Se las llama crisis migratorias, pero quizás fuera más adecuado hablar de dejadez, de falta de previsión ante situaciones que se repiten punto por punto con la única diferencia del tiempo y del lugar.

La que ahora vive Canarias es, en realidad, la misma crisis que atravesó el sur de la península en 2018. Es solo un desplazamiento de esta hacia una ruta más larga, más peligrosa y mortífera; un traslado hacia un territorio más pequeño, más alejado y con menos recursos para hacerle frente de una manera respetuosa con los derechos humanos.

Dentro de estas crisis siempre hay subcategorías que van aflorando. La de los menores que migran solos —sin compañía de padres, madres o adultos de referencia— es una de las más preocupantes. Son niños, aunque las instituciones eviten verbalizar esta realidad bajo el acrónimo Mena (menores extranjeros no acompañados).

Las islas acogen y tutelan a 2.065 menores migrantes, según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno Canario. En enero solo acogían a 540, es decir, que el número se ha multiplicado casi cuatro en apenas diez meses, desbordando el sistema insular de protección de la infancia.

La tutela de estos menores es la única competencia migratoria que recae sobre Gobierno canario, que se reconoce sobrepasado ante una situación que no tiene precedentes, explicaba este miércoles en el Pleno del Parlamento regional la consejera Noemí Santana (Podemos). Ni durante la llamada crisis de los cayucos de 2006 llegaron tantos menores no acompañados a las islas.

Por esta razón y ante un escenario que prevé más llegadas, el Ejecutivo urge no solo al traslado a la península de los migrantes sino también de estos menores, apelando a la "solidaridad interterritorial" para proteger los derechos de la infancia.

Santana ha explicado que han tenido que recurrir a apartamentos turísticos para alojar a 455 menores, ya que la red de centros de menores de los Cabildos (que detenta la guarda de estos menores) se quedaron pequeños hace meses. Tampoco son ya suficientes las plazas en "dispositivos de emergencia" que la Consejería ha improvisado durante el año. Según sus datos, se han acondicionado 21 de estos dispositivos en instalaciones alquiladas o cedidas por ayuntamientos: 11 en Gran Canaria, siete en Tenerife, dos de Fuerteventura y uno La Gomera. Todos, subrayan a Público fuentes de la Consejería, con fondos propios del Gobierno canario. Santana también criticó en el Pleno el desmantelamiento de las instalaciones con las que se hizo frente a a crisis migratoria de hace 15 años. Tal vez, dijo con ironía, "pensaron que Canarias había cambiado de ubicación geográfica".

Por eso, el Ejecutivo insular ha pedido ayuda a Madrid y a Bruselas "para seguir dando una acogida digna" a los menores mientras hace un llamamiento a otras comunidades autónomas para que acojan a una parte de los que van llegando.

Mismo escenario sin soluciones

El escenario es muy parecido al que se vivía en octubre de 2018, año de récord de llegadas de pateras a las costas andaluzas y, por consiguiente, de llegada de menores no acompañados. Entonces las regiones que pedían "solidaridad" en la acogida, fondos adecuados y un protocolo estatal marco eran sobre todo Andalucía, Melilla y Catalunya.

La solución que el Gobierno central puso sobre la mesa fue una partida extraordinaria de 40 millones de euros mientras que la cifra de menores que otras comunidades se ofrecieron a tutelar para aliviar la situación en Andalucía no llegó a los 120. Quedó pendiente la mejora del efímero Protocolo Marco de actuaciones sobre menores extranjeros no acompañados, que data de 2014 y que el Gobierno se comprometió a modificar.

Diez millones extra para Canarias

En esta ocasión, el Gobierno central, a través de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunció un fondo extraordinario de diez millones de euros para financiar gastos derivados de la atención y acogida de menores no acompañados en las islas que llegará antes de fin de año. Canarias ha hecho "un esfuerzo extraordinario para ofrecerles una acogida digna, enfrentándose ya a graves dificultades para abordar esta situación en solitario, por lo que hemos acordado actuar de forma urgente", aseguró el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Unidas Podemos).

Sin embargo, lamentan fuentes de la Consejería canaria de Derechos Sociales, todavía no tienen noticias de los fondos de emergencia europeos que han solicitado y que contribuyeron a dar acogida digna a los menores que llegaron durante la crisis de los cayucos de hace 15 años.

También recuerdan que sigue pendiente la concreción de un reparto solidario de la acogida entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo central también ha comprometido a trasladar a las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la necesidad de un reparto equitativo de estos menores. Pero "falta un protocolo articulado para estas situaciones y todo depende de la voluntariedad de las regiones", asumen fuentes de la Consejería canaria.

Durante la crisis de 2006, varios centenares de menores migrantes fueron acogidos por otras regiones, pero "somos conscientes de que la crisis sanitaria y económica de la pandemia hacen que la situación no sea la misma y todo sea más difícil", apuntan. A pesar de que autonomías de como Euskadi, Extremadura, Castilla y León y la ciudad de Barcelona se han ofrecido a ayudar a Canarias en esta obligación, hasta antes de final de año no creen que se pueda hablar de cifras definitivas que, según la consejería, estarán entorno a un centenar de traslados.

El pasado año, Unicef denunció el creciente vacío del sistema de protección de los menores migrantes y hacía un llamamiento para la elaboración de un Plan Nacional de Acción que diera respuesta a un fenómeno que ya es estructural. Este mismo organismo de la ONU ha insistido recientemente en que la situación apenas ha mejorado a nivel nacional.