El pasado 27 de febrero la Audiencia Nacional condenó por fraude de subvenciones y falsedad documental de fondos europeos a dos altos cargos de la Cámara de Comercio de Toledo: Joaquín Echeverría, director gerente, y Fernando Sánchez-Beato, secretario general, fueron declarados culpables –después de que ambos llegasen a un acuerdo con la Fiscalía Europea, que consigue así su primera condena en España– por presentar documentos inveraces para justificar ayudas de la Unión Europea y obtener "un ilícito beneficio empresarial", según recoge la sentencia adelantada por el diario El País.

La Justicia ha declarado probado que los dos altos cargos de la Cámara de Comercio de Toledo presentaron una documentación "que no se correspondía con la realidad" para justificar el uso de 800.000 euros de fondos comunitarios. De esta manera, tanto Echeverría como Sánchez-Beato incluyeron "horas no respaldadas por documento alguno", además de repartir una misma actividad laboral a "varias personas simultáneamente", según la sentencia de la Audiencia Nacional.

La sentencia es firme y condena a los dos altos cargos a una multa de 30.000 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de 10 días de privación de libertad, así como de la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de prestaciones o incentivos fiscales o Seguridad Social durante dos meses.

Pese a que ha pasado casi un mes, Joaquín Echeverría y Fernando Sánchez-Beato siguen ocupando sus puestos en la Cámara de Comercio de Toledo. Es más, el organismo ha emitido un comunicado en el que defiende a sus dos altos cargos: "Los hechos juzgados derivan de un expediente de justificación de subvención de un proyecto que se ejecutó cumpliendo todos los requisitos establecidos y alcanzando los resultados y objetivos previstos. En dicha justificación se presentaron documentos en los que se realizaban estimaciones sobre la dedicación del personal al proyecto y que, a juicio de los auditores, se consideraron excesivas. En ningún caso, se ha producido un enriquecimiento personal por parte de los responsables".

Según la legislación española, las Cámaras de Comercio son una "corporación de derecho público". En el caso de la de Toledo, es la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha quién ejerce la "tutela" sobre ella. Pero de momento la Junta de Castilla-La Mancha se lava las manos: fuentes de la Consejería de Economía castellanomanchega han asegurado al medio encastillalamancha.es que quien tiene que pronunciarse sobre este caso "es la Cámara de Comercio de Toledo".