El comisionista Alberto Luceño ha negado en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción 47 de Madrid que haya cometido un delito de alzamiento de bienes y ha asegurado que seguirá aportando dinero hasta alcanzar la cantidad que se le exige como fianza por su posible responsabilidad civil valorada en 5.567.725 euros. Es la cuantía que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción obtuvo con las comisiones por los contratos entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa malasia Leno para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia. 

En el escrito al que ha tenido acceso Público, Luceño detalla todos los gastos personales y profesionales comprometidos antes de que el comisionista conociera que debía cumplir con sus responsabilidades civiles y otros relacionados con el devenir del "día a día familiar desde hace dos años" y otras cuestiones empresariales para justificar que no ha cometido tal delito.

Entre estos gastos están el pago de la cuota de autónomo, el arrendamiento de una oficina y varias plazas de garaje y el pago de facturas que van desde los recibos de suministros como pueden ser el agua y la electricidad hasta la tarifa de móvil e internet. Además, alega que tiene que hacer frente a otras cuestiones cotidianas: las referentes a la educación de sus hijos, como el pago de la cuota de una universidad privada y el abono de tasas de colegios y asociaciones profesionales.

El juez Adolfo Carretero ya embargó hace unos días a Luceño tres cuentas corrientes, con 1.365, 119.397 y 8.377 euros y cinco tarjetas Visa Oro vinculadas a ellas; otras dos tarjetas de la cuenta bancaria de la mercantil Takamaka Invest, SL, a la que Luceño traspasó el dinero de las comisiones; y el piso en la urbanización Somasaguas Club, de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, por el que pagó 1.107.400 euros nada más llenar sus cuentas con el dinero de las comisiones.

Sin embargo, el valor de estos bienes suma una cuantía inferior a los cinco millones y medio de euros que Anticorrupción estima que se llevó en comisiones. Por esta razón, a cusa de la "insuficiencia de los bienes embargados", el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado este viernes al magistrado que reclame al cabecilla de la trama de las mascarillas la fianza correspondiente hasta alcanzar la cantidad de 6.191.127 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer. 

La petición del Consistorio madrileño llega después de que el magistrado pidiera a las partes personadas en la causa que propusieran nuevas medidas económicas contra Luceño, como ya hicieron con el otro investigado, Luis Medina, al que sólo se ha podido embargar de momento la embarcación que adquirió con su millón de la comisión y 247 euros de una cuenta corriente.