10.853,64 euros. Esa es la cuantía media que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social abonó a cada trabajador que entre noviembre de 2008 y septiembre de 2013 regresó a su país de origen. En dicho período, el departamento que ahora dirige Fátima Báñez destinó un total de casi 295 millones de euros a las prestaciones por desempleo de 27.113  extranjeros extracomunitarios retornados.

Según una respuesta del Gobierno a una pregunta presentada en el Congreso por el diputado de ERC Joan Tardà, los Programas de retorno voluntario asistido son desarrollados por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Secretaría General de Inmigración y Emigración. El SEPE gestiona 'el abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores nacionales de terceros países que retornen voluntariamente a sus países de procedencia'. Inmigración, por su parte, gestiona programas destinados a 'ayudas de viaje y reintegración concedidas a extranjeros en situación de vulnerabilidad que desean retornar'. 

Según el RD 1800/2008, en lo que respecta a la protección por desempleo 'se viene aplicando la modalidad de pago anticipado y acumulado de la prestación por desempleo de nivel contributivo'. Esta medida es la que se ha aplicado a los 27.113 trabajadores desempleados que eran extranjeros retornados no pertenecientes a la UE. 'La cuantía media abonada a cada trabajadore es de 10.853,64 euros', especifica la respuesta del Ejecutivo.

Asimismo, en el documento se especifica que el mayor número de trabajadores retornados han salido, principalmente, de Madrid (7.488), Catalunya (5.243) y el País Valencià (2.459). En cuanto a su lugar de procedencia —es decir, el país al que regresaron—, la mayoría pertenece a Ecuador (10.451), Colombia (4.306) y Perú (3.237). 'El importe total de las prestaciones por desempleo abonadas para facilitar el retorno asciende a 294.470.012,47 euros', detalla el documento. 

Son organizaciones sin ánimo de lucro quienes reciben las solicitudes de los inmigrantes que desean retornar, así como las subvenciones de Empleo, que las organiza en torno a tres tipos de programa elaborados por la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dos de ellos responden a programas de retorno voluntario —uno de atención social; otro, productivo— y unas ayudas complementarias al programa APRE.

El primero de ellos (Retorno Voluntario de Atención Social) está dirigido a extranjeros en situación de vulnerabilidad social. El segundo (Retorno Voluntario Productivo), a aquellos que deseen emprender un proyecto empresarial en su país de origen, asociado al retorno. Por último, el APRE tiene como objetivo 'proporcionar asistencia a aquellos extranjeros nacionales de terceros países en condición de mayor vulnerabilidad que tengan reconocido por el SEPE el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo de forma anticipada y acumulada (APRE). Todos ellos incluyen servicios informativos, apoyo individual y familiar en el itinerario de retorno, apoyo psicológico, pago de billetes, gastos imprevistos y ayudas económicas para la reinstalación en el país de origen, entre otras prestaciones.

Según la respuesta del Gobierno registrada en el Congreso el pasado 4 de marzo, la demanda de ayudas para el retorno voluntario 'se ha mantenido constante durantes los últimos cinco años, existiendo siempres listas de espera de personas extranjeras con el deseo de retornar a sus países de origen'.  En el caso de inmigrantes en situación irregular, el documento también aclara que los programas de retorno voluntario  son cofinanciados por el Fondo Europeo para el Retorno.