“Son políticos haciendo política". La frase del letrado que defiende al expresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, es una de las que resumen a la perfección las tesis que este martes exponen ante el Tribunal Supremo las defensas de los 18 acusados en la causa del Procés catalán. Otra de ellas, también expuesta por este abogado, es que este caso se construye sobre "un relato de ideología" promovido por la Fiscalía, que habría apelado al "argumento sentimental" para lograr que esta causa sea juzgada por el Alto Tribunal. 

Así, Andreu van den Eynde ha dado el pistoletazo de salida a la intervención de las defensas negando que, en el marco de los hechos que van a ser juzgados, se haya producido violencia, y denunciando la "violación de derechos fundamentales", de "proceso político y de causa general" que, a su juicio, han sufrido los acusados.

"Cualquier investigación ha sido mas profunda que la de nuestra causa", afirmaba el letrado, insistiendo en que nunca había estado “más convencido” que en esta causa, en la que la técnica "se ha retorcido" y "pervertido" para "un uso de persecución política". 

Este martes ha arrancado la vista por las cuestiones previas del caso del Procés, si bien el juicio no comenzará hasta el próximo año. Desde las 10 de la mañana, la Sala de Plenos del Alto Tribunal acoge las distintas exposiciones sobre si el Supremo es competente o no, como mantienen las defensas, perfectamente sincronizadas, para juzgar al exvicepresidente Junqueras y a los otros 17 acusados, o si en su lugar corresponde hacerlo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al entender que todos los hechos que se juzgan tuvieron lugar en este territorio.

Y, si bien el letrado de Junqueras reconocía no haber depositado muchas esperanzas en un cambio de criterio del Supremo, también ha incidido en que hoy el Alto Tribunal tiene "una bonita oportunidad" de volver a la "senda reclamada durante mucho tiempo" por las defensas: "Un procedimiento con garantías". Minutos después, se expresaba de forma similar el abogado Jordi Pina, letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull: "Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. Tengo la sensación de que ya se ha tomado una decisión", apuntaba.

Así, el magistrado que fue el candidato pactado por PP y PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta su renuncia pública, Manuel Marchena, preside esta sala, en la que se sientan otros seis jueces. También están presentes los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox, pero no así los acusados. Estos se enfrentan a peticiones de pena de cárcel por los supuestos delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.

El precedente de Artur Mas por el 9-N

Además del letrado de Junqueras, Pina también se ha basado en el caso del expresident Artur Mas para cuestionar la competencia del Supremo para juzgar esta causa.

El expresident, cuya condena por la consulta del 9-N fue rebajada por el Alto Tribunal este lunes a un año y un mes de inhabilitación, fue juzgado por el TSJC: "Con Mas nadie nos planteamos que la competencia era del Tribunal Supremo", recordaba Pina. 

Además, el abogado del expresidente de ANC y los dos exconsellers -todos ellos en prisión preventiva y en huelga de hambre- insiste en que todos los hechos han tenido lugar en Catalunya. Según su relato, los únicos que transcurrieron en el extranjero, mencionados en el escrito de acusación de la Fiscalía, son "actos preparatorios", y no elementos integradores de los delitos de rebelión y sedición. Aquí incluye la compra de urnas, la confección de censos de votantes, el alquiler de locales en el extranjero para votar, la creación de páginas web o la contratación de observadores internacionales. 

La vulneración del derecho a la doble instancia

Como hiciera Pina, la letrada Olga Arderiu, responsable de la defensa de Carme Forcadell, presidenta del Parlament, ha criticado también que se esté vulnerando el derecho de los acusados a recurrir a una segunda instancia. Si el caso se juzgara en el TSJ de Catalunya, tendrían opción de recurrir ante el Supremo, recordaba. 

A su vez, la letrada Jutih Gené razonaba que el caso debería haberse juzgado en Catalunya, donde tuvieron lugar los hechos del tipo delictivo: "De haber existido un acto de rebelión, se habría producido en Catalunya. De haberse producido algún hecho susceptible de malversación, la decisión y el acuerdo se habría tomado en Catalunya", afirmaba la abogada de Ramona Barrufet, exintegrante de la Mesa de la cámara catalana.

(Habrá ampliación)