La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha comenzado a sancionar a los hoteles que acogen a los migrantes llegados a la isla tras el ultimátum que envió al Ministerio de Migraciones para que reubicara a estas personas antes de fin de año.

Según adelanta la cadena SER, el Ayuntamiento ha empezado a denunciar a los alojamientos turísticos en los que duermen menores no acompañados. 

La alcaldesa se acoge a la caída del turismo. Un hecho que atribuye a los migrantes que están durmiendo en algunos hoteles y no a que la mayor parte de Europa mantenga cerrada sus fronteras por la pandemia. 

Lo que en principio era un amenaza ha obtenido el rechazo del presiente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al estimar que no caben exigencias de este tipo ante la "situación dramática" que entraña la actual crisis migratoria.

El Ayuntamiento de Mogán que se encuentra en el sur de Gran Canaria, donde se ubica el muelle de Arguineguín, había instado al Ministerio de Migraciones a reubicar en recursos humanitarios del Estado a las 3.471 personas migrantes que aloja en diez hoteles del municipio antes de fin de año o, asegura, sancionará con entre 30.000 y 300.000 euros a los establecimientos que cedan sus locales para fines humanitarios.

Entre las personas migrantes ubicadas en hoteles, se encuentran 496 menores no acompañados y un grupo de 90 personas que han dado positivo en covid-19, a los que se suman otros 2.500 llegados en patera que están acogidos en cuatro hoteles de San Bartolomé de Tirajana y entre los que no hay positivos, según ha informado su edil de Turismo, Alejandro Marichal (CC).

Torres ha pedido este viernes que se haga "un poco de historia" y se recuerde que durante el confinamiento al que llevó el estado de alarma decretado desde marzo en España, período en el que siguieron llegando pateras desde África, el Gobierno canario cedió colegios y albergues propios para que fueran utilizados para dar cobijo a las personas que arribaban a las costas de las islas en barquillas.

Sin embargo, para la alcaldesa "la solidaridad como negocio tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2020, porque el Gobierno tiene que actuar". Si bien, el concejal de San Bartolomé de Tirajana ha precisado que no apoya el ultimátum que anunció este jueves Bueno, ya que su municipio opta por dar unos días al Gobierno para que desaloje los establecimientos vacacionales que ocupa y ha avisado de que si eso no ocurre, el Consistorio se verá obligado a "valorar todas las opciones legales posibles" para recuperarlos.

Repunte migratorio en Canarias

Por su parte, el presiente de Canarias recuerda que con la llegada de la nueva normalidad el Ejecutivo regional tuvo que recuperar los espacios que había cedido para ayudar a absorber el repunte migratorio que afecta este año a las islas.

Fue entonces cuando se produjo "el colapso", dadas las carencias que presenta la red estatal de acogida humanitaria en el archipiélago, que quedó desmantelada tras la crisis de los cayucos de 2006-2007.

Por ese motivo, el Ministerio de Migraciones tuvo que recurrir a firmar contratos con establecimientos turísticos de las islas que tuvieron que suspender su actividad por el cierre de fronteras decretado para tratar de evitar la propagación de la pandemia en el archipiélago.

"La respuesta del sector empresarial entonces fue ejemplar, en el sentido de que reconoció la emergencia y urgencia de la medida, del mismo modo que expuso que debía ser temporal porque los espacios alojativos tienen otro fin, albergar turistas", ha resaltado el presidente canario.

Esos contratos expiran el 31 de diciembre y la intención de Migraciones es que las personas acogidas en esos hoteles estén por entonces "en otros espacios, que es lo que debe ser", ha aseverado Torres en referencia al plan presentado hace días en Las Palmas de Gran Canaria por el ministro José Luis Escrivá y que prevé realojar en breve en campamentos a los 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles para, posteriormente, albergarlos en otras 7.000 plazas habilitadas en inmuebles cedidos por Defensa, Bankia y algunas corporaciones locales.

"Eso es lo que están pidiendo los empresarios, a los que agradezco la colaboración que han tenido. Lo que me parece es que no se puede decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si finalmente es el cinco de enero, ¿qué hacemos con esas personas, las mandamos a la calle?", ha aseverado.

El titular del Gobierno canario también ha aludido a la petición que ha formulado el Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que "cierre de inmediato" el campamento instalado desde el pasado mes de agosto en el muelle grancanario de Arguineguín, donde este viernes han amanecido 736 personas, según la Delegación del Gobierno en Canarias.

Torres ha informado de que tiene previsto reunirse con el titular en funciones del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien visitará Canarias la próxima semana, y ha recalcado que el Ejecutivo que preside ya había pedido con anterioridad al Gobierno español el cierre de este campamento.