "partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes..." El auto refiere que, al final, se pretendió facturar "17 millones de euros más aunque al final lo dejaron en 10 millones"

Obligaba a comprar las tuberías más caras

Las obras para las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante, se "amaña" la adjudicación a Altec-Altyum, que en los informes técnicos "nunca hubiera conseguido la adjudicación". De igual manera irregular se adjudica la asistencia técnica previa de estos trabajos a la empresa Clothos, colocada en el concurso por los técnicos en los últimos puestos de las empresas que se presentaron. Acabó siendo la adjudicataria "por obra de cambios en los informes obligados por la dirección General".

El magistrado investiga además la colocación de tuberías en Cerro Colorado de Murcia para que la zona de Lorca pueda recibir agua de la desaladora de Águilas. Aquí el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, ordena a la contratista -Altec- la adquisición de las tuberías más caras del mercado -a TST Tubular Group-, en lugar de comprarlas a una empresa de Lorca -Noksel- que las daba más baratas. Los técnicos, explica Velasco. "no podían certificar 240.000 euros en tubos más caros simplemente porque el director general de Acuamed se los hubiera obligado a comprar".

Arqueología falsa para extraer dos millones de euros

También Altec-Altyum se beneficia de dos millones de euros de más en las obras de la presa de Antiavenidas del Ríos Serpis en Valencia. Para obtener ese dinero, se enmascararon los importes hinchados "en inexistentes trabajos de arqueología, por ejemplo".

Los constructores salen bajo fianza

Tras seis horas de interrogatorio de los 13 detenidos, Eloy Velasco ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión de Arcadio Mateo del Puerto, hasta ayer director general de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas; Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de esta empresa pública; el responsable de contratación Francisco Javier Gómez Pastor y el jefe de proyectos de Acuamed en Valencia, Pablo Martin Mira.

Además, también dicta la misma medida cautelar de prisión incondicional mientras se suceden las investigaciones para Nicolás Steegmann López-Dóriga, quien fue director de construcción de la empresa 'madre' de Acuamed (Trasagua) en la etapa del PP y que ahora preside la empresa Altyum Proyectos y Obras.

Otros ocho detenidos, todos ellos vinculados a empresas constructoras, quedaron en libertad tras depositar en la tarde-noche del miércoles fianzas que oscilan entre 12.000 y 50.000 euros para eludir la prisión.
Las fianzas mayores, de 50.000 euros, fueron fijadas para el presidente de FCC Constructora, Miguel Jurado Fernández, y para el director general de infraestructura en España de Acciona Infraestructura, Justo Vicente Pelegrini.

A su vez, han depositado fianza de 20.000 euros José Ramón González Fernandez, director de proyectos de Altec (20.000), Javier Delgado López, delegado de Acuamed en Alicante (20.000), David José Blanca Montero, ingeniero de caminos (20.000) y Miguel Roset Ramos, ingeniero de FCC (20.000)

El empresario Manuel Moreno Maestre, presidente de Boru Spin y Pipeline ha eludido la prisión tras depositar los 12.000 euros requeridos por el juez. Moreno es investigado en Sevilla dentro del caso Marismas por una supuesta emisión de facturas falsas a través de sus empresas.

Presiones de los contratistas

El auto explica que, al menos desde mediados de 2014, Mateo del Puerto urdió junto con otras personas “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (la resolución refiere incluso “presiones”) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos”.

Todo ello, dice el juez, con “el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros –implante de pelos o viajes a Turquía…- a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros, de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”.