Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

En España estamos viviendo un proceso de contrarreforma sanitaria que se expresa fundamentalmente en 4 fenómenos: los recortes de los presupuestos sanitarios públicos que deterioran el Sistema Nacional de Salud, el cambio del modelo sanitario recogido en el RD Ley 16/2012, el establecimiento de copagos generalizados para acceder a muchas de las prestaciones asistenciales y un proceso de sistemática privatización del sistema sanitario público.

La privatización sanitaria que es la parte que mas ha llamado la atención de la opinión publica y la que ha logrado concitar un amplio rechazo social y profesional, en realidad es un fenómeno que viene de lejos. Nada menos que en 1990 (Seis años después de la Ley General de Sanidad) se aprueba la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña que permite la utilización de centros privados con financiación pública mediante la creación de la llamada XHUP (Red de hospitales de utilización Pública), y un año después aparece el Informe Abril que ya planteaba la mayoría de las medidas que ahora se están adoptando. Como estas propuestas generaron un amplio rechazo social, sindical y político, se opto por una estrategia menos visible y de mas lenta implantación (fundaciones sanitarias, primero en Galicia, luego en el resto del país, RD 10/96 y Ley 15/97, EBAs en 1996, el intento de convertir todos los hospitales públicos en fundaciones sanitarias en 1998, la puesta en marcha del modelo Alzira, las leyes autonómicas de ordenación sanitaria, la mayoría de ellas de 2001, los hospitales PFI de Madrid en 2007,etc). Solo ahora cuando se ha querido intensificar y profundizar las privatizaciones en Madrid es cuando se ha hecho visible esta 'larga marcha' hacia la privatización en nuestro país.

Los recortes presupuestarios de la Sanidad Pública ejercen un efecto complementario a la oleada privatizadora. Primero porque al deteriorar lo público favorecen el espacio para el sector privado y luego porque son los que permiten asumir los sobrecostes de las privatizaciones, que contra lo que dicen sus voceros, esta demostrado que incrementan el gasto en 6-8 veces respecto a la provisión pública.

En estas condiciones y si también conocemos que el sector privado ofrece una peor calidad de la prestación porque se interesa sobre todo por conseguir beneficios empresariales y no en resolver las necesidades de salud de la población, ¿Por qué entonces se produce esta ofensiva privatizadora?. Hay tres explicaciones básicas, por supuesto habrá mas, pero pienso que estas son las fundamentales:

Primero, responden a una ideología de fundamentalismo neoliberal, planteamiento que defiende de manera fanática que el mercado es el mejor sistema para la solución y provisión de todas las necesidades de la Humanidad y que por lo tanto plantea lo que se conoce como el 'estado mínimo', eliminado todos los sistemas públicos de provisión de servicios e incluso el control de las administraciones, la desregulación de la sociedad es su 'leit motiv'. Es la ideología defendida por Reagan y Thatcher en los años 70 del pasao siglo. Esta ideología se contrapone frontalmente a la del estado del bienestar y la concepción de que existen derechos fundamentales o básicos, como la salud, que deben de protegerse por encima de las contingencias personales-

Segundo, tiene que ver con los intereses de las empresas, de las grandes multinacionales, que han visto un nicho de negocios en la provisión de servicios públicos, especialmente en la Sanidad y que esperan conseguir beneficios a costa de los elevados presupuestos que se destinan a ellos (70.000 millones € anuales en el caso de la Sanidad en España). Estos potentes grupos de presión se han hecho presentes a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etc, y viene planteando y presionando para desmontar los servicios públicos de salud hace muchos años.

Por fin tenemos los intereses personales de los propios privatizadores que mientras privatizan la Sanidad Pública desde la Administración sanitaria buscan sus 'negocietes' en el sector privado. Hay muchos casos conocidos en Madrid y Cataluña, pero seguramente habrá muchos más.

Un aspecto menos visible de esta contrarreforma, pero probablemente el mas importante en el medio /largo plazo es el cambio de modelo sanitario que supone el RDLey 16/2012. En lo esencial se pasa de un modelo de Servicio Nacional de Salud, que era el que diseñaban la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública, en las que el derecho a la atención sanitaria se vinculaba con la ciudadanía o la residencia en España, a otro en que depende del hecho de que las personas estén o no aseguradas, y ese cambio que hasta el momento no ha tenido repercusiones para la mayoría de la población, salvo para los excluidos, es decir los inmigrantes irregulares y las personas con ingresos declarados mayores de 100.000 €, acabara desarrollandose (y lo hará por ordenes ministeriales sin que sea necesaria una ley) en una fragmentación del derecho a la atención sanitaria y de su provisión. Lo previsible es que se produzca una fragmentación en 3 grupos: el que tenga altos recursos, en un tope ira disminuyendo con el tiempo, tendrá que gestionarse un seguro privado con una cobertura de calidad variable según lo que este dispuesto a pagar; los asalariados continuaran cubiertos por la seguridad social, pero será un sistema deteriorado y de baja calidad, y el resto de la población volverá a quedar en manos de la beneficencia.

La revisión de cartera básica (excluyendo prestaciones ahora gratuitas que pasarían al copago) y los copagos generalizados (en farmacia, transporte, dietas, prótesis y ortesis) cierran el circulo. Se aumenta la financiación privada y se favorece de paso a los seguros sanitarios privados. Pero estos copagos son terribles para grupos de población concretos que pueden identificarse: las mujeres mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas y/o discapacidades, las que tienen rentas bajas y las que viven en el área rural. Si en alguna persona, son muchas, coinciden varias de estas condiciones se quedaran fuera del derecho real a la atención sanitaria, según los cálculos de la FADSP estamos hablando de mas de seis millones de españoles. Un desastre sanitario y social.

Necesitamos oponernos a esta política inhumana y cruel y para ello exigir: Un sistema sanitario de cobertura universal basado en la solidaridad (donde las personas mas sanas y con mas recursos contribuyen a favor de las mas enfermas y con menos ingresos), una financiación suficiente y finalista, un sistema de gestión pública que anteponga el derecho a la salud a los beneficios empresariales (lo que por supuesto precisa de la recuperación por parte de la Sanidad Pública de los centros ya privatizados), un sistema que pivote sobre la atención primaria de salud como el mecanismo mas eficaz, eficiente y accesible para resolver los problemas de salud de población y por fin un sistema que cuente con la participación efectiva de profesionales y ciudadanos en el control y la gestión de un sistema sanitario que les pertenece porque lo pagamos entre todos y es el resultado de años de trabajo y esfuerzo de la ciudadanía.

Por todo ello merece la pena luchar porque no solo esta en cuestión el sistema sanitario, la salud de la población, sino también el país que queremos para nosotros y para nuestros hijos.