Un mes y 11 días. Es el tiempo que lleva la madre de la niña de diez años de Pontevedra sin ver a su hija. Cada día se pregunta cuándo podrá hablar con ella. La menor se encuentra en un centro de menores bajo la tutela de la Xunta de Galicia. El ingreso se estableció de manera cautelar por un juzgado de Marín hasta que se resolviese la custodia compartida. 

La madre denuncia que cuando preguntó por la niña al personal técnico de menores de la Xunta recibió comentarios del tipo "la niña no pregunta por su madre" o "está mejor ahora sin ella". Esta actitud se suma al tiempo que lleva sin poder comunicarse con su hija.

“Tortura institucional”

"La madre de la menor lleva 42 días sin saber nada de su hija, aislada respecto a cualquier tipo de contacto físico, telefónico o postal; aumentando así de modo doloso y consciente el daño emocional y afectivo no solo de la madre, sino también de la hija", explican fuentes cercanas a la madre de la niña.

Dichas fuentes tachan de "tortura institucional" la medida cautelar. Además, aseguran que las "manifestaciones por parte del personal de menores" empeoran la situación. "Demuestra un grado de tortura emocional que no se merece, por parte de instituciones de esta naturaleza, una madre cuya única culpa es haber dado prioridad a la educación y cuidados de su hija, antes que atender a su propia vida personal y social. La violencia institucional es palpable y manifiesta", expresan.

En octubre de 2023, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marín estableció un régimen de custodia compartida después de que la niña hubiera estado cinco años al cuidado exclusivo de la madre. La mujer explicó que "la menor no convive con su progenitor desde los cuatro años y el contacto que ha tenido con él desde entonces ha sido muy esporádico, primero, por su falta de interés y, después, por la negativa de la menor a relacionarse con él".

Informes psicosociales que culpan a la madre

A partir de aquella decisión judicial se inician los intercambios en el Punto de Encuentro Familiar de Pontevedra. La niña se negó a ver a su padre varias veces. Después de aquellas negativas, el equipo psicosocial dio por imposible cumplir con la custodia compartida,  elaboró un informe en el que culpaba a la madre de la actitud de la niña y pidió la guardia para el padre.  

No era el primer informe que remarcaba el comportamiento materno. El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) elaboró un primer documento en el que aludía a la "manipulación" de la madre. Con todo, las peritos pedían una custodia compartida porque reconocían la necesidad de mantener el vínculo materno por el bien de la niña.

Es con el segundo informe cuando la Fiscalía solicita "confiar temporalmente la custodia de la menor a la entidad pública de protección de menores de la Xunta de Galicia". Entidad que, contactada por este medio, ha asegurado que el personal técnico del servicio "exclusivamente está cumpliendo la sentencia judicial que viene del juzgado de Marín". Se desconoce el paradero exacto de la pequeña o su estado psicoemocional.

De hecho, el juzgado tomó la decisión de trasladarla al centro para "pautarle un tratamiento o terapia adecuado para normalizar la relación paternofilial". El tribunal pautó la incomunicación total con la madre para un plazo mínimo de tres semanas. Pero el proceso se ha alargado tras la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra que devuelve la batuta al juzgado de Marín.

"En base al presunto Síndrome de Alienación Parental se pretende justificar el alejamiento de los hijos de sus madres en beneficio de unos padres que nunca han tenido contacto con ellos, que no han pagado correctamente las pensiones, que no se han preocupado a nivel académico, médico, social ni mucho menos afectivo", aseguran fuentes del entorno de la progenitora.

Manifestaciones contra la aplicación del SAP

El caso de esta mujer de Pontevedra y su hija no es el primero en la provincia. Otro tribunal de Cambados revocó la custodia y la patria potestad de dos hijos de siete y diez años a su madre, basándose en la errónea aplicación del Síndrome de Alienación Parental. También aquí entraron en escena los informes del Imelga, que cuestionan el comportamiento materno.

El pasado marzo y ante la inminente respuesta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, las organizaciones feministas gallegas lideradas por el Colectivo Feminista de Pontevedra, se manifestaron para reclamar el fin de la aplicación del SAP en los juicios de familia en la región.

"Lo que está pasando en la provincia de Pontevedra es la tónica general que están llevando a cabo los jueces y equipos psicosociales en los distintos puntos del país sin tener en cuenta la opinión manifestada de niños y niñas", explicó a este medio la Rede Galega por la Igualdade (REGAI), asociación que apoyó la convocatoria y que sigue de cerca el caso.