Esperanza Aguirre, expresidenta de la comunidad de Madrid, no recuerda nada de nada sobre el proyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Aquel proyecto le costó a las arcas públicas madrileñas 355 millones de euros. Aguirre ha declarado como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades de la empresa gestora del Campus de la Justicia al adjudicar contratos y que tiene como principal acusado al exvicepresidente Alfredo Prada, para el que la Fiscalía reclama ocho años de cárcel.

A guisa de coartada, Aguirre ha dicho que la idea de construir el Campus de la Justicia de Madrid en 2005 "contaba con muchos apoyos en el mundo de la justicia" y ha incluido entre ellos al que fuera entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional. 

"Cuando pusimos la primera piedra, en la foto estaba todo el mundo de la Justicia madrileña y nacional. O sea, que es que era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre, como creo que se dice por ahí. Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia", se ha defendido Aguirre.

Además, Aguirre ha señalado que también el ministro de Justicia del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que el Campus de la Justicia era algo que había que hacer.

La expresidenta madrileña ha argumentado que convenía que todas las sedes judiciales estuvieran agrupadas, para volver a insistir en que "todo el mundo, los partidos y los números unos de las judicaturas, estaban de acuerdo".

Preguntada por si era viable el proyecto -se paralizó y abandonó en 2009 tras gastarse 355 millones de euros-, Aguirre ha manifestado que la Comunidad de Madrid no tenía dinero para llevarlo a cabo y que la regla era que no se podía gastar más de lo que se ingresaba, pero que surgió una oportunidad al lograr la cesión de unos terrenos "muy grandes" en la zona de Valdebebas por los que no tenían que pagar.

La exdirigente ha señalado que la Comunidad pagaba "mucho" en alquileres -"era un momento de 'boom' inmobiliario"- por las sedes judiciales ubicadas en la capital, dinero que se ahorraría una vez construido el Campus de la Justicia.

Aguirre, que ha declarado que las cuentas de la empresa pública se aprobaron sin apreciar ningún tipo de irregularidad entre 2005 y 2008, ha expuesto que decidió paralizar el proyecto en 2009 debido al estallido de la crisis económica, que lo convirtió en "imposible", y no porque sospechara de la gestión de Prada al frente del Campus.

La expresidenta ha subrayado que la decisión de frenar la construcción del Campus fue, por tanto, "puramente económica", porque había que recortar el presupuesto. "Y como habíamos pensado que esto no iba a costar y nos encontramos con que sí iba a costar, y mucho, pensamos en un frenazo temporal para luego retomarlo", ha apostillado Aguirre, añadiendo que la gravedad de la crisis impidió reanudar el proyecto.