El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Richard de la Tour se ha manifestado este jueves a favor de la interpretación del Tribunal Supremo respecto a las euroórdenes y rechaza que Bélgica haya desestimado la entrega del exconseller de la Generalitat, Lluís Puig, por peligro de vulneración de sus derechos fundamentales.

De esta forma se ha pronunciado esta destacada figura jurídica de la justicia europea sobre las prejudiciales del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre las euroórdenes contra el expresidente Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes reclamados por la justicia española que residen en Bélgica.

Richard de la Tour considera que Bélgica no puede rechazar euroorden basándose en la presunción de vulneración de derechos fundamentales del Estado español si no demuestra deficiencias democráticas generalizadas que avalen esta tesis. El abogado general asegura que habría que probar "deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del estado miembro emisor", en este caso del Estado español.

El letrado considera que "no se dispone de datos que permitan demostrar, mediante una apreciación global basada en datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, que exista un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo". Y asegura que el rechazo de la euroórden sin "una comprobación en profundidad, por parte de la autoridad judicial de la ejecución -en este caso la justicia belga-, de la existencia de un riesgo de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo cuando no existen deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial de estado miembro emisor -en este caso el Estado español- no sería otra cosa que la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese estado miembro".

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también especifica que la regulación que rige en las euroórdenes no permite a la justicia belga -ni cualquiera que tenga que gestionar una petición de entrega de otro estado miembro- decidir si la autoridad judicial que la emite es competente. La justicia belga había considerado que el Tribunal Supremo español no era la instancia competente para emitir la euroorden ya que se vulneraba la competencia del juez natural al ser una instancia judicial superior y no un juzgado de Catalunya, lugar donde se produjeron los hechos encausados.

Finalmente, De la Tour especifica que a su parecer, Llarena puede volver a emitir una nueva euroorden contra la misma persona, en este caso Lluís Puig. y en el mismo país, es decir en Bélgica, a pesar de que la petición ya fue rechazada.

Revés para Puigdemont

El dictamen supone un revés importante para los equipos jurídicos de Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes residentes en Bélgica y encausados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O. Aunque cuando llegue la sentencia definitiva del TJUE -si sigue los pasos del abogado general- tendría una consecuencia relativa y centrada en Lluís Puig, ya que a pesar de que Llarena pueda emitir las euroórdenes Puigdemont y los otros dos eurodiputados demandados mantienen de momento la inmunidad como europarlamentarios.

De momento, se trata de una opinión que en ningún caso es vinculante para los magistrados, que deberán responder posteriormente de forma definitiva sobre las cuestiones planteadas por el juez del Supremo. Pero el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es habitualmente muy indicativo y coincidente con las sentencias que los jueces del TJUE suelen imponer.

La sentencia definitiva no tiene una fecha fijada pero se espera que se resuelva antes de fin de año. El veredicto del TJUE será la respuesta al juez Llarena sobre sus consultas en la aplicación de las euroórdenes y debería marcar la actuación del magistrado del Tribunal Supremo español.

El proceso, que este jueves ha dado un paso importante, se generó ante la negativa de Bélgica a entregar a los encausados por el referéndum del 1-O que Llarena reclamaba en sus euroórdenes. Concretamente se encuentran en esta situación en Bélgica el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí. La situación de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel es diferente ya que residen en Suiza que no es territorio de la UE y por tanto las euroórdenes no tiene vigencia y dependent de un proceso de extradición bilateral tradicional.

La justicia belga alegó riesgo de vulneración de derechos fundamentales de los políticos catalanes reclamados por la justicia española en el primer caso planteado que fue el de Lluís Puig -las euroórdenes contra Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí quedaron paralizadas tras ocupar su escaño como eurodiputados a principios del 2020. Una argumentación que el abogado general del TJUE acaba de desestimar a la espera de que se pronuncien los magistrados.

Ante esta decisión el juez Llarena trasladó sus dudas –hasta siete preguntas- al TJUE sobre la interpretación que realizan los magistrados belgas de la normativa que regula las euroórdenes.

El caso del tribunal de Luxemburgo es una pieza importante del proceso judicial por la demanda de extradición de Puigdemont, pero son Bélgica e Italia quienes tendrán la última palabra. Por el momento, ambos países mantienen paralizado el proceso a la espera de que Luxemburgo también decida sobre el caso de la inmunidad de Puigdemont y los otros tres eurodiputados. Lluís Puig queda al margen de esta cuestión. Ninguno de los dos países se ha pronunciado todavía sobre si se le puede extraditar por el delito de sedición.