Las organizaciones feministas Plataforma Impacto de Género Ya y Plataforma Feminista ante los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid interpusieron este martes una queja formal ante el Defensor del Pueblo. El motivo: la alarmante situación que enfrentan los servicios de atención a víctimas de violencia de género en la capital, gestionados por la Red de Atención a la Violencia de Género (SAVG), a cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP).

Desde hace cuatro años, la demanda de asistencia a estos servicios especializados ha experimentado un aumento considerable. Sin embargo, los recursos disponibles y el número de profesionales no han crecido de manera proporcional. Este desfase ha generado una saturación que impacta directamente en la calidad y accesibilidad de los servicios, comprometiendo los derechos fundamentales de las víctimas, tal como lo establece la legislación vigente.

A pesar de recibir financiación directa tanto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como de la Comunidad de Madrid, los fondos asignados no se han traducido en mejoras significativas en los servicios. Esta falta de adecuación ha llevado a una situación crítica, donde las mujeres y sus hijos se enfrentan a una oferta insuficiente y a condiciones que ponen en riesgo su seguridad y bienestar.

La precariedad laboral del personal encargado de estos servicios es otro de los puntos álgidos señalados. A pesar del aumento en la demanda de atención, las condiciones laborales de los trabajadores no han mejorado en años, lo que ha contribuido a una alta rotación de personal. Esta inestabilidad laboral impacta negativamente en la continuidad y calidad de la atención prestada a las usuarias.

La saturación de los servicios de emergencia representa otra consecuencia directa de la falta de inversión y planificación adecuada. Las largas listas de espera para recibir atención inicial y acceder a recursos habitacionales de emergencia han aumentado el riesgo para las víctimas, dificultando su proceso de recuperación y salida de situaciones de violencia.

Ante esta situación, las organizaciones han presentado una serie de recomendaciones al Defensor del Pueblo, instando al Ayuntamiento de Madrid a cumplir con su obligación legal de garantizar servicios de calidad y accesibilidad. Entre las medidas propuestas se incluye el incremento urgente de plazas y profesionales, la revisión de requisitos de acceso para mejorar la accesibilidad, y la mejora de infraestructuras para proteger la intimidad de las víctimas y evitar su revictimización.